En el marco de dos audiencias realizadas entre el 3 y el 12 de diciembre, la jueza de Revisión Mariana Catalano homologó acuerdos de juicio abreviado y condenó al hijo del exintendente de Morillo, a un comerciante y a un gendarme, mientras que dispuso la elevación a juicio del exjefe comunal de esa localidad salteña y de un efectivo policial.
Las resoluciones se dictaron en el contexto de la investigación penal iniciada en noviembre pasado por el robo de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas en el chaco salteño, su contrabando hacia Bolivia y el pago de coimas para facilitar el circuito delictivo. Las condenas fueron impulsadas por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, de la Fiscalía de Distrito Salta.
El primer acuerdo, dado a conocer en la audiencia del 3 de diciembre, derivó en la condena de Miguel “Yopi” Gerala, hijo del entonces intendente de Coronel Juan Solá (Morillo), Atta Miguel Gerala. El imputado recibió una pena de seis años de prisión como coautor de contrabando de mercadería —exportación e importación— agravado por la cantidad de personas intervinientes, el uso de pasos no habilitados y el monto involucrado, en concurso real con cohecho activo y robo agravado cometido en despoblado y en banda.
En el mismo acuerdo fue condenado el comerciante David Edilberto Medina a seis años de prisión, como coautor de contrabando de mercadería agravado, en concurso real con encubrimiento de contrabando y cohecho activo. Además, se le impuso una inhabilitación para ejercer el comercio por cinco años.
En tanto, durante la audiencia del 12 de diciembre, la jueza homologó un segundo acuerdo mediante el cual fue condenado Jorge Fernando Cabrera, sargento de la Gendarmería Nacional, a dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de cohecho pasivo.
Por otra parte, la magistrada declaró admisible la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal contra el exintendente Atta Gerala, a quien se le imputó el delito de contrabando de mercadería triplemente agravado —por la cantidad de personas intervinientes, su condición de funcionario público y el valor del material— en concurso real con robo agravado y malversación de caudales públicos, en calidad de autor.
La misma decisión alcanzó al oficial ayudante de la Policía de Salta, Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, quien al momento de los hechos se desempeñaba como jefe del Destacamento de Pluma de Pato, imputado por cohecho pasivo. En ambos casos, la jueza ordenó la elevación a juicio, con una expectativa de pena estimada en 11 años de prisión para el exintendente y 3 años para el policía, y remarcó que el debate será llevado adelante por un tribunal colegiado, dada la complejidad del caso.
Una investigación que reveló un circuito organizado
Al exponer el caso, el fiscal Villalba recordó que la investigación se inició el 23 de agosto de 2024, tras una denuncia del Correo Argentino que alertó sobre el envío de más de 480 cubiertas comercializadas por Medina desde la ciudad de Orán. A partir de escuchas telefónicas y tareas de campo, se determinó que el comerciante ingresaba neumáticos de contrabando desde Bolivia.
Las pesquisas permitieron establecer luego que Medina también participaba en la exportación ilegal de material ferroso, principalmente rieles sustraídos del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, entre las estaciones de Padre Lozano y Morillo. Dado que se trata de patrimonio federal y que rige la prohibición de exportar material ferroso, la fiscalía profundizó la investigación para identificar a los responsables del robo.
En ese marco, se estableció que Miguel Gerala era uno de los principales proveedores del material, con una estructura organizada que incluía la participación de integrantes de comunidades originarias, a quienes se les pagaban sumas de 10 mil pesos por la extracción de rieles, incluso durante la noche. Para esas tareas se utilizaron maquinarias y vehículos municipales.
La investigación también reveló connivencia policial, ya que Rodríguez habría sido el encargado de liberar la zona para evitar controles durante las extracciones. Parte del material robado fue hallado en predios municipales y en el domicilio del exintendente, donde se secuestraron 15 rieles valuados en unos 19 millones de pesos.
El circuito se completaba con el traslado del material hacia Bolivia a través de una finca privada lindera con el país vecino, maniobra que contaba con la participación del gendarme Cabrera, quien garantizaba el paso sin controles.
Al cierre de su exposición, el fiscal sostuvo que la acusación se apoya en un volumen contundente de pruebas, entre ellas intervenciones telefónicas, registros audiovisuales y testimonios, y destacó la gravedad institucional de los hechos, cometidos —según señaló— al amparo del poder político que ostentaba el exintendente, quien fue destituido el 20 de noviembre de 2024, pocos días después de haber sido formalmente imputado. /Norte Ya
