Desde el gobierno local iniciaron una denuncia penal por daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad; hay siete heridos
Graves incidentes se desataron este viernes en la Municipalidad de La Plata cuando cooperativistas prendieron fuego el edificio gubernamental en reclamo por modificaciones en el procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad.
La Municipalidad de La Plata, gobernada por el intendente peronista Julio Alak, efectuó una denuncia penal ante la fiscalía en turno del Departamento Judicial de La Plata y se presentó como particular damnificada, por daño agravado al Palacio Municipal, lesiones y atentado a la autoridad, contra militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la organización social fundada por Juan Grabois.
“Es una organización política que destruyó las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de agredir a vecinos presentes en una actividad educativa”, denunció la Municipalidad.
Grandes columnas de humo y vidrios rotos se distinguieron en los videos publicados en redes sociales, mietras desde el gobierno local contabilizaron 22 detenidos y siete heridos tras los incidentes.
Como consecuencia de las piedras y proyectiles arrojados se registró al menos un vecino herido. Otros seis policías bonaerenses resultaron con lesiones durante el operativo de desalojo.
El grupo de manifestantes buscó irrumpir en el Palacio cerca de las 13, mientras realizaban una manifestación contra la licitación de los servicios de limpieza de zanjas, reciclado, corte de pasto y barrido.
En paralelo, en el interior del palacio, ubicado en el centro de la ciudad, se llevaba adelante un acto por el Día Internacional de Prevención de Adicciones con la presencia de más de 300 vecinos.
En ese momento, manifestantes comenzaron a arrojar objetos hacia las ventanas y puertas de la Municipalidad. Desde el gobierno local que conduce Alak (aliado del gobernador Axel Kicillof) detallaron que un vecino resultó herido cuando un manifestante arrojó una piedra que rompió un vitral del Salón Dorado.
Desde la Municipalidad repudiaron la violencia que se generó y que además causó que los vecinos no pudieran salir del establecimiento hasta que terminaran los incidentes.
“El gobierno municipal de La Plata siempre ha estado abierto al diálogo, pero no aceptará ningún tipo de extorsión ni mecanismos violentos”, expresó la administración local.
El conflicto por la licitación pública
El gobierno de La Plata denunció que la organización política buscaba mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales -más de mil millones al año- que se había originado en 2011, a pesar de que incumplía sus obligaciones así como tampoco respetaba el “nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad”.
El nuevo procedimiento consiste en una modificación que se realizó en el último año cuando el Tribunal de Cuentas advirtió al municipio que no podía seguir contratando cooperativas por contratación directa y exigió que todas se realizaran a través del procedimiento de licitación pública.
Los días 10 y 11 de junio la Municipalidad llamó a licitación pública a través del Boletín Oficial y medios de comunicación privados para la contratación de los servicios de barrido, limpieza de zanjas y corte de pasto en todas las delegaciones municipales. Simultáneamente, convocó a todas las cooperativas y empresas con tiempo suficiente para que se adaptaran al nuevo sistema.
Desde el gobierno local argumentaron que todas las cooperativas y empresas que venían prestando servicios, además de otras nuevas, adquirieron pliegos para presentarse a la licitación pública, excepto la organización de militantes políticos del MTE, que “no aceptó participar del procedimiento y decidió atacar violentamente las instalaciones del Palacio Municipal”.
“Si el municipio la hubiese contratado nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, sumó el gobierno local.
Un día antes de la manifestación, el MTE de La Plata había anunciado una movilización y el corte de las calles en 12 y 53 desde las 9.30 del viernes. “El Municipio de La Plata decidió no renovar los contratos que tiene con las cooperativas, mediante los cuales se puede sostener el trabajo de 400 compañeros recicladores que se desempeñan en diferentes calles de la ciudad”, sostuvieron.
Y denunciaron que, como alternativa, la Municipalidad les ofreció “entregar Tarjetas Alimentar, reemplazando un sistema de trabajo por planes sociales”.
“Esta decisión desconoce la trayectoria de diez años de la cooperativa y busca destruir la única política socioambiental que tiene nuestra ciudad”, había advertido el MTE.
Tras los incidentes, esta noche el MTE dio a conocer un comunidado: “La Municipalidad montó una campaña de persecución política y mediática llena de falsedades. Intentan instalar que nos negamos a competir en la licitación, y eso es una mentira absoluta”.
“¿Saben cuál era su gran “solución” social para las familias cartoneras que dejaban tiradas en la calle? Darnos un voucher de comida. Nos quieren cambiar trabajo genuino, ambiental y digno por una tarjeta de racionamiento para intentar callarnos la boca. Se creen que somos mendigos y que pueden comprar nuestra dignidad con migajas», se quejó el MTE.
“Frente a la quita de nuestro sustento, fuimos a reclamar pacíficamente. La tensión en la calle fue generada directa y exclusivamente por el Municipio, luego de que sus funcionarios nos prometieron abrir una mesa de diálogo para luego cerrarla abruptamente, dejándonos afuera de la discusión por nuestro propio destino. Fueron las fuerzas policiales quienes iniciaron los disturbios y salieron a cazar y detener a compañeros y compañeras que lo único que querían era defender su derecho a trabajar. Aclaramos, a raíz de las mentiras que está circulando el municipio, que ninguno de los detenidos pertenece al MTE.
Repercusiones políticas
Tras los incidentes, los concejales del PRO exigieron a Alak que identificara a los agresores e hiciera cumplir la ley.
Los ediles opositores difundieron un comunicado donde se remarcó: “No podemos permitir que los gerentes del desorden lleven adelante este tipo de actos. No podemos tolerar, en democracia, este tipo de hechos violentos sin precedentes en nuestra casa, que alteran el órden público y violan la ley”. /LA NACION
