Mientras el 15 de julio el gobierno de Santa Cruz depositó un bono extraordinario de entre 60 a 100 mil pesos por cada trabajador de la administración pública provincial, la mayoría de los intendentes de Santa Cruz están negociando con la gobernadora Alicia Kirchner una partida de fondos para afrontar un pago similar a los trabajadores de las comunas locales en las próximas semanas.
Lo que resulta llamativo es que, quien impulsa la iniciativa es Pablo Grasso, el intendente de Río Gallegos, el cual, paradójicamente (o no tanto) está gastando no menos de 200 millones de pesos en la organización de la “Fiesta del Frío” y encabeza la organización de estos jefes comunales para pedirle plata al gobierno, en su mayoría intendentes a los que Grasso les ha pedido el apoyo político para las elecciones a gobernador.
El miércoles se reunieron de forma presencial con Grasso, los jefes comunales de Los Antiguos, Julio Bellomo; Puerto Santa Cruz, Néstor González; de Gobernador Gregores, Héctor Vidal; de Perito Moreno, Mauro Casarini; de Río Turbio, Darío Menna; de Piedra Buena, Federico Bodlovic y, en forma virtual participaron Néstor Tico de El Chaltén y Osvaldo Maimó de Pico Truncado.
Las intendencias negocian con la administración provincial un préstamo, similar al que otorgó el gobierno de Kirchner años atrás para afrontar el aguinaldo, que podría provenir de adelantos de coparticipación provincial o de alguna negociación por recursos nacionales que les permita pagar un bono a los trabajadores municipales antes del 13 de agosto, cuando se realicen las elecciones provinciales.
Una idea que ronda en la negociación que tuvieron ayer con la gobernadora Kirchner y el ministro de Economía, Ignacio Perincioli, es que haya recursos para afrontar un bono equivalente a un cuarto del aguinaldo que se pagó en junio con aportes del tesoro provincial con un mecanismo de devolución a baja tasa. La fecha estimativa sería pagarlo antes de finalizar julio o en los primeros días de agosto.
La discusión de fondo, que Kirchner tiró sobre la mesa de los intendentes, es por qué no se discutió una nueva ley de coparticipación provincial en la legislatura provincial, donde están representados los intereses de las comunas. Pero ningún municipio ni comisión de fomento quiere perder terreno en el reparto de los recursos que provienen de las regalías hidrocarburíferas, la coparticipación federal de impuestos y los ingresos que recauda la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, información suministrada mensualmente por OPI donde queda muy claro que el aumento interanual de la recaudación es un hecho que resulta de los datos oficiales.
La actual ley de coparticipación provincial rige desde 1987 y sólo se actualizaron los montos correspondientes a las localidades con el Censo Nacional de 2010, mediante una resolución del Ministerio de Economía. Pese al incremento de la masa coparticipable en términos nominales, el sistema de distribución sigue siendo el mismo hace más de 35 años.
A comienzos de junio, el gobierno santacruceño informó que el 15 de julio se pagará un bono extraordinario para el personal activo y pasivo de los tres poderes, que será de 100 mil pesos para quienes ganen un salario bruto inferior a 300 mil pesos y de 60 mil pesos, para quienes superen ese monto de salario bruto.
Perincioli había confirmado que en diciembre de 2022, el aguinaldo que se pagó en junio se destinó 11.500 millones de pesos en total, de los cuales, 9.500 millones de pesos para los trabajadores provinciales y más 2.000 millones de pesos para los municipales.
En tanto, para el pago del bono extraordinario y la doble asignación por hijo por única vez en julio implica una erogación de 4.500 millones de pesos para “paliar la situación en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, y los jubilados y jubiladas del Estado” provincial.
Hasta ahora, el único municipio que anunció el pago de un bono extraordinario para sus trabajadores fue Puerto Deseado, que lo percibió el sábado 15 de julio. (OPI Santa Cruz)
