Tres de los acusados son empleados de una empresa de transporte de cargas de la localidad jujeña de San Pedro que posee depósitos en el barrio porteño de Parque Patricios. El cuarto es familiar de su propietario. La investigación permitió establecer que la droga habría sido trasladada en un camión desde Orán hasta Pichanal, donde fue cargada en una camioneta que luego fue interceptada en un control en Yuto.
Cuatro personas fueron imputadas por el transporte de 106 kilos de cocaína, secuestrados en noviembre de 2025 en la localidad jujeña de Yuto. Tres de los acusados son empleados de una empresa de transporte de cargas con sede en la localidad de San Pedro, al sur de la provincia de Jujuy, y base operativa en el barrio porteño de Parque Patricios, mientras que el cuarto es familiar de su propietario.
La investigación está a cargo de la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero, del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos la Unidad Fiscal Jujuy, quienes formalizaron las imputaciones en dos audiencias. La primera se realizó el 17 de noviembre de 2025 ante el juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, quien declaró la legalidad de la detención de M.P. y N.J.M. y dio por formalizada la imputación por el delito de transporte de estupefacientes.
El magistrado dispuso para ambos la prisión preventiva por 111 días y fijó un plazo de investigación de 75 días hábiles. Además, autorizó la realización de peritajes sobre tres teléfonos celulares secuestrados y el levantamiento del secreto bancario y bursátil solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
El caso
En esa audiencia, la auxiliar fiscal explicó que las detenciones se produjeron durante la noche del 14 de noviembre de 2025, en un control de la Policía de Jujuy ubicado sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 1287, en el puesto fijo “Río Piedras”, en Yuto, departamento jujeño de Ledesma.
En ese lugar, los agentes detuvieron para su control una camioneta Toyota Hilux. Durante el procedimiento, observaron que sus dos ocupantes se mostraban nerviosos y advirtieron la presencia de tres bolsas de grandes dimensiones, anudadas con cinta adhesiva, en el asiento trasero.
Con la intervención judicial de la fiscalía, se procedió a la apertura de los bultos y se hallaron 102 paquetes que contenían cocaína, con un peso total de 106 kilos. También fueron secuestrados los teléfonos celulares que llevaban los ocupantes y un tercer aparato encontrado dentro del vehículo. A partir de las primeras diligencias, se estableció además que ambos eran empleados de una empresa de transporte de cargas radicada en San Pedro.
Posteriormente, las tareas investigativas, los peritajes realizados sobre los teléfonos y el aporte de dos testigos de identidad reservada permitieron identificar a otros dos hombres vinculados con la misma empresa, quienes habrían participado en el traslado de la droga.
A partir de esas evidencias, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó tareas de campo e inteligencia que derivaron en el pedido de múltiples allanamientos y las detenciones de dos nuevos implicados, H.C.R. y L.A.D. Las medidas fueron concretadas el 5 de septiembre pasado en la sede de la empresa, en las viviendas de los dos nuevos implicados, en una finca y en un inmueble destinado a la recepción de cargas ubicado en la provincia de Buenos Aires.
La ruta de la droga
Al fundamentar las medidas, la representante del MPF explicó que los dos testigos de identidad reservada señalaron que el traslado de la droga habría sido organizado a pedido de un familiar del propietario de la empresa. Según esa información, el hombre viajó a Orán junto con otro empleado de la firma, cruzó hacia Bolivia y luego coordinó el traslado del cargamento en un camión de la empresa hasta la ciudad salteña de Pichanal.
En esa localidad, el estupefaciente habría sido transferido a una camioneta que continuó el recorrido con los dos hombres que finalmente fueron detenidos en Yuto.
La auxiliar fiscal señaló que esa información pudo ser corroborada con los datos extraídos de los teléfonos secuestrados. En particular, se detectaron conversaciones coincidentes con la maniobra investigada y registros de actividad de los celulares de los cuatro imputados en Pichanal y durante el trayecto hasta el lugar donde se produjo el secuestro de la droga.
Las nuevas evidencias también permitieron establecer que en una finca podía existir un cultivo de marihuana, por lo que la fiscalía avanzó con el pedido de allanamientos y las detenciones de H.C.R. y L.A.D. El primero es familiar del propietario de la empresa, mientras que el segundo es empleado de la firma. Ambos fueron detenidos en sus domicilios particulares, en la ciudad de San Pedro, donde se secuestraron teléfonos celulares.
La jueza hizo lugar a la imputación requerida por la fiscalía por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, fijó un plazo de investigación de 70 días hábiles y autorizó la realización de peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados.
Durante el allanamiento de la empresa se incautó, además, dinero en efectivo, armas largas de distintos calibres y municiones. A partir de esos hallazgos se inició una investigación para determinar si las armas se encontraban debidamente registradas.
En la finca ubicada en Arroyo Colorado, al sur de la provincia de Jujuy, no se encontraron elementos vinculados con la maniobra investigada. Tampoco se secuestraron elementos de interés en el inmueble que la empresa utiliza como centro de recepción de cargas en el barrio de Parque Patricios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Audiencia de formalización y arresto domiciliario
El 8 de septiembre pasado se realizó una segunda audiencia de formalización de cargos, esta vez ante la jueza federal de Garantías N°2, Carina Gregoraschuck, quien declaró la legalidad de las detenciones de los dos nuevos imputados. La magistrada también hizo lugar a la imputación requerida por la fiscalía por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, fijó un plazo de investigación de 70 días hábiles y autorizó la realización de peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados.
En cuanto a las medidas de coerción, la representante del MPF solicitó la prisión preventiva de ambos acusados. Fundamentó el pedido en la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, la gravedad del hecho —determinada, entre otros factores, por la cantidad de droga secuestrada— y la elevada escala penal prevista para el delito atribuido.
Las defensas se opusieron al planteo y señalaron que sus asistidos cuentan con arraigo en San Pedro, además de haber colaborado durante los allanamientos y no haberse dado a la fuga luego del procedimiento en el que se secuestró la droga.
La jueza consideró acreditado el arraigo de los imputados, descartó la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento y ponderó que no registraban antecedentes penales. En consecuencia, dispuso el arresto domiciliario de ambos, tal como habían solicitado sus defensas. /fiscales.gob.ar
