La intervención del Partido Justicialista de Jujuy volvió a sacudir la interna peronista con una decisión de alto voltaje político.
Mediante la Resolución Nº 2, fechada el 28 de enero, los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez resolvieron suspender la afiliación de Carolina Moisés, Rubén Armando Rivarola y Guillermo Raúl Jenefes, además de postergar las elecciones internas, originalmente previstas para el 15 de febrero, y fijar una nueva convocatoria para el 24 de abril de 2026.
La medida no se limitó a los principales referentes. También fueron sancionados 301 militantes y dirigentes que participaron como candidatos en las últimas elecciones provinciales por fuera de la estructura del PJ, todos incluidos en anexos oficiales.
Entre ellos figuran quienes actuaron como convencionales constituyentes en la última reforma constitucional, como Jenefes, José Pedro Pascuttini, Rosa Graciela Jerez, Carlos Rubén Catacata, María de los Ángeles Ros, Alberto Miguel Matuk, Rosana Laura Aldapi, Vicente Horacio Apaza, Anahí Virginia Massari, Jorge Antonio Noceti, Marcela Alejandra Farfán y Diego Eduardo Chacón.
La resolución avanzó aún más: otros 32 dirigentes históricos del peronismo jujeño entre ex diputados, intendentes, concejales y comisionados también quedaron con la afiliación suspendida.
La lista incluye, entre otros, a Rubén Eduardo Rivarola, Ernesto Cristian Rivarola, Pedro Horacio Belizán, Nilson Gabriel Ortega, José Rubén Pereyra, Juan Sebastián Jenefes Quevedo, Martín Fellner, Hugo Peñaloza y Mariela Dafne Segovia.
Desde sectores internos del PJ calificaron la decisión como extrema e injustificada, y señalaron que beneficia claramente a la lista oficialista, que gana tiempo para ordenar apoyos y buscar consensos.
Con cuatro postergaciones acumuladas, no pocos dirigentes dudan de que la interna finalmente se realice en abril.
En su parte resolutiva, la intervención sostiene que se trata de una medida “excepcional, transitoria y saneadora”, basada en presuntas graves inconductas partidarias (arts. 10 y 11 de la Carta Orgánica).
La suspensión es de carácter cautelar y deja sin derechos partidarios a los afiliados involucrados hasta la resolución definitiva de los sumarios. Los sancionados cuentan con 72 horas para presentar descargos y ejercer su defensa.
Además, el artículo 8 dispone la baja total del proceso electoral interno en curso, invocando “gravedad institucional”, y el artículo 9 fija la nueva fecha electoral para el 24 de abril de 2026.
En un PJ jujeño intervenido y fracturado, la resolución no ordena: profundiza la crisis, concentra poder en la conducción designada y deja a la principal fuerza opositora provincial atrapada en una interna sin calendario firme ni reglas claras. El peronismo, otra vez, discute su democracia puertas adentro. /Diario El Pórtico
