Referentes de organizaciones sociales acusaron al oficialismo y a la Justicia de perseguir a quienes denuncian que el ajuste no apunta a “la casta”; la causa se inició por una presentación de Patricia Bullrich en base a llamadas al 134
Reunidos frente al Congreso, dirigentes piqueteros de distintas agrupaciones calificaron como un “ataque” y una “persecución política” los 27 allanamientos dispuestos hoy por la Cámara Federal porteña en una causa que investiga a referentes sociales acusados por el Gobierno de haber extorsionado a beneficiarios de planes para que acudieran a marchas o entregaran parte de los ingresos que cobraban del Estado.
“Esta es una causa contra las organizaciones que estamos luchando contra el Gobierno porque ha abandonado a su suerte a las personas que tenían la necesidad de ir a un comedor social”, inició Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, rodeado por dirigentes de la UTEP, Coordinadora por el Cambio Social y Frente de Lucha. “Estamos frente a un Gobierno que quiere destruir la organización popular”, enfatizó, para advertir que las organizaciones sociales se van a defender “en todos los terrenos”.
“Lo que quieren quebrar acá es ese tejido social que hay en los barrios, de organización comunitaria, que es lo que frena el narcotráfico. Porque no solo quieren darle el blanqueo al narcotráfico, sino también quieren quebrar a las organizaciones comunitarias y religiosas, a las ONG”, denunció Charly Fernández, del Frente de organizaciones en Lucha (FOL), en alusión al blanqueo que impulsa el Gobierno en el Senado y que ya fue aprobado en Diputados junto a los proyectos de Ley Bases y la reforma fiscal.
Fernández insistió: “Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos. Acá no importan los dirigentes, lo que importa es que se están limpiando los barrios para que los narcos tengan el control y no estemos las organizaciones poniendo el cuerpo para llevar a los pibes a estudiar y sacándolos de la miseria y del delito”.
“No somos los delincuentes las organizaciones sociales, los delincuentes están acá adentro [por el Congreso], que se fugaron guita y tendrían que estar presos por traición a la Patria”, completó.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, manifestó primero su solidaridad con los “compañeros y compañeras, honestos y sacrificados, que todos los días de su vida deciden meterse en los barrios más humildes a tratar de construir algo más justo”, para luego apuntar contra el oficialismo: “Lo que ha pasado hoy se inscribe en una política de atacar sistemáticamente a todos aquellos que hemos decidido hacer visible que este Gobierno no vino a ajustar a la casta política ni a los empresarios prebendarios, sino que vino a empobrecer al 80% de la población argentina”.
“Lo que han hecho hoy ha corrido límites”, finalizó Gramajo, para darle la palabra a Hugo “Cachorro” Godoy, dirigente de ATE y líder de la CTA Autónoma. “Buscan la suma del poder público para gobernar por decreto por cuatro años y arrasar con la democracia. Para eso, el complemento fundamental es la utilización de un sistema judicial al servicio de los ricos y las multinacionales”, denunció Godoy.
En los operativos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y dinero en efectivo, relató una fuente oficial que trabaja en el caso. Las abogadas de las organizaciones piqueteras denunciaron que algunos allanamientos fueron ilegales porque comenzaron cuando aún era de noche, que se sustrajeron elementos que no eran requeridos y que se produjeron en medio de violencia policial. Recordaron, además, que el juez de la causa, Sebastián Casanello, había desaconsejado los allanamientos.
La decisión de que se allane la tomó la Sala I de la Cámara, que hizo lugar a un pedido del fiscal del caso, Gerardo Pollicita. Firmaron el fallo los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Pollicita le había solicitado los allanamientos -además de una serie de detenciones- al juez de la causa, Sebastián Casanello, que el 19 de abril entendió que era prematuro disponerlos. Pollicita apeló. La Cámara revocó esa decisión del juez e hizo lugar a lo solicitado por el fiscal.
En los últimos días, el juzgado de Casanello, que tiene delegada la instrucción del caso en la fiscalía de Pollicita, avanzó con los allanamientos con total hermetismo. También la Cámara había considerado que era peligroso que lo dispuesto tomara difusión y ordenó expresamente en su fallo “mantener la reserva” de lo dispuesto para que no se frustraran las medidas. Por eso, si bien el fallo se firmó el jueves pasado, se conoció recién hoy.
Los allanamientos fueron en domicilios particulares de personas cuyos teléfonos buscaba la Justicia y en diferentes sedes de comedores populares identificados como “Rivadavia I”, “La Carbonilla”, “Mariano Ferreyra”, “Kuña Guapa” y “Caminos de Tiza”. También en depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas, de acuerdo con el fallo de la Cámara.
Tras las primeras publicaciones periodísticas, el Ministerio de Seguridad difundió esta mañana un comunicado en el que dio cuenta de los “27 allanamientos” y precisó: “Las medidas judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha”.
La denuncia del Gobierno fue en base a los reclamos recibidos en la línea 134, habilitada el 19 de diciembre pasado por el Ministerio de Seguridad para recibir denuncias de amenazas, aprietes o extorsiones. Según informó el Gobierno, recibieron más de 20.000 comunicaciones en menos de una semana.
En su fallo, la Cámara recordó que “se denunció la recepción de diversos llamados en la línea 134, con el objeto de que se investigue la conducta presuntamente ilícita de quienes, actuando como representantes de organizaciones sociales, habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
El tribunal recordó además que se delimitó la instrucción a “los 45 llamados sobre hechos que versaron en esta ciudad”, por la ciudad de Buenos Aires.
En la causa se investiga además cómo se canalizaron los supuestos fondos ilícitos obtenidos vía extorsión. Para eso, se levantó el secreto fiscal respecto de los acusados. Según la hipótesis del fiscal, el dinero se habría canalizado a través de cooperativas, pero se desconoce su destino final.
Para Casanello, no era momento todavía para avanzar con los allanamientos y, primero, debían ser citadas a declarar como testigos 12 personas. La Cámara, en cambio, coincidió con el fiscal: dijo que postergar estas medidas “genera una prolongación de la pesquisa y la posible consecuencia de que se frustre la preservación de los elementos probatorios necesarios para la investigación”.
Para el fiscal era central hacerse de los “dispositivos electrónicos” de los imputados. Lo mismo entendió la Cámara, que dijo: “La mayoría de las exigencias coactivas y extorsivas eran transmitidas por allí”. En paralelo con los allanamientos, Casanello ordenó los secuestros de teléfonos y computadoras.
El fallo de la Cámara revocó además la decisión del juez de dejar sin efecto una serie de intervenciones telefónicas en curso y de citar a testigos. /La Nación
