Con la presencia autoridades, legisladores nacionales y provinciales se analizaron diferentes aspectos que atraviesa la discapacidad a nivel nacional.
El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, continúa fortaleciendo una agenda de diálogo, articulación y acompañamiento junto a instituciones y organizaciones vinculadas a la discapacidad.
En este marco, se desarrolló una nueva instancia de la mesa de trabajo correspondiente al mes de septiembre, con la participación de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; los diputados nacionales María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti; la diputada provincial Mariela Ortiz; y representantes de organizaciones de El Carmen, San Salvador de Jujuy, Palpalá, Tilcara y La Quiaca.
La emergencia en discapacidad, eje del encuentro
Durante la reunión se abordaron las principales situaciones que atraviesan las instituciones y organizaciones en relación con la realidad de la discapacidad a nivel nacional, con especial atención a la implementación y alcance de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad y su impacto en las políticas públicas provinciales.
La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, destacó la importancia de sostener espacios de participación directa con las organizaciones. “Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, como parte de un Gobierno siempre presente, queremos que las instituciones cuenten con este espacio para poder socializar las situaciones que suceden en la temática a nivel nacional y que podamos acompañarlas desde la Provincia, fortaleciendo las políticas públicas para garantizar más derechos, más oportunidades y mejor calidad de vida”, expresó.
Asimismo, anticipó que la agenda de trabajo continuará durante la próxima reunión, donde se prevé acompañar a las instituciones en aspectos vinculados con su situación legal y jurídica. “En la próxima reunión queremos acompañar a las instituciones para poder abordar su situación legal y regularizar su situación jurídica”, señaló.
Organizaciones y legisladores articulan propuestas
Por su parte, la diputada nacional María Inés Zigarán explicó que el proyecto de prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad propone extender su vigencia por un año más, actualmente prevista hasta el 31 de diciembre de 2026.
Durante el encuentro, destacó la importancia de sostener espacios de diálogo con organizaciones y de que los planteos recogidos puedan traducirse en medidas que permitan fortalecer y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
En este sentido, puso en valor el compromiso del Gobierno de Jujuy, encabezado por el gobernador Carlos Sadir, y el trabajo que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Humano para sostener políticas destinadas a las personas con discapacidad y sus familias.
Zigarán explicó además que el tratamiento de la prórroga fue girado a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para avanzar con su análisis y dictamen. Las comisiones abordarán próximamente los proyectos vinculados con la extensión de la emergencia hasta 2027 y otras iniciativas relacionadas con la situación económica de las familias argentinas.
A su turno, el diputado nacional Jorge Rizzotti destacó la importancia de acompañar la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad y valoró la mesa de trabajo como una instancia para reunir las voces de las organizaciones y trasladar sus planteos al ámbito nacional.
“Queremos acompañar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. Lo positivo de esta reunión es que podamos comunicar todo lo expuesto por las organizaciones, recibir sus inquietudes e informar para dar la discusión a nivel nacional”, expresó.
La jornada contó además con la participación de la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena, y la directora provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque.
Durante el encuentro, las instituciones compartieron sus inquietudes, necesidades y propuestas, además de poner en común las experiencias de articulación que mantienen con el Estado provincial, fortaleciendo una agenda de trabajo conjunto orientada a garantizar derechos y promover la inclusión.
