Los imputados por los disturbios están a un paso de ir a juicio. En paralelo, la justicia busca a los instigadores de la violencia que se vivió en la Legislatura y en Purmamarca: la líder de la Tupac Amaru está en la mira
La Justicia de Jujuy autorizó este jueves 6 de junio que los 11 celulares secuestrados en la casa donde Milagro Sala cumple prisión domiciliaria sean abiertos y peritados, en el marco de la investigación por el origen de los serios incidentes que se vivieron el 20 de junio en la Legislatura local, cuando se estaba jurando la nueva Constitución que impulsó el gobernador Gerardo Morales.
La casa de Sala fue allanada el 29 de junio, luego de que los investigadores encontraran indicios de su participación en la organización de parte de las marchas que hubo la mañana de los disturbios. Uno de esos elementos fue un audio que la dirigente de la Tupac le envió a un comerciante que le había vendido banderas. Estas, a su vez, luego fueron usadas en las protestas. Posteriormente, el mismo vendedor prestó declaración como testigo.
A partir de ello, el juez de control Rodolfo Fernández ordenó que el domicilio de Sala, en el barrio Cuyaya de la capital jujeña, sea allanado. El resultado fue el secuestro de dinero y teléfonos de personas que se encontraban con ella en el inmueble. Este jueves, en una nueva audiencia judicial, Fernández autorizó a que los investigadores inicien un peritaje sobre 11 teléfonos secuestrados en el procedimiento.
La Justicia baraja la posibilidad de que Sala, además de haber promovido la marcha, haya instigado los hechos de violencia que se vieron ese día. Hasta el momento sólo está probado que las banderas que ella encargó se utilizaron el día de las marchas. Pero los investigadores no descartan que alguno de los imputados que rompieron el edificio legislativo y agredieron a la policía hayan actuado bajo sus órdenes o incitados por la dirigente. La revisión de los aparatos decantará la verosimilitud de esa hipótesis.
“No es lo mismo promover una marcha que instigar un delito”, remarcó con prudencia una fuente del caso ante la consulta de Infobae.
La investigación de la escalada de agresiones que vivió Jujuy quince días atrás corre en dos causas paralelas. Una investiga la violencia que se vivió en la localidad de Purmamarca el 17 de junio, cuando la policía intentó desalojar el corte de ruta en el acceso al pueblo. La segunda, versa sobre lo acontecido el 20 de junio en las afueras del edificio de la Legislatura, en San Salvador de Jujuy, cuando la Convención Constituyente juraba y dejaba en vigencia la reforma de la carta magna que defiende el gobernador Morales.
Por ellas hay un total de 89 personas imputadas, 20 por el choque en Purmamarca y 69 por las escenas de la Legislatura. La fiscalía continúa con el análisis de un centenar de videos de cámaras de seguridad, medios de comunicación e incluso los subidos por particulares a las redes sociales.
En la mayoría de ellos se encontraron coincidencias: buena parte de los imputados quedaron registrados en las imágenes cometiendo algún ilícito. Otros, no obstante, no lograron ser identificados y serán exonerados. Ese proceso, estiman, culminará en breve y tras ello los fiscales pedirán la elevación a juicio. El código procesal penal de Jujuy admite el sistema adversarial, que tiene entre sus características la oralidad. Esto agilizará el proceso, por lo que se estima que también en breve haya condenas.
Los fiscales consideran que la mayoría de los imputados fueron encontrados en flagrancia, es decir, cometiendo el delito que se les imputa en el momento de su detención.
En ese contexto, el gobierno de Jujuy participa de la investigación como querellante y podría ser un actor clave en la definición. A primera hora de este jueves, fiscalía de Estado hizo saber que, como un actor dentro del expediente, solicitará las condenas más duras para quienes protagonizaron los hechos de violencia.
Los funcionarios locales advirtieron que los delitos que se investigan son estrago doloso agravado, sedición, tentativa de homicidio, y atentado y resistencia a la autoridad, entre otros. En tanto que los daños contra los bienes de uso público están calculados en mil millones de pesos. Las penas en estos casos van de 5 a 25 años de cárcel o reclusión.
Las protestas en Jujuy continúan
Mientras tanto, la situación social en Jujuy continúa agitada. Desde la aprobación de la nueva Constitución, comunidades originarias, apoyadas por partidos opositores, resisten la puesta en vigencia de la nueva Constitución. Para ello han sostenido cortes de rutas diarios y sistemáticos en distintos puntos de la provincia.
Entre sus argumentos, exponen la desconfianza y el rechazo al marco legal que crea la reforma de la carta magna que, interpretan, habilita al gobierno a disponer de las tierras que históricamente ocupan, cotizadas en la actualidad por los yacimientos de recursos naturales como el litio.
El gobierno intenta persuadirlos de que se trata de una interpretación errónea de la nueva norma constitucional, pero la situación ha escalado hasta un punto de quiebre en el que el diálogo resulta inverosímil. El contexto político local, en tanto, empieza a verse permeado por la división: los Concejos Deliberantes de Humahuaca, Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca y Libertador General San Martín declararon su rechazo a la reforma que impulsó el oficialismo jujeño.
Los cortes de rutas este jueves 6 de junio fueron 13 y se extendieron en la zona de la quebrada de Humahuaca y la región de la puna. Las jornadas previas afectaron las cercanías al aeropuerto de la provincia y a la zona de las yungas, en dirección al Parque Nacional Calilegua.
El gobierno informó en las últimas horas que hay una preocupación profunda en los comerciantes que se dedican al turismo por la abrupta caída de reservas hoteleras para el mes de julio, uno de los momentos más importantes en el año para la actividad turística de la que viven, según cifras oficiales, 25 mil personas en Jujuy. /Luis Cáceres p/Infobae—FOTOS: TN—BAE Negocios—SOL 91.5
