El Gobierno confirmó la eliminación total impositiva, con la mira puesta en incrementar la competencia y a generar una reducción de precios cercana al 30%.
Este jueves los teléfonos celulares importados dejan de pagar aranceles aduaneros, una medida que, según el Gobierno, busca incrementar la competencia y a generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores. Sin embargo, las autoridades advierten que el impacto no será de efecto inmediato.
Para el ministro de Economía Luis Caputo, se trata de «un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos».
La medida se remonta al decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, en el que la administración libertaria redujo el gravamen de estos dispositivos del 16% al 8%. En esta nueva etapa, pasarán directamente a 0%. En dicho decreto ya se habían eliminado las alícuotas para celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego, que pasaron del 9% al 0%.
A su vez, se bajaron los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos importadas del 19% al 9,5%.
Entre sus fundamentos, el Gobierno destacó que la medida “mejorará las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.
«Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos», señaló el jefe de Gabinete Manuel Adorni en su cuenta de X.
Preocupación sindical por la quita de aranceles
Desde la seccional de Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica expresaron una fuerte preocupación por la quita de aranceles.
“Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”, sostuvo el secretario adjunto Marcos Linares.
El dirigente recordó que durante 2025 el gremio lanzó un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción electrónica en las plantas de Río Grande.
Desde el sindicato advirtieron entonces que la medida “afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.
Linares subrayó que el régimen industrial fueguino representó el 78% de la economía provincial y que la industria electrónica generó alrededor de 8.500 puestos de trabajo en la isla.
Este esquema productivo se creó en 1972 y, según lo establece la ley vigente, exime del pago de todo impuesto nacional a las actividades, hechos u operaciones que se realicen en Tierra del Fuego, lo que históricamente incentivó la radicación industrial en la región. /ámbito.com
