El diputado provincial Martín Fellner presentó un proyecto para ampliar y regionalizar los Centros de Admisión y Derivación en Jujuy.
La propuesta del diputado Fellner plantea extender la cobertura de los Centros de Admisión y Derivación a la Puna, Quebrada, Valles y Yungas, con espacios especializados que funcionen las 24 horas, todos los días del año.
Los Centros de Admisión y Derivación (CAD) son espacios de atención transitoria destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal. Reciben a jóvenes aprehendidos por las fuerzas de seguridad, evitando su alojamiento en comisarías y brindando asistencia especializada. Desde allí se articulan con la Justicia y los organismos competentes las derivaciones que correspondan.
“Lamentablemente existe actualmente un único CAD operativo en toda la provincia ubicado en el barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy. No se tiene en cuenta la complejidad y las distancias de las distintas regiones de nuestra geografía, generando una profunda desigualdad territorial”, sostuvo el legislador justicialista.
Explicó además que, “el objetivo del proyecto es evitar que las distancias, los horarios o la falta de espacios adecuados terminen condicionando la atención de los menores de edad o provocando su alojamiento en dependencias destinadas a adultos detenidos, algo contrario al espíritu de la ley penal vigente”.
Estos dispositivos permitirían garantizar, desde las primeras horas, asistencia profesional, atención sanitaria, acceso a la defensa y comunicación con familiares o referentes afectivos. Contarían con equipos especializados para abordar cada situación y coordinar la intervención de los organismos de protección, las fuerzas de seguridad y la Justicia.
El proyecto solicita al Ejecutivo Provincial aprovechar y adaptar prioritariamente edificios estatales existentes, ubicando los centros según las necesidades de cada región, las distancias y la demanda de atención. También propone actualizar el protocolo de actuación para establecer procedimientos comunes en toda la provincia.
La permanencia en estos espacios sería estrictamente transitoria, bajo control judicial y sin constituir una sanción. La iniciativa apunta a que la respuesta del Estado llegue a tiempo y con las mismas garantías a un adolescente de la Puna que a uno de la capital.
