Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social, alcanza a 8,2 millones de menores de edad. Asimismo, revela que hay más de 4,2 millones de ellos con problemas de alimentación.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA UCA) publicó el documento estadístico: «Retorno a la senda de privaciones que signan a la infancia argentina. Las deudas sociales con la infancia se retrotraen a los niveles prepandemia, marcando lo estructural de las carencias y desigualdades sociales que condicionan su desarrollo». El estudio revela que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (NNyA) de hasta 17 años son pobres (8,2 millones) y que más de 4,2 millones tienen problemas de alimentación.
El informe recorre diferentes dimensiones de derechos de los NNyA, procurando ofrecer un diagnóstico preciso de la evolución de las principales deudas sociales y desigualdades sociodemográficas, socioeconómicas y regionales urbanas, asociadas a cada dimensión de derechos en el período 2010-2022: 1) Alimentación, 2) Salud, 3) Hábitat, 4) Subsistencia, 5) Crianza y socialización, 6) Información, 7) Educación y 8) Protecciones especiales: trabajo infantil.
Derecho a la alimentación
Los datos indican que el derecho a la alimentación de (NNyA) en el país es una deuda pendiente cuyo balance general es negativo. En efecto, entre 2010 y 2022, la situación de inseguridad alimentaria se incrementó un 44%; sin embargo, el mayor deterioro se registra en los últimos cinco años. Se registra el peor momento de la serie en plena pandemia de 2020, llegando al 37,2%. Y, si bien en los últimos dos años postpandemia se registra una mejora, los niveles de privación alimentaria afectan a un tercio de la población de NNyA en el segundo semestre del 2022.
La inseguridad alimentaria severa -que afecta especialmente a los NNyA, porque es cuando los progenitores reconocen que sus hijos/as han pasado hambre por no tener que comer- ha seguido una tendencia más estable e incluso se ha ubicado por debajo de los dos dígitos entre 2014 y 2017, pero en los últimos cincos años se incrementó de modo significativo y alcanzó el 15% en 2020, logrando una progresiva recuperación y llegando al 12,4% en 2022.
En este marco, las ayudas alimentarias directas e indirectas no han dejado de aumentar en cuanto a su cobertura. Justamente, las ayudas alimentarias directas en comedores escolares, y comunitarios, así como la copa de leche, entre otros, han incrementado su cobertura de modo progresiva y, a partir de 2020, sumaron una ayuda indirecta, como es la Tarjeta Alimentar. Estas ayudas alcanzaron en plena pandemia al 46,5% de la población de NNyA, pero en 2022, llegaron de una u otra forma al 59%.
Sin dudas, erradicar el hambre es una meta compleja, porque supone diferentes estrategias de intervención y cambios en las economías domésticas. Existe consenso entre los especialistas en torno a que estas ayudas directas e indirectas han sido claves en ciertos contextos, como la crisis sanitaria y social del Covid-19, pero también es claro que se revelan insuficientes en un mercado laboral inestable, con elevado nivel de informalidad y crecientes niveles de inflación.
Lógicamente, esta síntesis apretada esconde en los promedios injustas desigualdades sociales y regionales, que son descriptas en el mismo informe en el apartado específico. Solo a los efectos de representar de modo resumido dichas brechas cabe mencionar que, en el segundo semestre de 2022, un niño/a en el 25% más pobre registraba 17 veces más chances de estar en una situación de privación alimentaria por problemas económicos que un par ubicado en el 25% superior. Y que dicha situación se elevaba por encima del promedio en la población de NNyA del Conurbano Bonaerense y de las principales áreas metropolitanas del país.
Derecho a la salud
El ejercicio del derecho a la salud es complejo y multidimensional porque se trata de acceder a la atención de la salud, pero también de gozar de buena de salud. Como es tradición en el marco de los estudios del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, se ofrece una aproximación parcial al fenómeno y vinculada al déficit de acceso a la atención de la salud clínica preventiva y odontológica de tipo preventiva. También se considera un indicador de cobertura que no es valorado como un déficit, pero sí como un desafío de atención por parte de los servicios estatales de salud. Justamente, cabe reconocer primero que los servicios estatales de salud tienen el desafío de ofrecer oportunidades de atención de la salud preventiva al 58,4% de la población de NNyA en el país urbano. Cada vez el desafío de cobertura es mayor y ello sin dudas guarda correlato con la situación de precariedad e informalidad laboral de los progenitores. Este desafío de atención es mayor entre los más vulnerables donde llega a el 80 y 90% según el estrato social que se considere. Asimismo, se ubica por encima del promedio nacional en el Conurbano Bonaerense y áreas metropolitanas del interior.
