El fiscal Stornelli subrayó el rol de la Dirección Nacional de Vialidad como engranaje clave del esquema.
El Tribunal Oral Número 7 retomó este martes la lectura de la elevación a juicio por los escritos de Oscar Centeno del tramo conocido como “La Camarita”. Durante la décima audiencia del debate, que se extendió por cuatro horas, se leyeron 83 fojas del tramo, donde diversos empresarios de la construcción relataron el funcionamiento de un sistema de presiones, recaudación ilegal y cartelización en la obra pública.
En sus declaraciones como arrepentidos ante el fiscal Carlos Stornelli, y que posteriormente fueron homologadas por el juez Claudio Bonadio, los empresarios Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg describieron exigencias de aportes económicos, advertencias explícitas sobre represalias y un entramado que, según sostuvieron, condicionaba quién podía trabajar y quién quedaba fuera del entramado, según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas.
Gerbi, presidente de la constructora COARCO, afirmó que las presiones comenzaron poco después de firmarse contratos de concesión vial. Relató que el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, le trasladó a su socio que “por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias”.
Según su declaración, la negativa inicial derivó en inspecciones, multas, demoras en los pagos y amenazas directas. “Me decía ‘te voy a hacer fundir’, ‘me voy a quedar con tu empresa’, ‘voy a ir por vos y por tu familia’”, sostuvo Gerbi, quien además admitió que ante ese escenario comenzaron entregas de dinero en encuentros pactados en bares y confiterías, con montos equivalentes a entre 15.000 y 25.000 dólares por vez.
Chediak, titular de la sociedad que lleva su apellido, describió un esquema similar al aportado por Gerbi pero con exigencias directas del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido. “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”, recordó que le dijo en una reunión en su domicilio.
Por otra parte, contó que llevó dinero tanto a la casa del ex ministro como al propio ministerio, donde en ocasiones le indicaban que dejara los paquetes “en el baño”. Las sumas, según detalló, iban de 100.000 a 250.000 pesos y tenían frecuencia mensual. Más tarde, señaló, el sistema se centralizó en la figura del financista Ernesto Clarens, quien fue tajante: “Si quieren trabajar van a tener que pagar. Acá se es amigo o enemigo”.
Más declaraciones
Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, describió un mecanismo más estructural. Sostuvo que, desde 2004, por orden del Poder Ejecutivo, se organizó un sistema para asegurar que determinadas empresas ganaran licitaciones y luego devolvieran parte del anticipo financiero como “retorno” para gastos políticos. “La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero”, indicó.
Según los dichos Wagner, las empresas se reunían para definir quién ganaba cada obra y, una vez adjudicada, debían entregar entre el 10 y el 20 por ciento del anticipo. “Mi función era garantizar que el que ganaba pagara”, explicó, y reconoció que su propia empresa, ESUCO, también participó de ese esquema.
Aldo Roggio, por su parte, admitió haber realizado aportes exigidos por Roberto Baratta, aunque aclaró que fueron con fondos personales y por montos inferiores a los reclamados. Reconoció entregas equivalentes a 50.000 y 100.000 dólares y explicó que accedió “ante la evidente probabilidad de represalias” contra su empresa. “El clima que se vivía me representó esa posibilidad”, señaló, y describió al gobierno de entonces como de “neto corte autoritario”.
Finalmente, Marcela Sztenberg, directiva de EQUIMAC, relató el impacto de las presiones en la empresa y en su entorno familiar. Recordó que su socio Eduardo Herbon volvía de reuniones “asustado”, diciendo que “lo estaban apretando y pidiendo plata para la corona”.
Identificó a Clarens como el principal interlocutor y describió encuentros en oficinas del centro porteño y en Puerto Madero. Según su declaración, las exigencias se volvieron insostenibles y, tras comunicar la imposibilidad de seguir pagando, los contactos cesaron, aunque la empresa quedó ahogada por deudas, demoras en los pagos y juicios.
Los imputados colaboradores coincidieron en que no se trataba de aportes voluntarios, sino de condiciones impuestas para evitar sanciones, demoras o directamente la exclusión del mercado.
Por último, se leyó la valoración de la prueba formulada por Stornelli. El acusador público que el sistema en “La Camarita” estuvo orientado a direccionar adjudicaciones, garantizar pagos selectivos y recaudar dinero ilegal a través de retornos exigidos a empresas constructoras.
En esa estructura, Wagner, fue señalado como quien “diagramó el funcionamiento y puso en práctica el sistema de recolección ilegal”. El fiscal remarcó que Wagner garantizaba a los empresarios el otorgamiento de las obras y, al mismo tiempo, el cumplimiento de las erogaciones exigidas. A su lado operó el financista Ernesto Clarens, definido como “el encargado principal de la faz recaudatoria”, responsable de recibir el dinero, cambiarlo en el mercado informal y canalizarlo hacia los destinatarios finales.
Stornelli también subrayó el rol de la Dirección Nacional de Vialidad como engranaje clave del esquema. De acuerdo con los testimonios, desde allí se manejaban listados de prioridades de pago que funcionaban como herramienta de presión y que Cristina Kirchner ocupó “la cúspide de la pirámide esquemática destinada a recolectar la mayor cantidad de dinero posible” y que Julio De Vido, fue el organizador del sistema en el área de obra pública.
El debate se reanudará el próximo jueves a las 9:30, momento en el que se espera sean leídas las últimas 51 fojas del tramo correspondiente a “La Camarita”. #AgenciaNA
