El Gobierno tomó medidas punitivas contra la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) por su participación en la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El Gobierno impuso una multa de $160 millones a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) por su participación en el paro nacional del 24 de enero, organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta sanción, decidida por la Secretaría de Trabajo, se produce en un momento de creciente tensión entre el Ejecutivo y el sindicalismo, exacerbada por la huelga y una serie de amparos contra el capítulo laboral de la reforma libertaria, uno de los cuales fue presentado favorablemente por el gremio del personal en tierra del sector aerocomercial.
La multa se fundamenta en el incumplimiento de una conciliación obligatoria dictada por Trabajo a solicitud de Aerolíneas Argentinas para evitar la medida de fuerza. A pesar de que APA había decidido adherir al paro, lo hizo bajo su propio formato, por 24 horas en lugar de medio día, como inicialmente convocó la CGT y avaló la CTA de los Trabajadores, central sindical a la que pertenece APA.
Aunque APA contaba con el respaldo de la CTA para llevar a cabo el paro y tenía la autorización para hacerlo según su propio criterio, la Dirección de Inspecciones Federales de Trabajo dictaminó una sanción de $160 millones, basada en la falta de prestación de tareas de 106 empleados aeronáuticos. Aunque APA planea apelar, la multa fue aplicada bajo una normativa que exige el pago antes de tramitar la apelación, una medida que el sindicato ha afirmado que no cumplirá.
Las sanciones económicas son poco comunes en las relaciones laborales argentinas. APA ya había recibido una multa del gobierno de Mauricio Macri en 2018, al igual que el sindicato de Camioneros, sancionado por la administración de Cristina Kirchner en 2012. Todas estas penalidades fueron multimillonarias y hasta ahora ninguna fue saldada. APA considera la decisión del Gobierno «claramente intimidatoria, antisindical, ilegal y violatoria de derechos constitucionales y convenios internacionales».
El comunicado de APA denuncia la colaboración del Gobierno y algunas gerencias de Aerolíneas Argentinas en un «show judicial y mediático», intentando ilegalizar la medida de fuerza y sancionar al sindicato. En un momento en que el DNU 70/23 y la ley ómnibus están siendo cuestionados, APA afirma que no permitirá este «ataque sistemático» contra los trabajadores. /La Gaceta
