Tres fuerzas federales custodian esa longitud donde el municipio quiere instalar una cerca; sin embargo, el contrabando se mantiene con sólo evitar ese lugar y caminar unos pasos más
El Plan Güemes, el alambre, las fuerzas federales, el contrabando hormiga y el narcotráfico. Eso es lo que se escucha en todas las conversaciones que hay en Aguas Blancas y San Ramón de la Nueva Orán, las dos ciudades que se han convertido en el eje de la polémica después de que se conoció que la Argentina va a construir un alambrado de 200 metros de largo colocado en el margen argentino del río Bermejo.
La escena incluye calor extremo y “pasadores” que van y vienen de Bolivia sin registrarse en Migraciones, sin firmar un sólo papel, sin dejar ni media huella dactilar. También comerciantes de todo el país que llegan, cruzan a la ciudad boliviana de Bermejo, compran y esperan que los enormes paquetes crucen el río y se depositen en el suelo argentino. Incluye heladeras, televisores, aires acondicionados, bicicletas, cubiertas y, sobre todo, ropa y calzado. Y así circulan, hombre más mercadería, envasada y empacada: entre 2,80 y 3 metros de altura, de un lado a otro.
A metros de esa tracción a sangre humana, bajo 38 grados de temperatura, tres fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuidan que ese comercio tolerado no pase por los lugares más centrales de la ciudad: los 200 metros de costanera que unen la terminal con el paso fronterizo legal. Justamente ese es el lugar donde se construirá el alambrado.
“Vamos a avanzar con la obra; esperamos empezar pronto y terminarla en 60 días”, dice Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas desde que fue removido el anterior intendente. A 50 kilómetros, en Orán, el intendente Baltasar Lara Gros también está a favor de la medida. “Es una parte del Plan Güemes que es mucho más amplio, es para ordenar una pequeña parte de ese comercio de menudeo que se da en las zonas de fronteras”, dijo a LA NACION.
Hay algo que queda claro de hablar con todos: la idea oficial es hacer una fuerte y determinante división entre los que pasan mercadería y los que hacen negocios con los productos “indebidos”, como los llaman en la zona, especialmente cocaína, hojas de coca y tabaco. La consigna parece ser controlar todo, con tolerancia a los que pasan mercadería y sin piedad para quienes intentan traficar droga. Cruzar productos indebidos tiene otro precio y otro riesgo, claro está.
Para entender la magnitud del asunto, que ya despertó quejas del lado boliviano, vale la pena describir el lugar. La Argentina y Bolivia comparten 742 kilómetros de frontera, a lo largo de los cuales se ubican cuatro pasos internacionales, tres de ellos en Salta, El Condado La Mármora; Aguas Blancas-Bermejo y Salvador Mazza-Yacuiba, y uno en Jujuy, La Quiaca-Villazón.
El paso fronterizo
Durante esos centenares de kilómetros no hay tensión con Bolivia, muestran todo lo contrario en comparación con lo que ocurre en esos 200 metros de Aguas Blancas. “El límite con Bolivia es la mitad del río; ese muro que contiene el río, técnicamente, es parte de él; entonces se va a construir pegado, pero del lado del municipio, cuestión de que no haya nada federal”, dicen funcionarios de la intervención. El lunes vence el plazo para presentar ofertas y después hay tres días para impugnación. Adjudicación, sellados y a empezar.
En la costa, entre la terminal y el puesto fronterizo, todos se preparan para la construcción. Por un lado aparecen las fuerzas de seguridad y los funcionarios locales; y por el otro, los pobladores y los pasadores, todos descuentan que se construirá. Los efectivos saben que la construcción puede generar un momento de conflicto. Los que trabajan en la frontera, caminan 100 metros más. Y pasan lo mismo, solo que esas verdaderas moles de hombre más mercadería caminan un poco más.
“¿Está todo tranquilo?”, preguntó LA NACION a un efectivo. “Por ahora –dijo con un arma larga en su mano–. Cuando empiece la construcción del alambrado esperamos más tensión”. A pocos metros de la zona donde se instalará el tejido, en un bar que no para de ganar clientela con su cartel de aire acondicionado en un mediodía de 38 grados, un hombre que conoce cada rincón del lugar le confesaba a este cronista que para ese momento esperan que la situación sea tensa. “Están muy revolucionados del otro lado”, dijo. El otro lado es, claro está, Bolivia.
