El tribunal integrado por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah, definieron la anulación del dictamen del Ministerio Público Fiscal y así permitir que continúe la investigación contra la exmandataria
La Cámara Federal porteña falló este martes en contra de Cristina Kirchner en la causa por el lavado de dinero de Lázaro Báez y ahora la expresidenta podrá seguir siendo investigada en el caso. La noticia llega como un revés para la exmandataria cuando empezaba a levantar otra vez su perfil político.
El juez federal Sebastián Casanello había sobreseído a la expresidenta en base a un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan. Ahora la Cámara integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah, definieron por anular el dictamen del ministerio público fiscal y, al mismo tiempo, sostener a Casanello.
El voto respecto del dictamen de Marijuan fue dividido ya que Farah votó en disidencia. El fiscal fue quien, en primera instancia, pidió el sobreseimiento de la dirigente peronista, un pedido luego aceptado por Casanello. Ese magistrado había rechazado una apelación de la asociación civil Bases contra el cierre de la investigación. Ahora todo fue revisado por la Cámara.
Por otro lado, la defensa de la expresidenta había solicitado apartar a Casanello de la causa, algo que también fue rechazado por la Cámara.
El caso -conocido popularmente como «La ruta del dinero K»- tuvo como protagonista al empresario Lázaro Báez, quien fue condenado a 10 años de prisión por el lavado de 55 millones de dólares.
Para uno de los integrantes del Tribunal, Mariano Llorens, Marijuan debió tomar en cuenta diversas declaraciones de imputados como Leonardo Fariña, o lo aportado en la causa «Vialidad» por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el sentido de probar una relación societaria entre la familia Kirchner y Báez.
La Cámara apuntó fuerte contra el dictamen del Ministerio Público al afirmar que «a pesar de los vínculos hallados» en la causa, el «recorte parcial de los eventos estableció que no había elementos que le permitieran avanzar más allá del estado de sospecha».
El dictamen demuestra una «contradicción lógica» y ello «sostiene su descalificación como acto jurídico válido. Por eso, «correspondería preguntarse de qué modo las pruebas aludidas con antelación pueden contrarrestar, a modo de verbigracia, las 372 llamadas telefónicas establecidas entre las dos personas en cuestión si lo que se perseguía probar era, precisamente, la inexistencia de una relación cercana», agregó en su voto el camarista Llorens.
También se preguntó «cómo se explica el hecho de que Néstor y Cristina Kirchner, representados por su hijo Máximo, hayan vendido nueve inmuebles a Austral Construcciones S.A, relacionada con Lázaro o Martín Báez, así como la venta de otro inmueble del matrimonio aludido a la firma Epelco, también de los Báez».
Al pedir el sobreseimiento de la ex presidenta, Marijuan había sostenido no tener prueba suficiente para vincularla con las maniobras de lavado de activos por las que sí fue condenado Báez.
Para Llorens, el fiscal, al postular el sobreseimiento, «no analizó la secuencia de expatriación de dinero por intermedio de la financiera Provalor cuyo dinero físico nunca salió del país, y que retornaba de las cuentas en el extranjero para hacer frente a los pagos de los hoteles. En ese entramado, nunca se detuvo a analizar qué función tuvieron dentro de ese esquema Osvaldo Sanfelice, Raúl Copetti y Máximo Kirchner, entre otros», sostuvo además Llorens.
El sobreseimiento que había dictado Casanello por pedido de Marijuan había sido fue convalidado por dos organismos del Estado, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF), que fueron querellantes de la causa durante el macrismo y luego habían desistido durante el gobierno de Alberto Fernández. /cronista.com
