Tan solo una semana después de asumir, el jefe del organismo promovió a María Eugenia Fanelli a un puesto clave con un aumento salarial significativo.
Siete días después de ser designado como titular de la Dirección General Impositiva (DGI) por el presidente Javier Milei, Andrés Vázquez firmó el ascenso de su pareja, María Eugenia Fanelli, a un cargo de alta relevancia dentro del organismo, salteando rangos intermedios y con un aumento salarial considerable. Fue un auténtico escándalo, que con el correr de las horas va tomando repercusión.
Según informó La Nación, la disposición, firmada únicamente por Vázquez, permitió que Fanelli pasara de ocupar una jefatura de sección técnico-jurídica, con un sueldo neto aproximado de entre 3,8 y 4,2 millones de pesos, a liderar la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires. Este puesto, uno de los más importantes en el área metropolitana, implica la fiscalización de medianas y grandes empresas y conlleva un salario que oscila entre los 7 y 8 millones de pesos.
El nombramiento, registrado en la Disposición 182/2024, también implicó el traslado de Luciano Botto Rostom, quien ocupaba previamente el cargo, a la Dirección Regional de Mercedes.
El Código de Ética del organismo prohíbe explícitamente la intervención en cuestiones donde exista un interés personal o vínculo conyugal. Sin embargo, fuentes internas describieron la promoción como “inusual” y “anormal”, al considerar que podría colisionar con dichas normativas éticas.
El vínculo entre Vázquez y Fanelli se remonta a años atrás, cuando coincidieron en la Dirección Regional Sur Metropolitana. A pesar de las controversias que rodearon su carrera, incluido un sobreseimiento judicial en una causa por cuentas no declaradas en el extranjero, Vázquez recuperó relevancia política tras la llegada de Javier Milei al poder.
El jefe de la DGI, acusado en varias oportunidades
El funcionario designado por el presidente Javier Milei para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación tributaria está en el centro de la controversia. Se trata de Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI), quien, según una investigación periodística, compró propiedades en Miami a través de sociedades offshore que no fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción.
De acuerdo a la información publicada a mediados de diciembre por el periodista Hugo Alconada Mon, de diario La Nación, y respaldada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Vázquez figura como titular de las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, ambas radicadas en Panamá.
Estas sociedades realizaron las siguientes compras:
– El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp pagó US$ 710.000 por un departamento en el exclusivo edificio Icon Brickell, en Miami.
– Al día siguiente, la misma offshore adquirió otro departamento en la avenida Brickell 1060 por US$ 350.000.
– El 20 de julio de 2015, la sociedad Pompeya Group Corp compró una suite en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en Sunny Isles, por un valor de US$ 980.000.
Posteriormente, y tras la exposición de los Panamá Papers en 2016, Vázquez insertó a la sociedad Galanthus Capital Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, como controlante de Alcorta y Pompeya. La investigación también reveló que Galanthus sigue siendo titular de las sociedades offshore panameñas y, por lo tanto, de dos departamentos en Miami, cuyo valor actual asciende a US$ 1.690.000.
Alconada Mon publicó copias de la documentación que vincula directamente a Andrés Vázquez con las propiedades, incluyendo registros de la empresa Trident Trust, donde se categoriza al funcionario como «Persona Políticamente Expuesta». El documento incluye una copia del pasaporte de Vázquez, con los mismos datos de contacto que figuran en los registros oficiales.
La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas que incluyan la totalidad de sus bienes, tanto en el país como en el exterior. Sin embargo, en su última declaración presentada en octubre del año pasado ante la Oficina Anticorrupción, Vázquez informó la titularidad de diez inmuebles en Argentina, pero omitió cualquier referencia a las sociedades offshore y las propiedades en Miami. /lmneuquen.com
