La defensa de Cristina asegura que al quitarle su jubilación el Gobierno «viola derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional».
Como se informó, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Facundo Fernández Pastor, presentó una impugnación ante la ANSES de la resolución del gobierno de Javier Milei, por medio de la cual se le quitó la jubilación y la pensión tras la confirmación de su condena en la llamada «causa Vialidad».
Según esa presentación, la medida adoptada por el organismo previsional «viola derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional», además de no haber sido notificada en tiempo y forma.
Sin embargo, fuentes del oficialismo indicaron que desde el Gobierno no darán lugar al planteo administrativo, esperando que el conflicto entre la expresidenta y la ANSES se judicialice.
La polémica iniciativa fue impulsada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero no contó con un dictamen interno del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, lo que derivó en discusiones internas en Casa Rosada.
Ante la eventualidad de tener que recurrir a los estrados judiciales, la estrategia oficialista se basa en argumentar que la confirmación de la condena en la denominada «causa Vialidad» es una justificación de «mal desempeño» y de «vulneración del honor de la magistratura», conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional.
El Gobierno se respaldará además en el artículo 29 de la Ley 24.018, que dispone que las asignaciones vitalicias «no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones». Que no es el caso de Cristina, quien no sufrió juicio político ni fue sumariada ni removida por mal desempeño de sus funciones.
Desde el Poder Ejecutivo también acusan a la expresidenta de «indignidad» e «incurrir en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento», argumentando que las asignaciones especiales son «jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional». /Fuente: El Liberal
