Los fiscales penales María Soledad Filtrin Cuezzo y Ricardo Daniel Espilocin, representaron al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia en la que se elevó a juicio la causa por el robo a la empresa Abra de Sol.
De esta forma, se hizo lugar al requerimiento formulado por los fiscales y resolvió que los imputados Marcelino Daniel Cruz, Matías Ezequiel Malissia, Cristian Gabriel Palavecino, Brian Gabriel Palavecino, Delfor Rogelio Sandoval, Javier Antonio Romero y José Dimas Ruiz sean juzgados por robo agravado en poblado y en banda, uso de arma de fuego, privación ilegítima de la libertad, robo calificado y asociación ilícita, con el agravante de la participación de un menor de edad, en concurso real.
Durante la audiencia, se rechazaron los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa.
La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, llevó adelante una exhaustiva investigación sobre el robo ocurrido el 16 de diciembre de 2022, cuando un grupo de al menos ocho personas ingresó a la empresa Abra de Sol con los rostros cubiertos y portando armas de fuego largas y cortas.
La pieza procesal de acusación establece que los acusados habrían reducido violentamente al personal de seguridad y a los empleados, maniatándolos con precintos de plástico y sustrayéndoles sus teléfonos celulares. Luego, se habrían apoderado de $13.000.000 y US$160.000, huyendo en una camioneta, propiedad de uno de los socios gerentes de la empresa, a quien también habrían privado ilegítimamente de la libertad, obligándolo a subir al vehículo bajo amenazas de arma de fuego. Posteriormente, fue liberado en un lugar alejado, donde fue auxiliado por transeúntes.
La labor de los fiscales enfrentó múltiples obstáculos, entre ellos el accionar de José Dimas Ruiz, exgerente comercial de la empresa, quien simuló ser víctima y colaboró con los investigadores para luego proporcionar información a los autores del hecho, facilitando su evasión. Además, Ruiz fue beneficiado con arresto domiciliario por el exjuez Claudio Parisi, actualmente imputado por cohecho pasivo agravado, hecho que derivó en su destitución.
Otro desafío para la Fiscalía fue la negativa sistemática del juez interviniente a autorizar la extracción de datos de los dispositivos secuestrados a los imputados, lo que demoró el avance de la investigación durante casi seis meses. Gracias a la insistencia del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal de Impugnación finalmente revirtió estas decisiones, lo que permitió acceder a pruebas clave.
Cabe destacar la relevancia de la evidencia digital obtenida, que incluyó videos, fotografías y grabaciones de llamadas extraídas de dispositivos electrónicos de los imputados. En ellas, no solo se acreditó la planificación del robo, sino también conversaciones en las que Cristian Gabriel Palavecino y José Dimas Ruiz admitían su participación en el hecho y discutían estrategias para entorpecer la investigación. /Norte Ya
