El pedido que evaluará la fiscal Fabiana León y eventualmente será homologado por Tribunal Oral Número 7, se comenzará a analizar el próximo viernes 12 de septiembre en una audiencia virtual convocada por los jueces
Unos 36 imputados, entre empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo, apuntan a dar vuelta su participación en el juicio por los escritos de Oscar Centeno, conocido como “la causa de los Cuadernos”, donde se reveló una trama de pagos de sobornos entre 2005 y 2015 por contratistas del Estado.
El reclamo de los imputados se encuadra en la aplicación de la figura de la “reparación integral”, previsto en el Código Penal, y apuntan a evitar el proceso oral cuyo inicio está previsto para el próximo 6 de noviembre.
En ese contexto, el titular del Tribunal Oral Federal Número 7, Enrique Mendez Signori, convocó a las defensas para una audiencia virtual el próximo viernes 12 de septiembre donde se analizarán los pedidos de los imputados.
De la misma audiencia participará la fiscal Federal Fabiana León quien tendrá que expedirse sobre cada uno de los planteos formulados, lo mismo deberá hacer la Unidad de Información Financiera como querellante. Posteriormente será el tribunal quien tenga la última palabra en una eventual homologación de los acuerdos.
Audiencia para el debate oral
Por otra parte, el TOF 7 mantiene la realización el 24 de septiembre de la audiencia donde, junto a las partes, fijará las pautas de organización así como también la “limitación de prueba” para el debate oral y pública previsto para el próximo 6 de noviembre que tendrá más de 140 imputados, entre ellos, la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Pocas semanas atrás, el empresario Gabriel Romero, propietario del grupo Emepa, había cuestionado que el juicio se realizará de manera virtual. El pedido fue sustanciado a comienzos de agosto por la Cámara Federal de Casación, que en una resolución reclamó agilizar la realización del debate.
La “Fiesta de Olivos” como efecto
“¿Dinero mata justicia?”, consultó Infobae a una alta fuente judicial sobre los alcances del artículo 59, inciso “6” del Código Penal que señala la extinción de la acción penal “por conciliación o reparación integral del perjuicio”, a lo que respondió que esencialmente se hace necesario analizar el tenor y la gravedad del delito.
El ejemplo clave fue el caso de la llamada “fiesta de Olivos” donde se celebraba el cumpleaños de la entonces primera dama, Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial mientras regía el Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio por la pandemia del COVID-19 decretado por Alberto Fernández mediante DNU y que, entre otras cosas, prohibía estrictamente los encuentros sociales.
La ex pareja presidencial y el resto de los participantes fue denunciada y tras el devenir de la instrucción del expediente con las indagatorias realizadas, luego de varios meses de negociación con el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, el 23 de mayo de 2022, tanto Alberto Fernández como Fabiola Yáñez, concretaron un resarcimiento económico donde entre los dos abonaron 3 millones de pesos. El monto fue depositado en una cuenta del Instituto Malbrán luego que el Juez Lino Mirabelli homologara el acuerdo. que además sirvió para que el resto de los imputados evitaran ser procesados.
La misma fuente señaló el procesamiento como diferenciador, al indicar que en el estado de cada uno de los imputados de cuadernos “está probada la comisión del delito” en primera instancia, mediante prueba, mientras que en “la fiesta de Olivos” estaban acusados. Por eso, el pedido de la causa Cuadernos podría ser desestimado por el tribunal.
El juicio por la causa Cuadernos será el más grande vinculado a la corrupción en la historia argentina: tendrá a las máximas autoridades del gobierno de Cristina Kirchner y a los empresarios más importantes del país entre los acusados. Serán juzgados la ex presidenta y funcionarios de su gobierno y los empresarios Angelo Calcaterra -primo del ex presidente de la Nación Mauricio Macri-, Benito Roggio y Carlos Wagner entre otros.
La acusación es por el pago de sobornos para asignar irregularmente obras públicas. Se conoció por las anotaciones que en su cuaderno hacía Oscar Centeno, chofer del ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta. /infobae.com
