En el sistema público figura que el fondo terminó una red cloacal, pero el municipio de San Isidro dice que solo avanzaron 42%; es en el barrio de la exfuncionaria que manejaba el programa
Con solo un 6% de finalización de las obras y la mayor parte del dinero ejecutado, el fondo fiduciario para la integración sociourbana (FISU) está en la mira. Fernanda Miño, la militante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), asociada al dirigente kirchnerista Juan Grabois, fue la encargada de utilizar el multimillonario presupuesto para urbanizar villas. Algunas, en su propio barrio: La Cava, San Isidro.
Miño, la responsable del fideicomiso, empezó a trabajar políticamente en San Isidro, el mismo municipio en el que se crió Grabois. Múltiples fuentes comentaron a LA NACION que ya no vive ahí y que se la ha visto con una importante camioneta, lo cual es corroborado por su declaración jurada de 2023, en la que refiere haber adquirido en noviembre de 2021 una Dodge Journey usada (año 2012) con su marido.
En La Cava o barrio 20 de Junio se habrían finalizado dos obras, de acuerdo a los registros. Una sería una red cloacal que habría beneficiado a 1150 familias y para la que fueron asignados $134.163.743,79. El segundo proyecto fue el de mejoramientos de vivienda para 12 hogares, por $9.319.475,4. Los vecinos reportan que se ayudaron a familias amigas de los “promotores del barrio”.
Con respecto al primero, el sistema del FISU reporta que están terminadas, pero el municipio de San Isidro informó que solo se hizo un 42% de la red. Los vecinos dicen que desde diciembre que ningún trabajador de obra ni los agentes estatales aparecen por la zona. LA NACION recorrió el lugar donde deberían estar los caños, en el perímetro entre las calles Av. Andrés Rolón, Hudson, Intendente Neyer (la calle donde viviría Miño), Intendente Tomkinson, Riobamba y Jorge Newbery, en Béccar, San Isidro.
Sobre el pasaje sin nombre que continúa la calle Ada Elflein corre un caño maestro. El precario pavimento quedó destruido y es imposible para una moto transitar por allí. A los costados se abren conexiones a las casas (no son más de 50, comparado con las 1152 que dicen haber beneficiado) de manera precaria y algunos están interrumpidos. En las esquinas rebalsa el agua, algo que se supone debía solucionar la obra, pero empeoró con la intervención que hizo el FISU.
En las casas se presentan dos problemas. Algunos vecinos contaron a LA NACION que no funciona el sistema. Habitantes del barrio mostraron que las mochilas de los inodoros no se llenan y que empeoró, por algún motivo que no comprenden, la presión del agua. Usan el pozo séptico, pero ahora tienen que ir a buscar agua a casas vecinas.
Casi llegando a la calle Rolón, un grupo de residentes se organizaron, cerca del 24 de diciembre, para romper partes de la calle para solucionar un problema con el caño maestro por que la forma en la que hicieron la obra lo aplastó, lo que provocó inundaciones y desbordes de materia fecal dentro de los domicilios. Una familia incluso invitó a pasar a LA NACION a ver el agujero que debieron hacer alrededor de la conexión para evitar que continúen subiendo las heces humanas.
Según fuentes, las obras fueron adjudicadas a Vientos de Libertad, una agrupación con sede en decenas de puntos del país, incluido en el barrio La Cava, “rama del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)”, según su propia descripción en redes sociales.
La filial sanisidrense publicó también que la SISU le aportó los fondos para hacer un espacio comunitario en el barrio, aunque esa obra no figura en los datos del fideicomiso. “Como resultado del trabajo articulado entre la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la rama de construcción del MTE, abrimos las puertas de un nuevo SUM equipado con cocina, oficinas, galería, salón de usos múltiples. Nosotres construimos comunidad. Tenemos un método y tenemos los objetivos claros: Tierra, Techo y Trabajo, Salud y Educación para nuestrxs pibxs”, postearon. Fuentes del Gobierno aseguraron, además, que encontraron 700 empleados dentro del fondo, “militantes de Grabois”. Ya se habría despedido cerca de un 30% de esa planta. /Camila Dolabjian /LA NACION
