Ocho internos del penal federal de Güemes y una mujer fueron imputados por integrar una organización narco que operaba dentro de la cárcel con complicidad de agentes penitenciarios. Entre los acusados figuran condenados por delitos graves, como el secuestro de un empresario y el tráfico de cocaína a gran escala.
La banda de presos que operaba con la venta de droga en la cárcel federal de Güemes y fue desbaratada en un megaoperativo tiene nombres conocidos no solo en el mundo narco, sino también en otros delitos. Uno de los implicados es Ezequiel Toledo, quien cumple una condena de diez años de prisión como coautor del secuestro del empresario del transporte de pasajeros Víctor Oscar Giménez, ocurrido en la avenida Ragone de la capital salteña en 2021.
Toledo es uno de los ocho reclusos imputados por integrar una organización que ingresaba y comercializaba drogas dentro del penal, con presunta connivencia de agentes del Servicio Penitenciario Federal, quienes habrían hecho la vista gorda ante las transacciones narco.
El presunto líder es Rubén Ángel Rodríguez, alias «El Patrón», quien cumple una pena de 8 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado, en calidad de organizador, impuesta el 6 de septiembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Salta. En ese caso, fue juzgado junto a Eusebio Juan Antonio Bilaja, condenado a 6 años y 6 meses de prisión. Este último fue beneficiado con prisión domiciliaria con pulsera electrónica debido a un cuadro de psoriasis aguda. Ambos formaban parte de una organización que trasladaba droga desde Orán hasta Tucumán.
La organización utilizaba términos como «lencería» o «petróleo» en sus comunicaciones, los cuales fueron interpretados como claves encriptadas por el tribunal.
Analía Ivana Astigueta, pareja de Rubén Rodríguez, fue detenida en la ciudad de Orán en calidad de coautora en la misma causa por narcotráfico. En el reciente operativo se allanó su casa y la de su madre, ya que según la investigación, era quien se proveía de droga en esa zona fronteriza con Bolivia.
Desde su domicilio se secuestraron cinco celulares de distintas marcas, un pendrive, una cámara de fotos, dos notebooks, un rifle tipo fusil con mira, una moto, una balanza, 15 troqueles de líneas de celular, dos libretas con anotaciones, documentación sobre pagos del “negocio” y un vehículo que presuntamente usaba para trasladar la droga al penal.
Marcelo Javier Fragapane también operaba desde el penal de Güemes. Fue condenado por la jueza Claudia Giménez el 30 de enero pasado a 7 años y 7 meses de prisión por transporte de estupefacientes. Se había dedicado a trasladar droga desde Orán hasta Mendoza, su provincia natal.
Otros implicados:
César Eduardo Acosta: tiene una causa pendiente desde el 18 de abril de 2024 por infracción a la Ley de Drogas.
Rodrigo Alejandro Villareal: fue condenado a 3 años de prisión por robo y hurto, el 21 de marzo de 2024, por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19 de CABA.
Miguel Hernán Olmos: cumple 4 años y 6 meses de prisión por tenencia de drogas con fines de comercialización, condena impuesta por el TOF de Tucumán el 16 de diciembre de 2024.
Franco Emanuel Chaile: condenado por el TOF 1 de Salta el 2 de marzo de 2023 a 3 años de prisión por transporte de estupefacientes, aunque aún no se le determinaron vínculos directos con el resto de los acusados.
Hechos clave:
La causa comenzó tras la fuga de un interno el 1 de enero de 2024. Durante la investigación se hallaron drogas y más de 250 celulares en manos de los reclusos.
Se incorporaron como pruebas escuchas telefónicas, videos del fraccionamiento de cocaína en las celdas, y registros de lanzamiento de celulares y estupefacientes durante allanamientos, captados por cámaras y drones de Gendarmería.
guez
El tribunal dictó prisión preventiva para todos los imputados y ordenó su traslado a otras unidades penitenciarias. La causa fue declarada compleja.
Se dispusieron pericias sobre cientos de celulares y el congelamiento de cuentas bancarias, principalmente a nombre de Astigueta.
La fiscalía y la jueza resaltaron la gravedad institucional del caso, al señalar la posible complicidad de agentes penitenciarios, dado el volumen de droga y teléfonos que ingresaban al penal “bajo sus narices”. /eltribuno.com
