Una serie de leyes fueron acompañando el pacto social sobre la última dictadura. El Gobierno de Milei rompió el consenso y revisitó ese período con la idea de la “Memoria completa”.
La sesión del pasado miércoles en el Senado dejó al desnudo el absurdo de que ni siquiera en algo tan siniestro como el horror que significó la última dictadura militar en la Argentina fue posible acordar en el Congreso una declaración política que reflejase una base de consensos mínimos sobre el proceso inaugurado el 24 de marzo de 1976 por el golpe cívico militar.
Desde el 2003 en adelante, con la llegada de Néstor Kirchner al poder, se generalizó un consenso inexpugnable respecto al “Nunca Más”, un pacto de tolerancia cero a cualquier atisbo de reivindicación del terrorismo de Estado y de la ruptura del orden democrático, del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, con una visión de los años 70’s que concentraba la responsabilidad en las atrocidades de la dictadura genocida.
La narrativa de la “Memoria Completa”, que recuperaba la “teoría de los dos demonios” y ponía al Gobierno de facto militar como una derivación necesaria para sofocar la violencia previa que irradiaban las organizaciones guerrilleras, denominadas “subversivas” o “terroristas”, había quedado reducida a expresiones residuales de grupos muy marginales, sin capacidad de penetración real en la sociedad.
En la última década, estas voces marginales empezaron a filtrarse capilarmente entre las grietas de una sociedad rota, moralmente doblegada por traumas económicos y sociales, pero recién con la llegada de Javier Milei a la presidencia y Victoria Villarruel a la vicepresidencia la visión de la “Memoria Completa” y la “teoría de los dos demonios” se volvió la política oficial del Estado argentino.
Si persistía alguna duda, el Gobierno ratificó esta postura con la difusión del video grabado en la víspera del 24 de marzo del año pasado que llevaba la voz en off del presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje, un personaje ultraconservador vinculado del ecosistema libertario que se dedica a dar la “batalla cultural” con millonarios aportes internacionales.
El miércoles pasado, La Libertad Avanza se negó a acompañar en el Congreso la declaración propuesta por el senador Eduardo “Wado” de Pedro a propósito del aniversario 50° del golpe, e incluso la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, hizo levantar a su bancada con el único propósito de dejar sin número la sesión y boicotear la votación.
Al ver que ninguna de las fuerzas dialoguistas ni aliadas siguieron al oficialismo en esa maniobra, a La Libertad Avanza no le quedó más remedio que volver a sentarse en el recinto y abstenerse, sin poder cambiar el curso de la votación, que salió aprobada por amplia mayoría.
La declaración propuesta por el camporista, que es hijo de desaparecidos, destacaba “el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina a partir de 1983, expresado en el principio del Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho”.
Infructuosamente, Bullrich intentó modificar la redacción incluyendo la “condena a cualquier tipo de violencia plasmado en el concepto del Nunca Más”, con la implícita inclusión de los crímenes realizados por organizaciones guerrilleras.
Previamente, el senador Joaquín Benegas Lynch había sentado la postura de su bloque, reclamando por la “verdad completa histórica de la Argentina”.
“Hubo un golpe de Estado como consecuencia de hechos terroristas por grupos guerrilleros que asesinaron inocentes y esa es la verdad completa y creo que nos tenemos que poner de acuerdo que no tiene que pasar más ninguna de las dos cosas. No podemos avalar el terrorismo guerrillero y no podemos avalar nunca más la fuerza del Estado contra los ciudadanos”, subrayó el libertario, cuando todavía creía que su postura tenía chances.
Más allá del desenlace, este episodio deja traslucir que más allá de la visión del Gobierno, existe una porción importante de la política que aún conserva anticuerpos para defenderse frente a una estrategia de banalización que intenta equiparar crímenes comunes con el terrorismo de Estado, como si las cargas de responsabilidad fueran simétricas, o peor aún, como si lo segundo fuera consecuencia de lo primero.
El Congreso y la memoria por el 24 de marzo, a lo largo del tiempo
Esta sórdida disputa por el sentido sobre los setentas en la Argentina, que se abrió como nunca con el Gobierno de Milei, había quedado transitoriamente detenida después de la crisis del 2001.
En agosto del 2002, se consagró el 24 de marzo como «Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia» a través de la ley 25.633, que instauró una jornada de reflexión colectiva y crítica sobre la tragedia que trajo el golpe cívico militar.
Mediante esa norma, se dispuso que todos los establecimientos educativos incluyeran en los respectivos calendarios escolares jornadas alusivas al Día Nacional, con el objetivo de «consolidar la memoria colectiva de la sociedad, generar sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspiciar la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos».
En el 2003 y a instancias un proyecto de la diputada de izquierda Patricia Walsh, que recibió el apoyo del Gobierno de Kirchner, se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final («leyes del perdón») que el Gobierno de Raúl Alfonsín había impulsado en 1986 en medio de amenazas de golpe militar.
Con esa decisión política terminó la impunidad de los genocidas y se reabrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad, al tiempo que se iniciaron nuevos.
El 20 de marzo del 2006, el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, que había sido declarado en 2002, pasó a ser feriado nacional inamovible a partir de la aprobación de la ley 26.085.
En 2017, el Gobierno de Mauricio Macri dictó un decreto declarando la movilidad del feriado pero fue dejado sin efecto por la resistencia de la oposición. Ese año también hubo una multitudinaria marcha en contra del fallo que establecía la conmutación de la pena para genocidas.
Producto de esa movilización histórica por su masividad inédita, el Congreso aprobó en un mismo día y en cuestión de pocas horas en ambas cámaras una ley que prohíbe la aplicación del “dos por uno” a los delitos de lesa humanidad.
Durante el Gobierno del Frente de Todos se presentaron varios proyectos de ley «antinegacionistas», que apuntan a prevenir y sancionar las conductas y discursos públicos que niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Argentina y los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino.
También proponen la formación obligatoria en derechos humanos para funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado y sanciones a quienes tengan responsabilidades institucionales y promuevan discursos negacionistas.
Algunos proyectos “anti negacionistas” no se reducen al negacionismo de los crímenes de lesa humanidad sino que también sancionan la negación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y de la existencia de epidemias o pandemias que pongan en riesgo la salud pública.
A mediados del 2024 estalló una polémica en el seno del Congreso cuando se conoció que un grupo de diputados de La Libertad había visitado en el penal penitenciario de Ezeiza a represores de la última dictadura cívico militar condenados por delitos de lesa humanidad, entre quienes se encontraba Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Carlos Suárez Mason (h) y Adolfo Donda.
El plan fue impulsado por el diputado libertario Beltrán Benedit, y contó con la participación de María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci (aunque ésta última desistió de entrar al penal a último momento).__IP__
La visita, que se realizó con vehículos oficiales de la Cámara baja, había sido facilitada por el cura Javier Olivera Rabasi, y tenía como objetivo compartir con los genocidas un proyecto para morigerar sus penas.
La difusión pública de una foto en el penal de los diputados libertarios con los represores provocó fuertes cuestionamientos de la oposición, que intentaron sin éxito sancionar a los legisladores, y también provocó una interna inusitada en el bloque oficialista, que terminó con el alejamiento de Arrieta. /Sebastián Hadida / #AgenciaNA