Más allá de este dato estructural que marca la responsabilidad de los Estados en términos de ofrecer estructuras de oportunidades en la atención preventiva de la salud del niño/a sano, una proporción que se estima en un 18,4%, en 2022, no realizó una consulta médica a un pediatra o clínico en el último año. Este nivel de incidencia representa una fuerte recuperación en relación a los elevados niveles de déficit de la pandemia y postpandemia 2020 y 2021, y un retorno al momento previo. El déficit de atención se eleva por encima del promedio en la adolescencia, a medida que desciende el estrato socioeconómico y en la población del Conurbano Bonaerense.
La atención de la salud odontológica es un claro problema que de modo progresivo ha empeorado alcanzando sus máximos niveles de déficit en la pandemia donde el 65% de los NNyA entre 3 y 17 años no consultaron por su salud bucal. El regreso a los consultorios odontológicos fue paulatino y recién en el segundo semestre de 2022 se llega a niveles similares a los prepandemia, pero aún por encima de los mismos (44,9%). Se trata de un déficit de tipo estructural y que salvo en pandemia suele mantenerse muy estable. Las desigualdades son sociales, regionales, pero también por ciclo vital. La consulta al odontólogo es menos frecuente en los primeros años y en la adolescencia. El déficit de atención se ubica muy por encima del promedio en el Conurbano Bonaerense.
Derecho a un hábitat digno
El hábitat de vida representa mucho en términos de recurso esencial para el desarrollo del máximo potencial de un niño/a. La vivienda requiere de una construcción protectora ante las inclemencias del tiempo, contar con espacio para lograr diferenciar las actividades, rutinas, y garantizar la privacidad y el buen descanso. Asimismo, se trata de un espacio que requiere de servicios y uno de los más prioritarios y sensibles al desarrollo del niño/a es el acceso a agua segura y sanitarios. Por supuesto, que el medio ambiente en el que se ubica la vivienda también es relevante por su potencial contaminante y su incidencia en la salud.
Si bien se trata de un recorte de indicadores sobre el espacio del hábitat de NNyA, permite reconocer deudas sociales muy persistentes y con marcadas disparidades sociales. Por ejemplo, la precariedad de la vivienda afecta a dos de cada diez NNyA en el país urbano, y el hacinamiento también. Pero el déficit de condiciones sanitarias adecuadas duplica su incidencia, y en lo mismo ocurre con la contaminación del medio ambiente.
Durante la pandemia por Covid-19 estos indicadores no se modificaron salvo el del medio ambiente que había mejorado como consecuencia del aislamiento social y la merma del transporte, y la producción. No obstante, tras tres años se ha recuperado el nivel de contaminación y las condiciones habitacionales de la población de NNyA sigue siendo deficitaria para proporciones significativas. Lógicamente, las privaciones en la construcción de la vivienda, el hacinamiento y el déficit de saneamiento se profundizan en condiciones de vulnerabilidad social y repercuten especialmente en la población del Conurbano Bonaerense.
Derecho a la subsistencia
Muchas de las barreras al desarrollo se suelen vincular a la situación de pobreza de los hogares con niños/as. Y, si bien la complejidad de la pobreza en el ejercicio de derechos responde a múltiples causas, una innegable es el déficit de acceso a recursos económicos de los hogares. La pobreza monetaria en la población de NNyA asciende en el segundo semestre de 2022 al 61,5%, y dentro de esta población se estima que 13,1% son indigentes. Si bien esta incidencia es menor a la observada en pandemia y postpandemia, todavía es levemente superior a la registrada en la prepandemia. No ocurre lo mismo con la indigencia que logra ubicarse en los valores prepandemia. Lo que no ha dejado de incrementarse paulatinamente es la cobertura de las transferencias de ingresos orientadas a los sectores sociales más vulnerables. Se estima que, en 2022, la AUH y otras transferencias han alcanzado al 49,8% de la infancia y adolescencia, alcanzado niveles más elevados que en la prepandemia, e incluso que en la pandemia.
