Omar Pérez es uno de los miembros de Camioneros acusados de bloquear un depósito de la pyme Andar Transportadora en 2020 para exigirle el pago de una deuda que no existía. Florencia Arietto, abogada de la empresa, pedirá que las audiencias sean televisadas
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal fijó para el 5 y 12 de junio de este año las audiencias en el juicio contra Omar Pérez, un dirigente de confianza de Hugo Moyano, y otros 4 representantes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo contra la pyme Andar Transportadora en 2020, acusados del delito de extorsión en grado de tentativa.
De esta forma, este nuevo año tendrá una instancia decisiva para el enjuiciamiento de sindicalistas importantes de la estructura moyanista por bloquear empresas, cuya eventual condena podría sumarse a la de dos dirigentes de Camioneros de la Seccional San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, que siguen detenidos con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral y público por estar procesados en la causa por un bloqueo contra la pyme Distribuidora Rey, en 2021.
Omar Pérez es secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), e incluso su nombre sonó como uno de los candidatos a ir al triunvirato de la CGT en reemplazo de Pablo Moyano, mientras que otro dirigente que irá a juicio en esta causa es Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio, junto con Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.
Los cinco están acusados por el bloqueo contra el depósito de Villa Soldati de aquella empresa de Trenque Lauquen, llevado adelante por unos 15 representantes gremiales para reclamar una supuesta deuda con el Sindicato de Camioneros de la que, según la Justicia, “no surgieron elementos que permitan justificar la legitimidad”. Todos estaban procesados por coacción, en un fallo de noviembre de 2021 confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, pero el juez Fernando Caunedo decidió en agosto de 2022 elevar a juicio a los acusados por un delito más grave: extorsión en grado de tentativa.
Florencia Arietto, abogada de la empresa, dijo a Infobae que es “muy importante que nos hayan notificado la fecha de juicio porque desde hace dos años que estamos solicitando al tribunal que defina la audiencia y suponemos que el sindicato debe haber presionado a un montón de funcionarios que le deben favores para que no se lleve adelante”.
Arietto pidió al tribunal que las audiencias sean públicas y se transmitan en vivo y en directo “para que el pueblo argentino conozca lo que vive una pyme argentina con la mafia sindical enfrente y para que los propios trabajadores, que son extorsionados y apretados por los sindicatos, se den cuenta lo que los sindicatos hacen en su nombre, que no es cuidarle ni los derechos ni la fuente de trabajo, sino sacarle plata a una pyme o mantenerla bloqueada para su propio beneficio”.
La abogada incluyó a Hugo Moyano como autor mediato de los delitos denunciados y pidió su indagatoria por considerar que existe una estructura de poder en la cual hay una sola cabeza que emite las órdenes, pero el juez no avanzó en ese punto y sí en el resto de las imputaciones.
Sin embargo, Arietto advirtió que, después del juicio por el bloqueo contra Andar Transportadora, buscará “iniciar una segunda etapa contra Hugo Moyano, responsabilizándolo como autor mediato”, de la misma forma que lo hizo en la causa contra Carlos Acuña, titular del sindicato de estaciones de servicio y cotitular de la CGT, que en noviembre pasado fue procesado y embargado por 8 millones de pesos por un bloqueo realizado a una estación de servicio en octubre de 2021.
El pedido de elevación a juicio y el agravamiento de la acusación por el bloqueo contra Andar Transportadora fue efectuado en 2022 por el fiscal Ignacio Mahiques, en cuya presentación ante el juez consideró que “todos los imputados deben ser considerados coautores del hecho investigado pues con sus aportes contribuyeron a la realización del plan común que estaba orientado por la única finalidad de despojar a la firma de parte de su patrimonio en beneficio ilegal del Sindicato de Choferes de Camiones”. Y agregó: “Mientras parte de ellos llevaban adelante el bloqueo, otros, en particular Dutrá y Pérez, exigieron a Alejandro Castell (el dueño de la empresa) la entrega del dinero”.
Castell es el propietario de Andar Transportadora, una pyme familiar dedicada desde 2001 al transporte de cargas y cuya abogada es Florencia Arietto, una experta en combatir los bloqueos sindicales. Ambos forman parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que presidía Verónica Razzini, actual diputada nacional, y que hoy lidera Juan Méndez.
