(Por: Rubén Lasagno) – Por muchísimo menos, cualquier ciudadano común sin poder político, ni influencia, ni dinero, estaría preso de por vida. Por mucho más, acusada y probado técnica y jurídicamente que Cristina Fernández se robó un país entero, sigue caminando, dedicada a la política, hablando como si fuera una víctima y haciéndose la perseguida, cuando en realidad quien la persigue es la justicia con el código penal, por lo delitos que cometió durante la función pública, mientras ejercía la máxima autoridad del país.
Un primer Tribunal la juzgó con todas las pruebas a la vista, pero le hicieron precio. En vez de condenarla por “Asociación ilícita”, como pidió el Fiscal, con una pena del doble de lo que le dieron, la condenaron por “Administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, una falacia edulcorada que guarda el Código y usan los jueces, para reducir los costos a un chorro de guante blanco, o en este caso, una chorra. Luego le adosan “Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, pero el camino que le dan para transitar es tan largo, que probablemente pueda seguir siendo candidato hasta que muera y aún no hayan hecho efectiva la condena o la misma haya expirado.
Entonces, la gente de bien, la que labura aporta y vota, esperaba que esta especie abyecta de políticos ladrones, dentro de la cual está la viuda de Kirchner, tenga al menos un “castigo simbólico”, con la imposibilidad de acceder a otro cargo públicos, pero no.
La ley, siempre benigna para ellos, exige que otro Tribunal confirme el delito y la condena y una vez que eso sucede, como acaba de ocurrir hoy con la ex presidente, para que corra la inhabilitación total, ahora debe expedirse la Corte Suprema; es decir, que como allí los máximos jueces no tienen término, CFK puede seguir activa y con capacidad de daño, hasta el último día de su vida.
Lo insólitamente contradictorio es que, mientras Cristina Fernández está condenada por un doble Tribunal, una mujer probadamente corrupta y condenada en doble instancia por malversar fondos públicos, puede volver a presentarse para la presidencia (por ejemplo) y ocupar, nuevamente, el lugar público que usó en sus dos gestiones anteriores para robar fondos públicos, usando su posición de poder.
Para los políticos todo, para el ciudadano, ni agua
Contrariamente a la casta a la que le asisten todos los “derechos” habidos y por haber, cualquier ciudadano que desee sacar un simple carnet de conducir, tiene que demostrar que no debe un peso en impuestos y/o alimentos, porque la habilitación para manejar le es negada sin opción a reclamo.
Si cualquier ciudadano desea ingresar en un organismo públicos y más aún si estos lugares tienen relación con recaudación, aduana o fuerzas de seguridad, deben someterse (como corresponde) a un exhaustivo control donde están los medios lícitos de vida, la falta de antecedentes penales, certificado de buena conducta y libre de causas penales en curso, lo cual le asegura a ese organismo de no integrar un delincuente a la plantilla de empleados y esto está muy bien.
Para ser Presidente de la Nación, Gobernador, senador, diputado, intendente, concejal o funcionario del Estado, solo rige la condena confirmada. Puede ser el mayor delincuente, no simplemente sospechado, sino plenamente probado como en el caso de CFK y su banda, con hechos corroborados, documentados y condena con doble conforme y aún así, en el país se les permite volver al lugar donde delinquieron y seguir robándole a los argentinos, con total impunidad y complicidad de la política y la justicia nacional.
La inversión
Sin duda en la Argentina, la corrupción es una inversión. El kirchnerismo se robó no menos de un PBI en este país y absolutamente todos los imputados por ese delito, fueron condenados mínimamente y están todos libres.
Veamos: Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti todos fueron condenados en la Causa Vialidad con 6 años por el mismo delito.
Otros condenados fueron: Mauricio Collareda con 4 años, Raúl Daruich a 3 años y 6 meses, Raúl Pavesi condenado a 4 años y 6 meses, José Raúl Santibáñez también a 4 años y Juan Carlos Villafañe a 5 años, como los anteriores incluídos en la condena por administración fraudulenta. Y la misma justicia absolvió a Julio De Vido a Abel Fatala, Carlos Santiago Kirchner y a Héctor Garro, sin que los fiscales encuentren aún los motivos valederos de cómo estos últimos, implicados en todo el proceso acusatorio, pudieron ser absueltos.
Si tomamos en cuenta los montos de dineros que le han robado al país, las condenas resultan nimias y les asegura que una vez “cumplida” pueden salir a disfrutar del dinero mal habido, sin necesidad de esconderse ni de explicarle nada al fisco, que con ellos hacen “borrón y cuenta nueva”.
Nadie se pregunta cómo estos sujetos hacen para pagar sus defensas, con estudios que tiene un cachets multimillonario, con causas que duran años y viven en countrys, en mansiones (que les “prestan los amigos”), no trabajan y tienen un nivel de vida equivalente al de los narcos del Nordelta, hacen inversiones a través de testaferros (Estaciones de servicios, venta de autos, empresas de construcción que contratan con los gobiernos) y en muchos casos usan prestanombres para “recomprar” bienes (propiedades, casas, estancias, máquinas y vehículos) que remata la justicia a precio de liquidación.
Y como si fuera poco, ahora Lijo
Ahora se abre un interrogante en la Corte Suprema de Justicia. Sería de esperar que el máximo Tribunal se expidiera rápidamente y confirmara la condena para dejarla en firme, pero hay serias sospechas de que no será así.
El nombramiento de Ariel Lijo que impulsa Javier Milei con acuerdo de Cristina Fernández, podría ser la carta que están esperando desde el kirchnerismo para tratar de “limpiar” la ficha de la condenada y hacer caer la causa.
Claro, si esto sucede será el propio Javier Milei, la Libertad Avanza y Mauricio Macri con el PRO (en caso de darle vía libre) quienes sufrirán en las urnas, el costo de haberle tomado el pelo, una vez más, a todos los argentinos. (Agencia OPI Santa Cruz)
