La decisión de estatizar la principal petrolera, las tensiones con la empresa española y el incumplimiento del estatuto societario derivaron en un conflicto judicial que escaló durante más de una década en tribunales internacionales
La decisión de la justicia de Estados Unidos de anular la condena contra la Argentina en el caso YPF volvió a poner en el centro de la escena uno de los episodios más trascendentes de la política económica reciente. Tras conocerse el fallo, el presidente Javier Milei lo calificó como un hecho “histórico” y lo presentó como el mayor logro jurídico en este litigio.
La expropiación de YPF en 2012 se inscribió en un contexto de creciente conflicto entre el Gobierno argentino y Repsol, que controlaba la compañía desde la privatización de los años noventa. La administración encabezada por Cristina Fernández de Kirchner cuestionó de manera sostenida la política de inversión de la petrolera y vinculó esa estrategia con la caída en la producción de hidrocarburos.
En ese proceso tuvo un rol central Axel Kicillof, quien integraba el equipo económico y participó en el diseño y la defensa política de la medida. Su intervención resultó clave en la estrategia oficial para avanzar con la estatización y en la justificación pública de la decisión.
El diagnóstico oficial apuntó a un deterioro del sector energético que impactó en el abastecimiento interno. La disminución de la producción de petróleo y gas coincidió con un aumento de la demanda, lo que obligó al país a incrementar las importaciones de combustibles. En ese escenario, el Gobierno planteó la necesidad de recuperar el control sobre la principal empresa del sector.
El 16 de abril de 2012, la presidenta anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para declarar de utilidad pública el 51% del capital accionario de YPF. La iniciativa apuntó de forma directa a la participación de Repsol, que hasta ese momento ejercía el control de la compañía.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención de la empresa. La medida implicó el ingreso del Estado en la conducción operativa de la petrolera y marcó un cambio inmediato en su administración. La decisión generó un fuerte impacto político y económico, tanto en el plano local como en el internacional.
El proyecto avanzó en el Congreso con amplio respaldo parlamentario. La ley se aprobó semanas después y formalizó la expropiación del paquete accionario mayoritario. A partir de esa sanción, el Estado argentino pasó a controlar la empresa, con participación también de las provincias productoras.
El inicio del conflicto judicial
La decisión abrió un conflicto directo con Repsol, que rechazó la medida y exigió una compensación económica. La compañía española cuestionó la legalidad de la expropiación y activó reclamos en distintos ámbitos. La disputa se trasladó al terreno diplomático y judicial.
Durante los meses siguientes, el Gobierno argentino y la empresa mantuvieron negociaciones por una indemnización. Ese proceso concluyó en 2014 con un acuerdo entre ambas partes. La Argentina aceptó pagar unos USD 5.000 millones en bonos como compensación por el 51% expropiado.
El entendimiento con Repsol cerró el conflicto con el accionista mayoritario, pero no resolvió la situación de otros inversores. El foco del problema se trasladó entonces al estatuto societario de YPF, que establecía obligaciones específicas ante un cambio de control.
Ese estatuto indicaba que quien tomara el control de la compañía debía realizar una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas. Sin embargo, el Estado argentino avanzó con la expropiación sin cumplir con ese mecanismo. Ese punto se convirtió en el eje central de los reclamos posteriores.
Entre los accionistas minoritarios se encontraban algunas sociedades cuyos derechos de litigio pasaron luego a manos de fondos especializados en este tipo de demandas, entre ellos, Burford Capital, que participó en la estrategia judicial del caso. Esos actores impulsaron acciones judiciales en tribunales de Estados Unidos, donde argumentaron que la Argentina incumplió el estatuto de la empresa y perjudicó a los accionistas minoritarios.
El caso avanzó en la justicia de Nueva York durante varios años. Los demandantes sostuvieron que el Estado debía haber lanzado una oferta pública por el resto de las acciones al momento de tomar el control de la compañía. La falta de ese procedimiento, según esa interpretación, generó un daño económico significativo.
En 2023, la jueza Loretta Preska dictó un fallo adverso para la Argentina. La magistrada estableció que el país debía pagar una indemnización superior a los USD 16.000 millones. Con el cálculo de intereses, la cifra superó los USD 17.000 millones.
La sentencia se convirtió en la mayor condena económica dictada contra un Estado soberano en tribunales de Estados Unidos. El fallo se basó en el incumplimiento de las reglas establecidas en el estatuto de YPF.
A partir de esa decisión, el litigio ingresó en una nueva etapa. Se presentaron apelaciones y se abrieron instancias vinculadas a la ejecución de la sentencia. Los demandantes impulsaron medidas para intentar cobrar la indemnización.
Este viernes, en un hecho histórico para el país, la Corte de Apelaciones de Nueva York, dio de baja el falló en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF. /Infobae.cpm
