“La caja que me atribuyen es bastante más chiquita que la que vamos a usar cuando hagamos la revolución de las 3 T (tierra, techo y trabajo)”.
Así, Juan Grabois retrucó este miércoles al escándalo por la plata que gastó el fondo fiduciario que manejó durante el gobierno de Alberto Fernández. «No me metas en quilombos. Sólo te voy a contar que se hace el superado pero estalla de furia», le señala a Clarín un dirigente social que lo vio en los últimos días.
La caja de la que habla el confidente del Papa es el FISU, Fondo de Integración Social Urbana. Caja, en política, es dinero para hacer política. Lo saben todos y Grabois también, más allá de que esté maquillada con otro fin, en este caso el de supuestamente urbanizar las villas que figuran en el Renabap.
Grabois dice que el FISU es una cajita «chiquita». Según un informe de sus propios militantes, ese fondo fiduciario gastó en los cuatro años de Alberto Fernández y Cristina Kirchner 1.244 millones de dólares. Una ganga.
Clarín accedió al boletín completo que mandó a hacer Miño. «Al principio lo confeccionamos para subir a las redes sociales. No nos dimos cuenta de las cifras escandalosas que pagaba un estado quebrado. La ola que generó la entrada de Milei al balotaje, proponiendo un Estado más responsable con sus gastos, nos prendió una luz de alarma. Creo que por eso se decidió sólo subir a las redes una parte de ese informe», señala uno de los funcionarios de la Secretaría de Integración Socio Urbana que asegura conocer «al dedillo» la sobrefacturación de las obras que se hicieron con el FISU.
La cajita de Grabois no fue algo fácil de armar. Muchos ministros de Alberto Fernández se intimidaron ante los miles de millones de pesos con los que contaba el FISU. $264.267 millones, para ser exactos. «Es tan cierto que algunos altos funcionarios se asustaron pero otros entraron en guerra con Grabois para meter mano en el cofre», le indican a Clarín.
Desde el vamos, María Eugenia Bielsa habría renunciado a su cargo de Ministra de Habitat para no quedar pegada en esas cuestiones. «Hay que reconocer que tuvimos un gobierno que robó, y mucho», se sinceró públicamente más tarde.
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También hubo mucho ruido (y apetencias personales) en las gestiones de Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz. Todos ellos fueron jefes de Desarrollo Social y Grabois le mostraba los dientes en la calle, con movilizaciones de sus agrupaciones.
En el fondo de esos enfrentamientos, valga la redundancia, estaba el fondo fiduciario. «Gastaron 1.244 palos verdes. Entiendo que en esta Argentina descompuesta una inmoralidad tapa a la otra. Y no hablo del objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los más marginados. Sino del choreo que se hacía con esa guita. Comían todos», sostienen en el SISU.
Máximo Kirchner fue mucho más que un diputado nacional en la estructura de poder del último gobierno peronista. Incluso en La Cámpora hay quienes lo ensalzaban llamándolo «arquitecto». Como lo hizo con Martín Insaurralde, el hijo de Cristina Kirchner fue clave para crear el FISU. Es decir, para colmarlo de recursos públicos, ya que allí entraba el 9% del Impuesto País y también otra tajada del Impuesto a la Grandes Fortunas. Ambos tributos fueron promovidos por el todavía presidente del PJ bonaerense.
Grabois no sólo hizo obras de vivienda. Si no que también invirtió fuerte en los campos, quizás una debilidad por su histórico enfrentamiento con el sector rural.
En el documento figura la compra, en dólares cuando no había dólares, de extensas parcelas rurales para urbanizarlas y mudar allí a los habitantes de los barrios carenciados. No se conoce si, a pesar de la inversión, algún vecino de las zonas postergadas logró instalarse en esos lugares.
Javier Milei decidió eliminar el FISU «por la guita que se chorearon», según gritó en los medios. No serviría de nada sin identificar y denunciar a los responsables. «Las pruebas brotan como los pesos en la Casa de la Moneda», aseguran.
Lamentablemente, al presidente no le interesaría demasiado perseguir a los culpables. «Ante estos temas que nadie duda que son escandalosos, Javier nos mira, encoje los hombros, y dice que es una cuestión de la Justicia», reconoce un miembro del Gabinete.
El FISU no sería FISU sin el BIFISA. Todo un trabalenguas. El BIFISA es manejado por Máximo Kirchner. Lo administra políticamente La Cámpora mendocina. La jefa, que no es jefa en el directorio, pero es la que manda, se llama Anabel Sagasti. Una aguerrida militante cristinista, que nunca se cansa de juntar recursos públicos para quizás llegar (algún día) a gobernar Mendoza. La dicha se lo viene negando hace varios años, mas allá de que plata de la política nunca le faltó. Su último fracaso fue en diciembre. Quedó lejos.
El que sí figura como CEO Camporista en los papeles de BIFISA es su ex compañero de fórmula, Jorge Tanus.
Algún día, quizás no tan tarde, se sabrá algo que ya casi todos saben: las millonarias comisiones que cobraba el BIFISA por esos US$ 1.200 millones que Máximo se regaló a sí mismo utilizando la sobreactuada sensibilidad social de Grabois.
La pobreza parece que garpa, aunque el beneficio no precisamente incluiría a los pobres
«Lo de Maxi (por Kirchner) con Martín (por Insaurralde) y Sergio (Massa) fue un vueltito al lado de la fortuna que levantó La Cámpora con el BIFISA», indica un jefe peronista del GBA que asegura conocer bien la tramoya.
El BIFISA habría pagado parte de la campaña de Unión por la Patria en Mendoza y de varias otras jurisdicciones, incluso intendencias del Conurbano apetecidas por La Cámpora. /Mariano Roa- Clarín- Foto Télam