Para Mahiques, al considerar ilegítima la deuda reclamada a Castell, ya que se comprobó que no hay constancia alguna en los ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, los imputados fueron coautores del delito de extorsión en grado de tentativa, que el Código Penal reprime con reclusión de 5 a 10 años. “Aun de resultar existente la deuda reclamada, lo cierto es que ello no los habilitaba a forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”, afirmó el fiscal.
Recordó, en ese sentido, que los jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señalaron al confirmar el procesamiento de los acusados que “ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”. En este sentido, dijo que el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien establece que “el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto”, advierte que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”, y que tal se considera al que “contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”.
El fiscal consideró que “los imputados carecían de toda autoridad para reclamar directamente a la empresa del denunciante que incumplía la normativa legal en perjuicio del sindicato”, ya que, como había afirmado el juez Caunedo, el Ministerio de Trabajo es la autoridad para determinar si no se cumplía el convenio laboral. “Es decir -sostiene Mahiques-, el sindicato no estaba habilitado para reclamar directamente a la empresa y debía acudir ante la autoridad administrativa para formular sus reclamos en representación de sus afiliados”.Castell contó a Infobae que sus problemas comenzaron al año siguiente de haber creado Andar Transportadora, cuando el titular de la Seccional 9 de Julio de Camioneros, Hernán Sánchez, le reclamó dinero en concepto de diferencia de kilómetros que debían cobrar los choferes, ante lo cual, para evitar un conflicto, entregó 10 cheques a la orden del gremio y de su mutual.
Sin embargo, en la medida en que la pyme empezó a crecer, los pedidos derivaron en aprietes gremiales: “Día por medio me llamaban del sindicato para exigirnos dinero por la diferencia de kilómetros. Como les dije que no, Sánchez me respondió que por el monto de la deuda podía pagarles con uno de mis camiones. Por supuesto que me negué. Esa es plata que juntan para ellos cada dos o tres años. Hay empresas grandes, que tienen unos 70 camiones, a las que les sacan dos o tres millones de pesos cada seis meses, pero los cheques no a la orden van a nombre del sindicato, de la federación y de la mutual, y el dinero no llega a los choferes”.
Por ese motivo, Castell les advirtió a los dirigentes de la seccional de Camioneros que “no iba a pagar lo que no era legal” y allí comenzaron las hostilidades: Sánchez y “cuatro matones” aparecieron de improviso en su casa para reclamarle por la deuda. “Me exigían dinero por la diferencia de kilómetros entre 2008 y 2018 -contó-. Me negué y les pedí que me enviaran una carta documento para que constara oficialmente el reclamo y tener argumentos legales para rechazarlo”.
Según el dueño de Andar Transportadora, Sánchez le envió al celular una foto de una carta documento, pero nunca se la envió por correo, como corresponde legalmente. “Lo hicieron para asustarme. Como no aflojaba, el abogado de ellos nos dijo que íbamos a tener una sorpresa”, relató Castell. Y la amenaza se cumplió: el 31 de julio de 2020, mientras viajaba a Buenos Aires, el empresario se enteró de que unas 10 personas identificadas con el Sindicato de Camioneros y que decían responder a Hugo Moyano bloquearon de 9.30 a 13.30 el depósito de la pyme, en Villa Soldati, impedían el paso de los camiones y amenazaban a los choferes.
Castell llegó a tiempo para encarar a los activistas sindicales, que insistían en que mantendrían el bloqueo hasta que pagara la deuda, y soportó insultos de todo tipo. “Tenés que arreglar con la Seccional 9 de Julio”, le advirtieron. Uno de los matones de Camioneros incluso intentó pegarle. Finalmente, llegaron efectivos de la policía porteña, que, según el empresario, dejaron que se fueran sin ninguna dificultad luego de mantener cuatro horas de bloqueo.