Aun cuando se incrementan los recursos y su alcance, los niveles de pobreza e indigencia continúan siendo muy elevados y por encima de los valores promedio de la década analizada.
Parece importante señalar la particular vulnerabilidad de los adolescentes a la pobreza, y los NNyA en hogares monoparentales y que residen en el Conurbano Bonaerense y áreas metropolitanas del interior del país.
Derechos en los espacios de los procesos de crianza y socialización
Los procesos de crianza y socialización cambian según la cultura, la región del país, el tipo de familia, y la etapa del ciclo vital de los niños/as. En este sentido, es complejo producir un recorte como el que supone una medición de tendencias como la que se realiza en el marco del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. Aceptando esa limitación y ese recorte se ofrece un conjunto de indicadores vinculados a las oportunidades de estimulación emocional e intelectual de los niños/as entre los 0 y 8 años, los estilos de disciplinamiento que prevalecen en los hogares, y algunas oportunidades de formación secundaria no escolar que pueden o no tener niños/as y adolescentes.
Se destaca que, entre los 0 y 8 años, el déficit de estimulación a través de la palabra llega al 30,8%, el déficit de interacción a través de dibujo al 22,7% entre el año de vida y los ocho, al 12% cuando se trata compartir canciones (otra forma de oralidad), y al 6% cuando se trata de jugar. Si bien todos estos estímulos fueron relegados en el marco de la pandemia han retornado paulatinamente a las dinámicas de los hogares, pero siguen dando cuenta de una proporción de niños/as que tempranamente carecen de estímulos muy relevantes para el desarrollo de capacidades y habilidades sociales. Asimismo, tal como se analiza en el presente informe estas carencias aumentan su incidencia a medida que desciende el estrato social y en algunos casos presentan diferencias regionales relevantes.
Los estilos de disciplinamiento negativos experimentaron una tendencia muy regresiva durante la pandemia y postpandemia, y han tendido a retornar a los valores prepandemia en 2022. Tal como se ha señalado en anteriores informes, la violencia contra los niños/as y adolescentes, fue notable en el contexto del aislamiento social y las escuelas cerradas. En un nuevo contexto social y de presencialidad escolar, dicha violencia ha mermado, pero sigue afectando a proporciones muy elevadas de NNyA. Los retos en voz elevada y las penitencias siguen siendo muy frecuentes, y en menor medida la violencia física (22%) y la verbal (6%). Prevalecen diferencias sociales regresivas para los NNyA más vulnerables.
Cuando se es niño/a u adolescente las actividades formativas y recreativas en el campo del deporte, la cultura y las redes sociales se constituyen en oportunidades para sociabilizar y desarrollar habilidades sociales muy relevantes. Sin embargo, estas oportunidades están disponibles para minorías aventajadas de la sociedad argentina, y solo en el caso de la socialización a través de redes sociales parece existir una relativa democratización en términos de su utilización o acceso a través de la exposición a pantallas y acceso a datos. Lo cual permite conjeturar diferencias cualitativas no exploradas en esta investigación.
Lo cierto, es que en una tendencia positiva aún el 53% de los NNyA entre 5 y 17 años no realiza deportes o actividades físicas no escolares. Cabe mencionar que eran el 66% en 2010 y llegaron a ser el 71% en la pandemia del 2020. Es decir, que el balance es positivo, pero aun así es un espacio para el desarrollo y el bienestar que le es negado a la mayoría de esta población. Y, esto ocurre mayormente a medida que desciende el estrato social de la población.
Los obstáculos para el desarrollo de actividades culturales extraescolares parecen ser aún mayores porque el 82,9% de los NNyA entre 5 y 17 años no las realizan habitualmente. En este caso la tendencia también es positiva si se considera que en 2010 estaba en la misma situación el 86%. Siendo una amplia mayoría la que no realiza estas actividades las desigualdades son menores, pero existen y son regresivas para los más vulnerables.
