La fiscalía agravó la acusación contra una trabajadora estatal acusada de cobrar un elevado monto por un trámite gratuito.
Una empleada del Registro Civil volvió a quedar bajo la lupa judicial luego de que la fiscalía decidiera agravar la acusación en su contra, al considerar que su accionar no solo incluyó un cobro indebido a una pareja, sino también la confección de un acta matrimonial con datos falsos que generaron consecuencias económicas y administrativas.
La reformulación de los cargos se realizó este martes durante una audiencia judicial, en la que el asistente letrado Facundo Bernat explicó que los hechos investigados se mantienen tal como fueron formulados originalmente, pero que el avance de la causa permitió precisar agravantes y sumar nuevas implicancias vinculadas al perjuicio ocasionado.
De acuerdo con lo expuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, el primer hecho ocurrió el 6 de enero de 2025. En esa fecha, la mujer —en su carácter de funcionaria pública— habría exigido a una pareja el pago de $90 mil para poder concretar su casamiento.
Según la acusación, la empleada sostuvo que el sellado que habían abonado previamente no correspondía al trámite de matrimonio, por lo que debían realizar un pago adicional. Sin embargo, la fiscalía sostiene que ese cobro no estaba contemplado en la normativa vigente.
El dinero fue transferido a una cuenta personal de la imputada, un punto que resultó clave para agravar la acusación, ya que refuerza la hipótesis de que la funcionaria se habría apropiado del dinero valiéndose de su cargo dentro del organismo estatal.
Un acta matrimonial con irregularidades
Finalmente, el fiscal solicitó una prórroga de tres meses para continuar con la investigación, con el objetivo de profundizar las medidas probatorias y analizar en detalle el alcance del daño ocasionado.
El juez de garantías Juan Guaita hizo lugar tanto a la reformulación de los cargos como a la extensión del plazo de investigación, por lo que la causa seguirá avanzando en los próximos meses. /lmneuquen.com
El segundo hecho investigado se vincula directamente con la documentación oficial del matrimonio. Según detalló Bernat durante la audiencia, la acusada incurrió en falsedad ideológica agravada al confeccionar el acta matrimonial con información incompleta y contraria a lo ocurrido en la realidad.
En concreto, el acta omitió consignar que la ceremonia se realizó a domicilio, un dato relevante ya que este tipo de celebraciones tiene un costo adicional que debe abonarse al Estado. Además, tampoco se incluyeron los testigos exigidos por la normativa para este tipo de trámites.
Para la fiscalía, estas omisiones no pueden considerarse errores administrativos, sino una conducta deliberada cometida por una funcionaria pública en ejercicio de sus funciones.
Perjuicio económico y consecuencias para la pareja
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal agregó que las irregularidades no solo implicaron una falsedad documental, sino también un perjuicio patrimonial para el Estado, ya que no se abonó la tasa correspondiente al casamiento a domicilio.
A esto se sumó una consecuencia directa para la pareja afectada, que debió iniciar trámites de rectificación de la documentación matrimonial para subsanar los errores, generando demoras y nuevas gestiones administrativas.
Bernat encuadró el accionar de la empleada en los delitos de exacciones ilegales agravadas —por haber convertido en propio el beneficio del ilícito— y falsedad ideológica agravada por haber sido cometida por una funcionaria pública, en concurso real y en carácter de autora.
