Más de 400 empleados del sector lácteo quedan afectados tras años de incumplimientos y salarios adeudados por parte de la empresa ARSA.
El Juzgado Comercial N°29, a cargo del responsable subrogante Federico Güerri, decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la compañía que durante años elaboró los postres, yogures y flanes bajo la marca SanCor. La resolución judicial, dada a fines de octubre, marca el cierre definitivo de una historia atravesada por irregularidades, promesas incumplidas y una profunda crisis que afecta a más de 400 trabajadores.
El final de ARSA fue el desenlace de un proceso que arrastró conflictos desde su nacimiento. En su constitución participaron fondos vinculados a BAF Capital —asociados a la empresa Vicentin—, y posteriormente ingresaron los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes ya controlaban La Suipachense a través de Maralac S.A.. La desaparición de estos últimos, en los últimos meses, precipitó el colapso total.
La empresa atravesó años de incumplimientos laborales y financieros, y el punto de quiebre llegó en mayo pasado, cuando ARSA anunció que detendría la producción “para reordenarse”. Aquella promesa de reactivación nunca se cumplió. La actividad no se retomó, los compromisos salariales se incumplieron y la deuda con empleados y proveedores creció sin control.
Salarios en negro y desidia patronal
Durante los últimos años, los trabajadores cobraron salarios parciales, en cuotas o con demoras. En los meses finales, la empresa pagaba apenas el 25% del sueldo en negro, pese a exigir jornadas completas. Además, hubo más de tres años sin aportes a la obra social, lo que puso en riesgo la cobertura médica de los empleados. A pesar de ello, el sindicato Atilra sostuvo las prestaciones y asistencia alimentaria.
En la planta de Arenaza (Buenos Aires) trabajaban unas 180 personas, mientras que otras 200 lo hacían en la planta y centro de distribución de Córdoba. Muchos empleados, agotados por la situación, se consideraron despedidos; otros resistieron hasta el final. Hoy, la quiebra judicial confirma el cierre definitivo.
Sospechas de fraude y abandono empresarial
Algunos sectores califican la situación como una “quiebra fraudulenta”, señalando que el concurso de acreedores nunca se presentó de manera formal ni completa. Desde medios especializados, como Bichos de Campo, advirtieron las dificultades para acceder a la documentación respaldatoria.
ARSA, como otras firmas del sector lácteo, fue víctima de malas administraciones y desvíos de fondos, además de una falta total de responsabilidad empresarial. En distintos momentos intentó disfrazar su situación económica e incluso explorar la posibilidad de devolver la línea de productos frescos a la cooperativa SanCor, pero la propuesta fue descartada por el deterioro en la calidad y la irregularidad en la producción.
La sentencia: cierre total y sanciones
El fallo judicial declara formalmente la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A., con domicilio en Azara 841, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dispone su ejecución inmediata. Se ordenó la clausura y constatación de todas las plantas, incluyendo las de Arenaza y Córdoba, y se retiraron las llaves del predio bonaerense.
El Juzgado mantuvo a la sindicatura “Guillemi & Rosental”, bloqueó todas las cuentas bancarias, notificó al Banco Central y dispuso la inhibición general de bienes. También se prohibió el acceso de los directivos a las cajas de seguridad y se ordenó interceptar toda la correspondencia de la firma.
El presidente de la sociedad, Santiago Jesús Segovia Brun, deberá comparecer a una audiencia presencial el 11 de diciembre. En caso de ausentarse injustificadamente, el tribunal autorizará el auxilio de la fuerza pública. Segovia Brun quedó inhabilitado por un año y tiene prohibida la salida del país hasta junio de 2026. La sociedad, en tanto, fue inhabilitada definitivamente.
El juzgado otorgó a los acreedores plazo hasta el 9 de febrero próximo para verificar sus créditos ante la sindicatura y ordenó la transferencia de $83 millones embargados en otra causa al expediente principal de la quiebra.
Un futuro incierto y un sector golpeado
La sentencia pone fin a cualquier intento de continuidad. Los activos de ARSA serán liquidados y su estructura desmantelada. Las consecuencias podrían extenderse a La Suipachense, administrada por la misma firma y con idéntico patrón de irregularidades.
El caso deja expuesta una cadena de silencios cómplices, tanto empresariales como políticos, que durante años permitieron que la situación se degradara sin control. Hoy, el cierre de ARSA no solo simboliza el colapso de una empresa, sino también el fracaso de un modelo de gestión que sacrificó la transparencia, la responsabilidad y, sobre todo, el sustento de cientos de familias.
Fuente: Bichos de Campo (Elida Thiery) con aportes de la Redacción +P.
