El trabajo de Alejandro Jasinski analiza las pruebas reunidas en el expediente y reconstruye los hechos de 1933 que se investigan como crímenes de lesa humanidad. Concluyó que el episodio no se trató de un incidente aislado, sino de un eslabón de “una cadena larga y sistemática de violencia contra las comunidades indígenas chaqueñas”.
En línea con un pedido de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, un informe pericial elaborado por un historiador fue incorporado a la causa por la denominada Masacre de El Zapallar, ocurrida en 1933 en el entonces Territorio Nacional del Chaco y que se investiga como un crimen de lesa humanidad.
El trabajo, realizado por el licenciado y doctor en Historia Alejandro Jasinski, analiza las pruebas reunidas en el expediente y concluye que los hechos no constituyeron un episodio aislado, sino que se inscribieron en un proceso prolongado de violencia contra las comunidades indígenas del Chaco.
La investigación, iniciada en 2014, busca esclarecer lo ocurrido en la entonces Colonia El Zapallar —actual General San Martín—, donde integrantes de la comunidad Moqoit fueron reprimidos por fuerzas policiales y civiles armados cuando intentaban ingresar a la localidad para solicitar trabajo y alimentos.
En la causa, que tiene como antecedente el juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, intervienen los fiscales generales Federico Carniel, Patricio Sabadini y Carlos Amad y los auxiliares fiscales Horacio Rodríguez y Diego Vigay.
El análisis del expediente histórico
El informe de Jasinski realiza un análisis de las pruebas incorporadas a la causa y, en particular, de la investigación judicial realizada en 1924, que contiene los testimonios de una veintena de integrantes de la comunidad indígena que fueron detenidos, entre ellos el cacique Luis Duran.
Según el historiador, “esas declaraciones, tomadas bajo detención, son unánimes: venían a pedir trabajo y comida, no a pelear, tenían herramientas de trabajo y algunas pocas y viejas armas de caza”. También fueron incorporados testimonios de policías y vecinos detenidos durante la investigación de los hechos.
De acuerdo con el informe, el análisis conjunto de esas declaraciones permite reconstruir que, “el accionar represivo fue violento, desordenado, desproporcionado en su capacidad de daño y movilidad, y contó con cierta iniciativa autónoma de civiles, pese a que debían responder a las órdenes del comisario”.
“Es altamente probable que la cifra de víctimas fatales sea elevada”, sostiene el trabajo, que también señala que se desconoce el destino de las personas heridas que no recibieron asistencia, de quienes pudieron morir durante la huida y de quienes pudieron haber fallecido posteriormente.
Jasinski también destacó el contenido del propio sumario instruido por el comisario inspector Francisco Larrey. Al iniciarlo, el funcionario se refirió al “supuesto avance en actitud hostil”, mientras que, al concluirlo, caracterizó lo ocurrido como “una protesta de la tribu por su falta de medios de vida” y no como “un atentado contra las actividades y contra el orden social”.
“El expediente, leído en su conjunto, contiene los elementos que tensionan las hipótesis acusatorias iniciales que buscaban distorsionar los hechos y exculpar a los responsables de la represión, aunque no llegó a ninguna conclusión investigativa relevante ni sanción”, sintetizó el historiador en el informe.
“Una masacre”
En su informe, Jasinski califica los hechos como una “masacre” a partir de las características de la población atacada y de la relación de fuerzas existente. Señala que se trataba de una población civil integrada por mujeres, niños, ancianos y hombres con algunas armas de caza que fue recibida a tiros por policías y civiles armados, “en una relación de fuerzas radicalmente asimétrica y sin que mediara un ataque de las víctimas”.
El informe también analiza la cantidad de personas fallecidas. En ese sentido, advierte que las dos muertes documentadas en el expediente constituyen “un piso, no un techo” y que no existen elementos suficientes para establecer con precisión el número total de víctimas.
“Es altamente probable que la cifra de víctimas fatales sea elevada”, sostiene el trabajo, que también señala que se desconoce el destino de las personas heridas que no recibieron asistencia, de quienes pudieron morir durante la huida y de quienes pudieron haber fallecido posteriormente.
“La policía que investigó el propio suceso dejó documentadas dos muertes, de la misma manera en que en las masacres de Napalpí en 1924 o de La Forestal en el norte de Santa Fe en 1921 se documentaron sólo cuatro, cuando en realidad se trató de números extraordinariamente superiores”, agrega Jasinski.
Despojo, sequía y criminalización
La reconstrucción histórica sitúa los hechos en un proceso de más de medio siglo de ocupación militar, despojo territorial y explotación laboral de las comunidades indígenas del Chaco.
