El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió absolver al exjefe comunal por falta de pruebas suficientes. En la misma causa, el oficial Mauro Rodríguez fue condenado a tres años de prisión condicional.
Tras varias jornadas de debate, el exintendente de Morillo, Atta Gerala, fue absuelto de todos los cargos en su contra, tras conocerse el veredicto que dictó este miércoles el Tribunal Oral Federal N°2.
La audiencia comenzó a las 14.30 con la instancia de últimas palabras, en la que tanto Gerala como el oficial subayudante Mauro Rodríguez optaron por no declarar antes de la deliberación del tribunal integrado por los jueces Domingo Batule (presidente), Gabriela Catalano y Diego Matteucci.
Gerala había llegado a juicio acusado de contrabando de mercadería triplemente agravado -por la cantidad de intervinientes, su condición de funcionario público y el valor de lo transportado-, además de robo agravado y malversación de caudales públicos. Sin embargo, tras poco más de media hora de deliberación y una extensa lectura de fundamentos que se extendió por más de tres horas, el tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.
En su argumentación, los jueces reconocieron el trabajo de la fiscalía en la recolección de evidencias, pero consideraron que las pruebas presentadas no lograron quebrar el principio de inocencia del exintendente, al carecer de contundencia directa para acreditar su participación en los hechos investigados.
El policía, culpable
Distinta fue la situación del oficial subayudante Mauro Rodríguez, quien sí fue hallado culpable del delito de cohecho pasivo. Según se expuso durante el juicio, existían evidencias directas de su participación, entre ellas comunicaciones con José Miguel Gerala -hijo del exintendente- en las que se hacía referencia a la liberación de zona para el paso de camiones con rieles en el paraje Pluma de Pato, donde el policía se desempeñaba como jefe del destacamento.
A partir de la declaración de culpabilidad, se desarrolló el juicio de determinación de pena. El fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar Roxana Gual solicitaron una condena de tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y reglas de conducta.
Finalmente, el tribunal hizo lugar al pedido de la fiscalía y condenó a Rodríguez a tres años de prisión condicional, sumado a la inhabilitación perpetua para la función pública. Además, le impuso la prohibición de circular o residir en el departamento Rivadavia Banda Norte, especialmente en la zona de Pluma de Pato, en virtud de las amenazas denunciadas por pobladores del lugar, en su mayoría integrantes de comunidades originarias. /eltribuno.com
