La relación económica entre la Argentina y la Venezuela bolivariana dejó un saldo negativo difícil de disimular. Desde los préstamos financieros de Hugo Chávez a Néstor Kirchner hasta los acuerdos comerciales fallidos, las expropiaciones y los incumplimientos de pago, el vínculo se tradujo en pérdida de dólares, mercados y empresas nacionales. Bonos con tasas usurarias, exportaciones impagas, proyectos energéticos truncos y nacionalizaciones forzadas marcaron casi tres décadas de una alianza política que, en términos económicos, resultó costosa y ruinosa para el país.
on tiempos de finalización del régimen venezolano bolivariano. Al menos como se conoció históricamente a este movimiento inaugurado con la llegada de Hugo Chávez al poder el 2 de febrero de 1999. Si se toma esa fecha en cuenta y la captura- secuestro- traslado (se puede elegir una aventura y todas estarán bien) de Nicolás Maduro a los Estados Unidos, fueron casi 27 años de gestión. Económicamente, fallida. Especialmente en la relación con Argentina. Para el país, fue un mal negocio. Casi pésimo. De los peores en la historia de las relaciones económicas internacionales de la Argentina con cualquiera de sus socios históricos. Se perdieron dólares, mercados y hasta empresas argentinas. Además de haber sumido a varias compañías criollas a la crisis.
Los eventos económicos, financieros y comerciales entre los dos países tienen cuatro hitos para mencionar, y que describen la manera en que se fue tejiendo la historia de relaciones de dinero entre Argentina y Venezuela: el préstamo de dólares de Chávez a Néstor Kirchner entre 2005 y 2006; los intentos de cooptar la láctea SanCor, la posición de Pescarmona como proveedor de lujo de turbinas para el régimen y la nacionalización de la siderúrgica Sidor en manos de Techint. Para la anécdota queda el intento de Pdvsa de instalar una red de estaciones de servicio en todo el país, con nafta barata. O el Banco del Sud. O el Gasoducto del Sud. Todas ideas que quedaron en la risueña anécdota. Salvo el dinero perdido por Argentina.
Todo comienza cuando Néstor Kirchner le comenta a Chávez sobre los problemas financieros del país para cumplir los compromisos pactados con acreedores capitalistas internacionales de todo tipo y color; situación más que compleja luego de los defaults múltiples en los que cayó el país luego del colapso de la convertibilidad. Chávez decidió “ayudar” a su amigo y aliado argentino, y comenzar una serie de compras de bonos argentinos por varios miles de millones de dólares. Eran tiempos en los que el barril de petróleo acariciaba los US$ 100, y parecía que el modelo bolivariano daba resultado. La cifra final de títulos públicos tomados por Venezuela en un lapso de un año y medio, y en al menos, cuatro operaciones diferentes, se acercaría a los US$ 8 mil millones, en bonos denominados Boden 2012 y Boden 2015. Todo parecía un acto de generosidad por parte del venezolano. Y de una mano en tiempos de sequía financiera para la Argentina. El mecanismo financiero era simple. Venezuela compraba directamente el bono emitido por el Banco Central criollo, y el país lo habilitaba a venderlo directamente en el mercado financiero internacional. Argentina obtenía financiamiento inmediato, y Venezuela lograba una ganancia financiera, además de aumentar la influencia política regional. En principio, y dada la situación histórica del país, todos ganaban. El problema era la tasa que cobraba Chávez por la ayuda. El interés de esos bonos era de 9,8% anual, una tasa extraordinaria en tiempos en los que, por ejemplo, Uruguay podía endeudarse a menos del 3%. Parte de esos bonos fueron revendidos en el mercado venezolano o utilizados para financiar necesidades internas, generando ganancias de decenas o centenares de millones de dólares para el gobierno chavista. Se calcula que el país perdió por estos “Bonos del Sud” unos mil millones de dólares.
Otra historia emblemática de los vínculos del chavismo y la Argentina posconvertibilidad, fueron los acuerdos comerciales cerrados entre SanCor Cooperativas Unidas Limitadas, la histórica láctea argentina y el gobierno bolivariano; para que la empresa argentina se convierta en el gran proveedor del mercado venezolano de leche en polvo. La cooperativa, ya en serios problemas financieros, abastecería casi como único oferente a los planes sociales de atención a la niñez que el chavismo diseñaba en aquellos años, los que serían financiados con los excedentes petroleros. El acuerdo se firmó en diciembre de 2006, con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), con el aporte comprometido de parte de la entidad financiera chavista de unos US$ 80 millones. Con esto SanCor evitaba caer en el control de Adecoagro, empresa argentina en crecimiento en aquellos años que se comprometía a mantener todas las líneas productivas de la láctea local. SanCor eligió el rescate chavista, y Adecoagro nunca volvió a interesarse en la operatoria. Con el paso del tiempo, la crisis económica en Venezuela (especialmente tras la caída de Hugo Chávez y la profundización de problemas fiscales) dificultó los pagos. Para 2025, SanCor seguía reclamando montos pendientes por exportaciones no pagadas, con cifras estimadas cercanas a US$ 18 millones todavía sin cobrar. Esta situación, sumado a problemas internos de gestión, llevaron al cierre de plantas, despidos, y, finalmente, al concurso de acreedores en febrero del año pasado.
