Las irregularidades encontradas calificarían, según los diputados, en “inhabilidad moral” para seguir en el cargo. Entre lo más relevante, existe documentación sobre contrataciones de servicios escandalosas a nombre de la Legislatura de Neuquén.
La comisión investigadora de la Legislatura, compuesta por los presidentes de todos los bloques políticos, a excepción de la izquierda, redactó un lapidario informe sobre la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz, donde, según los diputados, las irregularidades encontradas en su gestión como presidenta de la Cámara calificarían “como hechos reveladores de inhabilidad moral que impedirían la continuidad del ejercicio del cargo”.
El informe, al que accedió LMNeuquén, destacó que el cuerpo de legisladores “ha detectado una alarmante cantidad de hechos que comprometen tanto la integridad del sistema administrativo de la Honorable Legislatura del Neuquén (HLN) como la confianza pública en nuestras instituciones”.
Entre las irregularidades más relevantes se mencionó el uso indebido de fondos públicos, con transferencias y pagos a cuentas personales de funcionarios cercanos, “sin justificación documental adecuada, teniendo de un lado a la vicegobernadora girando los fondos y del otro a su hermano (Pablo) recibiéndolos”. La suma de estas transferencias de la Legislatura fueron en total de $51.853.244.
A su vez, se constató la designación de familiares directos de Ruiz en cargos estratégicos, “sin la acreditación de la idoneidad requerida para el desempeño de los mismos, dentro de la estructura de la Legislatura, muchas veces a través de intermediarios o contratos encubiertos, lo que no solo iría en contra de principios éticos básicos, sino que también facilitaría un control centralizado de áreas clave para la gestión de recursos públicos”.
El informe fue girado este lunes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que hará traslado a Ruiz para que ejerza su defensa (tiene tres días con la posibilidad de extender otros tres días más ese plazo). Después, todo esto llegará al recinto, para lo cual se deberá convocar a una sesión especial que decidirá el futuro de la suspendida vicegobernadora. Para impulsar su destitución, se requerirán los dos tercios de los diputados presentes. Se estima que esta sesión especial se realizará la semana que viene.
Fondos en beneficio propio
El informe de la comisión investigadora constató la posible utilización de fondos públicos para beneficio propio, en lo que tiene que ver con el pago de servicios de imagen para Gloria Ruiz a título personal, en su calidad de vicegobernadora de la provincia.
Se citó como ejemplo de esto la contratación del servicio de marketing externo con la sociedad llamada Big Sur Marketing por el período comprendido entre el 2 de mayo y el 31 de agosto de 2024 por un valor total de $45.012.000. Y se advirtió que el contenido generado por la firma contratada fueron videos exclusivos de la suspendida vicegobernadora, publicados en sus redes personales y no en las oficiales de la Legislatura.
Además, se puso de relieve que Ruiz no veló “por los intereses del erario público”, dado que se pagaron $11.253.000 por mes por “un reel de aproximadamente 25 segundos, un spot publicitario de entre aproximadamente 45 segundos a 1 minuto y algún material adicional de menor relevancia como stickers para celulares”.
Y que, finalizado el contrato, se presentaron dos facturas más de $11.253.000 cada una, “las cuales se encuentran bajo análisis de los sectores correspondientes”.
Contratación directa
Según los diputados, se observó que la práctica habitual de esta administración habría consistido “en contratar bienes y servicios sin observar los procedimientos legales previstos a tal fin, sin licitación pública ni comparativas de precios, muchas veces utilizando justificaciones ajenas a las normativas legales.
En varios casos, además, se verificaron precios muy superiores a los valores de mercado.
De acuerdo a la información recabada de la propia Legislatura y de informes suministrados por la Dirección de Tesorería, Contaduría y Administración, “se observarían una serie de irregularidades e inconsistencias relacionadas con, al menos, dos aspectos centrales de la contratación estatal”.