La exposición excesiva a pantallas (comportamiento sedentario frente a pantallas) también es algo frecuente que afecta al 69% de la población de NNyA. Es un comportamiento es ascenso que tuvo su mayor incidencia, lógicamente, en pandemia (70%). Registra diferencias, en este caso, regresivas para los más aventajados en términos sociales que parecen haber sumado actividades virtuales tras la pandemia y que les reporta más horas de pantalla. La exposición excesiva en promedio es considerada nociva en términos del desarrollo del niño/a.
Derecho a la información
En este sentido, hay tendencias contrapuestas. Por un lado, se advierte con claridad una tendencia a no leer textos impresos y no tener libros en casa. Sin embargo, el mayor valor de la serie se registró en la pandemia donde parece haber mermado la circulación de libros y aumentado la exposición a pantalla en un mayor detrimento del comportamiento lector de textos impresos. No obstante, en el último año cambia la tendencia con leves recuperaciones que aproximan la incidencia al momento prepandemia. Aun así, se estima que, en 2022, el 66% de los NNyA no contaba con libros en su casa, y 55% no leía textos impresos de modo habitual.
El déficit de acceso a una computadora también es persistentemente elevado. Se estima que, en 2022, el 53% de la población de NNyA no tenía una PC en su casa, y un 55% no tenía un celular propio. Si bien se observan diferencias por grupo de edad, y estratos socioeconómicos, es relevante reflexionar sobre los recursos de acceso a la información de las nuevas generaciones.
El acceso a servicio de internet (datos) y el uso de internet por parte de los NNyA ha mejorado mucho a lo largo del tiempo. Efectivamente, cada vez más niños/as y adolescentes acceden a la internet. Muy probablemente, a través de un celular que no es propio en la mayoría de los casos. Lógicamente, con diferencias según la edad y la situación socioeconómica, y también regional.
La pandemia y sus correlatos educativos tuvieron un alto impacto en esta tendencia positiva. Los hogares orientaron recursos a adquirir servicios de internet y conectividad. Se estima que, en 2022, un 25% de los NNyA entre 5 y 17 años no tiene conectividades ni usa internet de modo habitual, y esa incidencia cae al 12% en la adolescencia (20% no tiene celular propio).
Derecho a la educación
El ejercicio del derecho a la educación es complejo de definir conceptualmente y medir. Se pueden considerar indicadores de escolarización, de oferta, y de resultados. Lo cierto es que los Estados argentinos tienen un desafío de cobertura muy elevado y que viene incrementándose especialmente tras la pandemia. Se estima que el 83,5% de los NNyA entre 6 y 17 años asisten a una escuela de gestión estatal. Este desafío es algo mayor en la educación primaria que en la secundaria. Y, claro está a medida que desciende el estrato social y en el interior del país. Aunque cabe señalar que en lo coyuntural la demanda de educación estatal parece haber aumentado especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien, se han registrado retrocesos en indicadores de escolarización, es más notable en la educación inicial e incluso en sectores sociales medios.
Se advierte mayor capacidad de recuperación en indicadores de escolarización de las escuelas de gestión privada que en las estatales, pero en la educación primaria y secundaria.
Lo que se ha deteriorado y no ha logrado retornar a los niveles prepandemia son las ofertas educativas en el campo de la extensión de la jornada, la enseñanza de computación e idioma extranjero en la educación primaria.
Específicamente, el 92,5% de la población escolarizada en la educación primaria asiste a una escuela de jornada simple. Si bien presenta diferenciales sociales, de tipo de gestión y región, es clara su generalización y el retroceso que significó la pandemia, aunque siempre se estuvo muy lejos de la meta del 30% de educación extendida priorizando a los sectores sociales más vulnerables.
La oferta de enseñanza de computación también retrocedió en su oferta y se estima que, en 2022, el 65% de los niños/as escolarizados en la primaria no recibían este tipo de oferta. En este caso las diferencias entre educación de gestión privada y estatal son muy amplias y en el caso de los primeros retornaron a niveles similares a la prepandemia, aunque algo más elevados en términos del déficit. /AICA
