Un gendarme denunció haber sufrido durante años abusos sexuales, torturas y encubrimiento dentro de Gendarmería Nacional, y la Justicia Federal de San Juan abrió una causa, lo reconoció como querellante y ordenó medidas de protección e investigación contra los altos mandos acusados.
El caso es uno de los expedientes más graves que hayan ingresado en los últimos años al juzgado Federal Nro. 2 de San Juan. René Ariel Bordón, odontólogo y oficial, presentó una denuncia penal estremecedora: acusa a dos altos mandos de Gendarmería Nacional —el comandante principal Darío Fabián Barco y el segundo comandante Gustavo Manuel Aranda— de someterlo durante años a abusos sexuales sistemáticos, coacción, amenazas, golpes, hostigamiento laboral y tortura psicológica.
La denuncia patrocinada por Milagros Grassi, a la que accedió REALPOLITIK, describe un cuadro de sadismo institucional, encubrimiento interno y un sistema de protección jerárquica que —según sostiene la víctima— operó para silenciar los abusos y obligarlo a un retiro obligatorio con un diagnóstico falso.
La causa ya está en pleno trámite judicial y el juez federal Federico Millán Ursino no solo admitió a Bordón como querellante, sino que además ordenó una batería de medidas de prueba, pidió los legajos completos de los denunciados y dictó prohibiciones de acercamiento, contacto y un perímetro de exclusión de 500 metros para los tres imputados.
“Lo que viví no fue un maltrato. Fue tortura”
Bordón ingresó a Gendarmería Nacional Argentina en 2012. Su relato es claro: todo cambió cuando asumió Barco como jefe del Centro de Formación “Félix Manifior”, en Barreal, San Juan. “Desde su llegada comenzó mi calvario”, afirma.
A partir de ese momento —según describe la denuncia— Barco y Aranda instalaron un sistema cotidiano de humillaciones, abusos y violencia extrema. Entre los pasajes más brutales, Bordón narra:
– “Aranda me encerró en una oficina, se tocó el bulto delante mío y me dijo que se me habían acabado los privilegios”.
– “Me hacían sostener una hoja en la mano para verme temblar. Mientras tanto me golpeaban, me tocaban y se burlaban de mí”.
– En diálogo con este medio aseguró: “Hubo episodios de violencia sexual extrema en los que se me impusieron actos destinados a degradarme y someterme. Me obligaban a cumplir órdenes en un contexto de intimidación y abuso de poder. Esos hechos marcaron mi vida”.
– “Fui víctima de actos sexuales no consentidos de alto nivel de degradación, utilizados para someterme y humillarme. Parte de esos episodios incluyeron órdenes y conductas de clara violencia sexual que no puedo detallar públicamente por su crudeza”, afirmó a REALPOLITIK.
El documento detalla que muchas de estas agresiones se realizaban a puertas cerradas, en oficinas convertidas —describe la denuncia— en “verdaderas cámaras de tormento”.
En reiteradas ocasiones, los abusos eran acompañados por el uso de armas reglamentarias, que —según Bordón— Aranda utilizaba para apuntarle directamente o para exhibirlas en tono intimidante. “Nunca hubo consentimiento. Fue abuso sexual sistemático. Fue tortura”, resume la víctima.
Amenazas, encubrimiento y manipulación psicológica
El expediente judicial y la denuncia hacen referencia a un segundo eje central: el aparato institucional que habría protegido a los agresores.
Bordón asegura que cuando intentó contar lo sucedido, la psicóloga impuesta por la institución —Graciela Parodi Camuñas, también imputada— lo deslegitimó: “Me dijo que tenía fantasías sexuales con Barco y Aranda”.
Según el denunciante, Parodi cumplió un rol clave en el encubrimiento: jamás denunció los hechos pese a su obligación legal, lo trató como un paciente con desviaciones sexuales y habría contribuido a generar informes médicos que buscaban desacreditarlo.
Paralelamente, el expediente expone que Gendarmería:
– Obligó a Bordón a abandonar su terapia original.
– Fabricó informes laborales falsos.
– Lo forzó a trabajar con insumos odontológicos vencidos.
– Intentó obligarlo a firmar documentos que perjudicaban su legajo.
Finalmente, lo declaró “inútil para todo tipo de servicio”, una calificación que hoy aparece en internet y dificulta su reinserción profesional.
“Fue una maquinaria institucional que me quebró el cuerpo, me trituró la mente y me arrebató el alma”, expresa en otro textual.
La intervención fallida del ministerio de Seguridad
Uno de los elementos más graves revelados en la denuncia es un correo institucional intimidatorio que Bordón y otros recibieron luego de comunicarse anónimamente con el ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, para pedir ayuda. El mensaje advertía que serían sancionados si volvían a contactarse con el ministerio.
Según la denuncia, esto cerró de manera absoluta cualquier vía de auxilio fuera de la cadena jerárquica de Gendarmería.
El giro judicial: el juez certifica gravedad y avanza a fondo
El 6 de agosto de 2025, el juzgado Federal Nro. 2 de San Juan notificó oficialmente una resolución que marca un antes y un después en la causa. En ese marco, el juez Millan Ursino admitió a Bordón como querellante y ordenó abrir sumario por los delitos más graves del Código Penal, incluyendo: abuso sexual con acceso carnal (artículo 119, párrafos 3 y 4, agravado por pluralidad, armas y calidad de funcionario público), coacción agravada (artículo 149 bis), encubrimiento agravado (artículo 277) y abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público (artículo 248).
Además, el juez dispuso medidas urgentes de protección para la víctima, estableciendo prohibición total de contacto, perímetro de restricción de 500 metros y advertencia penal por incumplimiento. En esa línea, ordenó la obtención de documentos clave solicitando: legajos completos de Barco, Aranda, Parodi y de la víctima; registros internos de denuncias o actuaciones desde 2013; historia clínica, informes psiquiátricos y documentación de la baja; y testimonios de todos los profesionales de la fuerza que intervinieron.
Un precedente institucional explosivo
El caso es explosivo por varios motivos. Por un lado, los hechos denunciados son de una gravedad extrema, e incluyen aberraciones sexuales, violencia física y amenazas con armas. Los tres imputados siguen en funciones, lo que —según la denuncia— suspende la prescripción de los delitos.
En ese marco, se investiga un posible entramado institucional de encubrimiento, manipulación psicológica y falsificación de informes médicos. Es por ello que el juez habilitó una investigación profunda hacia adentro de Gendarmería, incluyendo la revisión total de archivos, legajos y actuaciones internas. Y determinó: prohibir la salida del país de los tres involucrados, el apartamiento inmediato de Aranda y un botón antipánico al denunciate.
Si se confirman los hechos, el expediente podría derivar en la caída de mandos históricos de la fuerza y en una discusión nacional sobre mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de instituciones armadas.
“Hoy intento reconstruir mi vida, pero el miedo no se va”
La denuncia finaliza con un textual estremecedor que sintetiza el impacto subjetivo: “Llevo en el cuerpo las marcas del dolor, pero es en los vínculos donde se manifiesta lo más invisible de esa violencia: la imposibilidad de entregarme sin miedo”.
Bordón continúa bajo tratamiento psicológico. El estado argentino, ahora a través del poder judicial, deberá definir si estuvo frente a un caso aislado o ante un sistema de abusos sostenidos dentro de una estructura militarizada con capacidad de neutralizar denuncias.
La causa ya está en marcha. Y promete sacudir a Gendarmería desde sus cimientos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