Una de ellas, indica el informe, refiere a la “metodología de contratación contraria a lo que establecen las normas legales en la materia, eludiendo el procedimiento administrativo correspondiente mediante el reconocimiento del pago de servicios ya prestados, como así también se advierte la utilización de la contratación directa como método ordinario de contratación, sin justificación y por encima de los montos máximos establecidos para dicha contratación”.
La otra se vincula contrataciones directas de “bienes y/o servicios por montos que serían excesivamente elevados en comparación con los valores de mercado, sin siquiera requerir presupuestos a otros proveedores para verificar y/o cuidar el interés del fisco provincial”.
Por ejemplo, de la cantidad de gastos realizados durante el 10 de diciembre del año pasado y el 28 de noviembre de este 2024, los destinados a protocolo y cortesía resultaron, a criterio de la comisión investigadora, los de “mayor relevancia por sus montos y falta de razonabilidad en la metodología de contratación y pagos elegidos”. La suma por estos dos conceptos para el período asciende a $407.674.693,94.
Sobreprecios y los famosos banners
Una de las contrataciones de forma directa es la correspondiente a Ariel Pedro Sauer. De los expedientes analizados por los legisladores se desprende que entre el 7 de marzo y el 28 de octubre de 2024 se emitieron pagos a esta persona por un total de $46.769.089, en concepto de diferentes servicios y bienes gráficos, gigantografías y productos como banners, lonas y vinilos.
El cuestionamiento acá, además de que no hubo una compulsa de precios con diferentes proveedores para decir la mejor opción, es que de la simple comparación de los precios facturados a la Legislatura y los publicados en la página web de la empresa surge que “existe una diferencia en el orden de entre el 80% y el 100% en contra de los intereses del fisco provincial”. Como ejemplo de esto, el 20 de septiembre Sauer emitió una factura por 6 fly banner surfer, full color, 2.50 metros, cuyo valor unitario era de $289.000. Sin embargo, a fecha de redactado el informe de la comisión investigadora el valor unitario publicado en la página web de Sauer Gigantografías es de $156.000, sin considerar que el precio testigo es de un banner aún más grande que el que le vendió a la Legislatura, dado que es de tres metros y que la misma publicación de la empresa ofrece promociones por la adquisición de dos o más unidades.
Falsificación de datos y la camioneta
La comisión investigadora identificó inconsistencias entre la realidad de las operaciones, las declaraciones juradas y “los dichos de la vicegobernadora en distintos medios de comunicación en torno al origen de fondos utilizados para adquisiciones de bienes personales”, con participación directa de personas vinculadas a Ruiz en los pagos de esas operaciones.
El caso más relevante y por el que intervino la Justicia, es el de la compraventa de una camioneta marca Toyota 4×4, cuyo valor es de $76.837.220, sin contemplar los gastos de patentamiento. Ruiz presentó una declaración jurada donde dijo que el dinero utilizado para la operación era del producido de la venta del rodado de su propiedad marca Toyota Hilux de 2021 y del ahorro de los haberes percibidos en su calidad de vicegobernadora entre los meses enero a agosto de 2024.
Sin embargo, en la documentación requerida a la concesionaria surge que esto no fue así y que, por ejemplo, los pagos registrados para saldar parte del monto de la operación por $20.000.000 fueron realizados por Gustavo. Chittadino, a quien la vicegobernadora lo había designado como prosecretario Legislativo.
Los diputados, finalmente, señalaron también la obstrucción al control externo de parte de la presidencia de la Legislatura, relacionado esto con la “negativa sistemática a permitir auditorías del Tribunal de Cuentas, mediante trabas administrativas y falta de acceso a información crítica”.
Todas las supuestas irregularidades, presentes en el informe de la comisión investigadora, se basaron en la información solicitada al Ministerio Público Fiscal, al BPN, a las áreas contables y de tesorería de Legislatura, al Tribunal de Cuentas, a Fiscalía de Estado y al Registro del Automotor./Francisco Carnese/lmneuquen.com