El Grupo Techint, la empresa industrial más grande del país, operaba la siderúrgica Sidor (Siderúrgica del Orinoco) en Venezuela, una de las principales productoras de acero. Había ganado la compulsa en 1998 (un año antes de la llegada del chavismo) y cumplía en tiempo y forma con los compromisos de inversión. De hecho, la operatoria mantenía a Venezuela dentro del club de países petroleros y siderúrgicos, una combinación que sólo Brasil y Argentina mantenían en América del Sur. Sin embargo, y de manera unilateral, Chávez anunció su expropiación en mayo de 2008 bajo el argumento del desacuerdo sobre el precio de los insumos para la política petrolera venezolana y la embestida chavista para la “renacionalización” de sectores estratégicos. Comenzó así una etapa de negociaciones bilaterales por el precio a pagar por la compañía, además de amenazas directas de prisión por parte del bolivarianismo a los directores y gerentes argentinos sentados en la mesa de discusión del precio de salida. Hubo intervención kirchnerista para que hubiera fumata y el acuerdo fue el siguiente: unos US$ 400 millones se pagarían al contado el día del acuerdo y otros US$ 945 millones en seis cuotas trimestrales iguales. Otro monto se pagaría en un segundo tramo con vencimiento en octubre de 2010, y sujeto a ajustes por precio del petróleo. Pasó lo inevitable. En 2010, Ternium denunció que Venezuela aún le debía US$ 1.019 millones más intereses. En 2011 se reprogramó el saldo impago, nuevamente en cuotas y para estos tiempos ya no quedan deudas. Para la anécdota, Venezuela no pudo sostener su producción siderúrgica, y Sidor languidece.
Peor le fue a Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa), la compañía de Enrique Menotti Pescarmona que, por presiones locales, decidió a comienzos del siglo asociarse de manera directa con el estado venezolano y convertirse en uno de los principales proveedores de equipamiento de energía y turbinas, en comercio que implicaba grandes inversiones y plazos de pago extendidos. El 18 de enero de 2008 fue un día de esperanza y optimismo para Impsa. Tras años de lobby, y creyendo conocer por dónde venían las oportunidades, Enrique Menotti Pescarmona logró que su empresa firmara en Venezuela un contrato por US$ 520 millones para proveer turbinas al proyecto hidroeléctrico Tocoma. Sería la obra “joya” del régimen de Hugo Chávez y la coronación del cruce sonriente entre los gobiernos argentino y venezolano, en conjunto con los industriales privados del país. Se hablaba en esos días de la consagración de la idea de la “burguesía latinoamericana”, con los empresarios argentinos como cabeza de bandera y el contrato por Tocoma como el primer peldaño de una escalera que sería interminable. Chávez presentaba ante la región la fórmula por la cual el socialismo del siglo XXI, de alguna manera, convivía gloriosamente con los privados que supieran comprender hacia dónde soplaban los vientos.
Impsa había ganado el contrato en una licitación pública internacional iniciada en 2004 donde también compitieron la estadounidense General Electric, la francesa Alstom, la alemana Siemens, las japonesas Marubeni, Sumitomo, Hitachi y Mitsui, la austríaca Vatech y las chinas Dong Fang y Harbin. Impsa les había ganado a todas, demostrando que para la Venezuela bolivariana ningún currículum de una multinacional servía en el momento de otorgar un negocio millonario.
El contrato implicaba que Impsa proveería turbinas y generadores para la central de Tocoma, que demandaría una inversión de US$ 3.061 millones. “Es un orgullo para la tecnología nacional el diseño, la fabricación, el transporte y el montaje de estas grandes maquinarias hidráulicas que serán diseñadas en nuestro país”, firmaba Pescarmona en la carta rubricada por el propio empresario.
Todo eran festejos. Se aunaba en un solo acto, todo lo bueno de aquellos días. La integración bolivariana, los privados haciendo juego, y la Latinoamericana grande esperando ahí a la vuelta. No pudo ser. Venezuela no pagó. Y el 16 de septiembre de 2014, Impsa se convirtió en la primera compañía privada en anunciar que no podría hacer frente a sus compromisos financieros externos, luego de que el 30 de julio la Argentina ingresó en default “técnico”. / Carlos Burgueño /perfil.com