Esos 200 metros de conflicto es el famoso Puerto Chalana, a propósito de las pequeñas embarcaciones, que llevan entre 10 y 12 personas, que van y vienen de un lado a otro del río. Para subir hay que pagar alrededor de 1000 pesos, de acuerdo con la carga que se transporte.
La geografía es distinta de un lado y de otro. En Bolivia, la margen es una suerte de barranca sobre la que se ha construido un paredón. Desde la ciudad, que ya tiene dos o tres pisos en la zona de la costa, hasta el nivel del río, hay que bajar por dos escaleras empinadas. No hay controles ni fuerzas de seguridad y son prácticamente contadas las personas que salen de Bermejo y hacen migraciones.
Del lado argentino, todo cambia. Aquel barranco boliviano se convierte en una larga playa de alrededor de 200 metros. Para promediar, 100 despejados y de piedra de canto rodado; 100 de una espesa vegetación sobre la que se han abierto los caminos del contrabando. Luego, el paredón que da a la costanera, el lugar donde se sentará el alambre.
En esas playas argentinas que lindan con el centro, que alguna vez eran una verdadera peatonal de centenares de personas que iban y venían desde el vecino país, ahora ya no hay colas para bajar desde la pequeña calle de la costa. Todo está controlado por las tres fuerzas federales que se reparten el territorio. “El tejido será una solución para no necesitar esas guardias en el centro de Aguas Blancas, para relevar esos efectivos. Además, que quede claro, no se trata de ir contra los que pasen productos permitidos sino contra el narcotráfico”, dice Lara Gros.
En esa playa argentina, donde las chalanas le porfían a la corriente del Bermejo con un pequeño motor, hay complacencia. La Gendarmería, la PSA y la Prefectura montan guardia (Gendarmería las 24 horas) y dejan correr el traslado de todo tipo de mercadería, además de no poder controlar los centenares que cruzan sin trámite migratorio alguno. Apenas se trata de que no suban a la ciudad por esos 200 metros, además de invitar a algunos distraídos a que hagan migraciones. Se trata de casi un imposible, algo así como invitar a los paceros a que paguen el monotributo para facturar el flete.
En esa zona, la decisión es mantener despejado el acceso céntrico hasta que llegue el alambre. Pero claro, el control se intensificó unos kilómetros más adelante. En plena ruta 50, la que une Orán con Aguas Blancas, está instalado el Puesto 28, un embudo imposible de evitar para los que transportan cargas en vehículos.
Una enorme hilera de autos, mayoritariamente utilitarios, espera su turno. Todos llegan a ese puesto de Gendarmería y tienen que bajar sus bultos para pasarlos por un scanner. Se controla que no haya droga, tabaco y hojas de coca. Los autos pasan esos metros de control vacíos, y cada pasero arrastra su bulto para el control.
Una vez que se pasa el scanner, ya del otro lado, a cargar de vuelta el vehículo. El ingenio gobierna. Los paquetes de mercadería, enormes y compactos ruedan empujados por los fleteros. Como hacer rodar una rueda de tractor cuadrada. Lo arriman al auto, acomodan la carga y a Orán, el final del recorrido.
Sin embargo, la fuerte presencia de fuerzas federales si bien cambió la rutina de los paceros, no termina de poder manejar el territorio. De hecho, paralelo a ese Puesto 28, verdaderas mulas humanas cargan desde heladeras hasta media docenas de cubiertas de autos por caminos en el monte. Y obviamente, droga. Ahí está la lupa del llamado Plan Güemes, un sistema que puso en marcha el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
No solo se trata de controlar los pasos, es algo más ambicioso que llevará tiempo. Se trata de recuperar el territorio, reinstalar la autoridad y entregar una oportunidad a miles de pobladores de la zona que no quieren convivir con las bandas narcos. “Bagayeros, sí; droga, no”, resumen los pobladores. Así es el credo de la mayoría de la gente de este rincón salteño y esa es la intención del Plan Güemes. No es fácil la distinción, así como el refrán dice que suele pasar gato por liebre, pues en la zona es posible pasar cualquier cosa y en el medio, algún que otro paquete de droga. / Por Diego Cabot /LA NACION