Lo más significativo fue cuando, en pleno bloqueo, uno de los activistas de Camioneros le pasó un celular para que hablara con su “jefe”. Sorprendido, Castell escuchó a alguien que se presentó como Omar Dutrá, jefe de Logística del sindicato, y que le preguntó: “¿Por qué no paga y esto se termina? Vayamos por las buenas, déjese de joder”. El empresario le dijo que no. Su interlocutor le propuso visitar el sindicato para hablar sobre el tema. La respuesta fue afirmativa y el dueño de Andar quedó en pasar por allí el 5 de agosto, pero antes buscó asesoramiento legal y así llegó hasta Arietto
Castell fue al edificio del Sindicato de Choferes de Camiones, en San José al 1700, en el barrio de Constitución, el 5 de agosto de 2020 y puso en marcha una idea que ayudó a que luego avanzara la acusación de la fiscalía: le pidió a Dutrá que, como él no conocía bien la Ciudad, le enviara por WhatsApp la ubicación exacta del lugar adonde debía ir. Esos llamados y esa constancia geográfica sirvieron para certificar que su interlocutor estaba en el gremio de Moyano.
En el lugar, Dutrá lo llevó hasta la oficina de Omar Pérez, uno de los principales directivos de Camioneros. “¿Por qué te hacés el rebelde y no pagás?”, fue el mensaje que recibió como bienvenida. “Ustedes me están extorsionando. Piden plata que no es legal. Necesito que me intimen legalmente”, le contestó el empresario. “Mirá, no somos la gorra (en alusión a la policía), pero podemos cruzar la información con la AFIP”, le dijo el sindicalista.
En un clima tenso, Pérez le prometió que le iba a enviar el detalle de la deuda así podía pagarla y Castell pudo irse. Por entonces, patrocinado por Arietto, el empresario había presentado una denuncia judicial contra Hugo Moyano, Omar Pérez, Omar Dutrá y 15 activistas sindicales por extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y privación ilegítima de la libertad. Un elemento clave de la causa fueron las pruebas que aportó de lo que había sucedido durante el bloqueo: una de sus empleadas filmó con un celular un diálogo con los activistas en la puerta del depósito y las cámaras de vigilancia registraron los movimientos de los agresores.
Finalmente, Pérez nunca le hizo llegar el detalle de la deuda, pero, dos semanas después de su denuncia judicial, Castell recibió un requerimiento de la AFIP para revisar los papeles de su empresa. No encontraron nada fuera de la ley. El mes siguiente tuvo otra visita de los inspectores del organismo impositivo: “Abrían y cerraban los balances, revisaban las liquidaciones de los sueldos. Revolvieron todo. Mi contador dijo que nunca vio una inspección así”, destacó el empresario. “Tuve nueve meses a la AFIP en mi empresa. ¿Y al sindicato quién lo controla?”, se preguntó.
El fiscal Mahiques investigó el caso, tomó testimonio a siete testigos del bloqueo, analizó las filmaciones, identificó a algunos de los activistas que participaron de la medida de fuerza, descubrió que Dutrá también había estado allí y que llegó con su propio auto, pidió el entrecruzamiento de las llamadas entre un grupo de Camioneros y constató que habían estado en la zona del depósito de Andar en el mismo horario en que había sido bloqueado. Y por eso, además de determinar que la deuda reclamada era “inexistente”, el fiscal pidió la indagatoria de seis representantes sindicales.
De esa forma, el 16 de noviembre de 2021, el juez Fernando Caunedo procesó a los 5 dirigentes del Sindicato de Camioneros y embargó sus bienes por 300 mil pesos cada uno por considerarlos coautores del delito de coacción contra la empresa Andar. Un mes después, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó la condena dispuesta por el magistrado y advirtió que “ningún derecho puede ejercerse abusivamente”. Y en agosto de 2022 Caunedo decidió elevar a juicio a los acusados por un delito más grave, extorsión en grado de tentativa.
En su pedido de elevación a juicio, Mahiques aseguró que “la prueba reunida permite sostener, con el grado de probabilidad que exige el ordenamiento procesal para que la causa pase a la próxima etapa, que el “relevamiento” que los imputados dijeron haber llevado a cabo en el depósito del denunciante “pacíficamente” se trató verdaderamente de un violento bloqueo que no poseía otra finalidad que forzar a la empresa a que saldara la presunta deuda”.
Sobre el papel desempeñado por Pérez, el fiscal sostuvo que “la reunión que Castell mantuvo con él en sede del sindicato configura un supuesto concertado de la continuidad de la coacción desplegada por sus coimputados en la puerta del depósito, máxime cuando, de manera que no puede más que interpretarse como intimidatoria, le hizo saber que contaba con la posibilidad de cruzar información con los organismos públicos de recaudación fiscal”. /Ricardo Cárpena/Infobae—FOTOS: Perfil—Senado BA