Según el informe, hacia 1912 estaba completada la ocupación de las mejores tierras y los indígenas quedaron forzados a vivir entre chacras y latifundios, imposibilitados de cazar, pescar o recolectar. En ese contexto, el historiador recuerda que un decreto de 1900 obligaba a los indígenas a portar una libreta que acreditara estar al servicio de un patrón y disponía que quienes carecieran de ella serían “capturados y considerados como enemigos”.
De acuerdo con el informe, el análisis conjunto de esas declaraciones permite reconstruir que “el accionar represivo fue violento, desordenado, desproporcionado en su capacidad de daño y movilidad, y contó con cierta iniciativa autónoma de civiles, pese a que debían responder a las órdenes del comisario”.
Jasinski también detalló que el episodio se dio en un contexto de sequía prolongada que actuó sobre esa estructura de despojo ya consolidada: una población privada de sus medios de subsistencia, empujada a migrar por un territorio cercado, donde su sola presencia fuera de los límites asignados la convertía en sospechosa.
En ese marco, el informe caracteriza a la policía territorial como una fuerza estrechamente vinculada con los intereses de los propietarios locales y señala la participación de civiles armados en la represión.
“En ese sentido, la masacre no fue un incidente aislado”, concluye el historiador, sino un “eslabón de una cadena larga y sistemática de violencia contra las comunidades indígenas chaqueñas”.
El trabajo también reúne antecedentes que, de acuerdo con su análisis, muestran que las prácticas de violencia contra las comunidades indígenas no eran consideradas normales ni aceptables por los distintos actores de la época. En ese sentido, Jasinski menciona el reconocimiento constitucional del Derecho de Gentes, compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino como la Convención de Ginebra y las Conferencias de La Haya, distintas denuncias formuladas desde décadas anteriores por funcionarios y representantes de organismos humanitarios. También destaca que, en 1933, medios de comunicación como La Voz del Chaco y La Estampa Chaqueña cuestionaron las condiciones de vida de las comunidades indígenas y reclamaron el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado para garantizar su integración pacífica.
La incorporación del informe de Jasinski se suma a los testimonios de descendientes de sobrevivientes, a la declaración de otros historiadores, a la documentación histórica aportada por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) del CONICET Nordeste y a otros trabajos de investigación histórica que se fueron sumando al expediente.
El autor del informe
Alejandro Jasinski es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad e investigador de proyectos Universidad de Buenos Aires, Ciencia y Tecnología (UBACYT) y de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) vinculados con la represión y las violencias de Estado en Argentina.
Durante doce años integró equipos de investigación del Programa Verdad y Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde trabajó en causas por crímenes de lesa humanidad.
Es autor de informes periciales históricos sobre las masacres de Napalpí, ocurrida en Chaco en 1924, y San Antonio de Obligado, en Santa Fe en 1887, presentados ante la Justicia Federal. También investigó la masacre de La Forestal, ocurrida en el norte de Santa Fe en 1921.
En materia de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, es coautor y cocoordinador del informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, publicado por Infojus en 2015.
Asimismo, integró la Unidad Ejecutora de Sentencia del Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí.
La Masacre de El Zapallar
En 1933, el Territorio Nacional del Chaco atravesaba un período de extrema sequía que agravó las condiciones de hambre y penuria de las comunidades indígenas de la región.
En ese contexto, a principios de septiembre de ese año, partió una peregrinación de aproximadamente 300 personas de familias de la comunidad Moqoit, desde la Reducción Napalpí hasta la localidad de El Zapallar —actualmente General San Martín— para pedir trabajo y alimentos. La peregrinación, a lo largo de 100 kilómetros, estuvo encabezada por el cacique Luis Duran. Durante el trayecto se sumaron pequeños contingentes provenientes de Charata, Quitilipi y Sáenz Peña.
El 7 de septiembre la marcha de familias intentó ingresar a la localidad de El Zapallar, dividida en pequeños grupos de 20 personas. Las mujeres y los niños avanzaban en los primeros lugares de la columna como señal de sus intenciones pacíficas.
Según la reconstrucción histórica incorporada a la investigación, por orden del comisario Francisco Prestera, integrantes de la comisaría local, refuerzos enviados desde Resistencia y civiles armados reprimieron a la columna con disparos de armas de fuego, bajo el argumento de que debían defender a la población ante un supuesto ataque de un “malón”.
Las estimaciones históricas ubican en alrededor de 50 la cantidad de personas indígenas que habrían muerto durante la represión, aunque el informe pericial recientemente incorporado advierte que el número exacto de víctimas no puede determinarse a partir de la documentación disponible. /fiscales.gob.ar
