El Ministerio de Justicia pidió ante la CIDH que se ponga fin al régimen excepcional que rige desde 2017 y que la dirigente jujeña cumpla su condena de 15 años en un penal.
El Ministerio de Justicia solicitó el cese de la prisión domiciliaria de Milagro Sala para que cumpla su condena en una unidad penitenciaria. El pedido fue reiterado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que reclamó que la dirigente jujeña deje el régimen excepcional que mantiene desde 2017.
Según informó la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, la presentación sostiene que Sala, exlegisladora provincial y líder de la organización Túpac Amaru, cuenta con una condena firme a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, por lo que debería cumplir la pena «en la cárcel, sin privilegios».
En el escrito elevado al tribunal internacional, el Gobierno rechazó los planteos de la defensa de Sala, que denuncian un supuesto «hostigamiento judicial», y aportó documentación sobre la situación actual de la condenada. En ese marco, afirmó que la dirigente incumplió las condiciones de la prisión domiciliaria al modificar su lugar de residencia sin autorización judicial.
Desde el Ministerio explicaron que ese incumplimiento activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y derivó en controles propios del régimen de ejecución penal. A su vez, advirtieron que presentar esas medidas como hostigamiento busca «invertir la carga de los hechos» para sostener un beneficio que, según el Gobierno, ya no tiene justificación.
La cartera de Justicia remarcó que la Argentina cumple con sus compromisos internacionales, pero cuestionó que la medida dispuesta por la CIDH haya derivado, en los hechos, en un beneficio permanente para una persona con condena firme. En ese sentido, sostuvo que el régimen de prisión domiciliaria terminó funcionando como una excepción injustificada.
En el cierre del comunicado, el Gobierno enmarcó el pedido en la política general de la administración de Javier Milei y afirmó que no habrá privilegios para dirigentes condenados. «Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para garantizar impunidad», señaló el Ministerio, al tiempo que insistió en que el lugar para quienes tienen condena firme es la cárcel. /Fuente: El Liberal
