El aire en la Sala de Audiencias Federal de Salta pesaba. A las once y media de la mañana, el murmullo de los asistentes se apagó cuando los cinco hombres fueron escoltados por Gendarmería hasta sus lugares. Eran los protagonistas de una historia que parecía sacada de una película narco: una avioneta cargada con más de 360 kilos de cocaína caída entre los campos de Rosario de la Frontera, a 50 kilómetros de Tucumán.

La audiencia, presidida por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, tuvo por objeto formalizar la imputación de los cinco detenidos, acusados de integrar una organización dedicada al tráfico transnacional de estupefacientes.

Los imputados

Los rostros hablaban por sí solos. Julián Darío Mancilla, 25 años, peluquero, oriundo de Antilla —una pequeña localidad rural del municipio El Potrero—, evitaba cruzar miradas. A su lado, Jonathan Alejandro Gómez, 35 años, comerciante de granos, parecía repasar en silencio las palabras que había pronunciado días atrás ante la fiscalía. Completaban el grupo Jorge Alberto Cuellar, también de Antilla, 36 años, de gesto hermético; y los bolivianos Juan Pablo Quinteros Peredo, de 45 años, piloto profesional oriundo de Cochabamba, y Henry Mercado Cuajera, 36 años, albañil y copiloto del vuelo que jamás llegó a destino.

El día que el cielo se abrió

Todo comenzó la mañana del 4 de noviembre, alrededor de las 15.30, cuando la fiscal auxiliar, Florencia Altamirano, recibió un llamado urgente de Gendarmería Nacional: vecinos habían denunciado la caída de una aeronave sobre una finca ubicada entre la Ruta Provincial 3 y la 31, cerca de la Ruta Nacional 9/34. Los videos de los lugareños mostraban una columna de humo y la silueta de un avión que había intentado aterrizar entre los árboles.

Cuando los primeros gendarmes llegaron, el cuadro era devastador: una avioneta totalmente destruida, una de sus alas enterrada entre los matorrales, y a escasos metros, un auto completamente calcinado.

No había cuerpos dentro. Ni rastro de los tripulantes. Pero tres bolsas de arpillera se asomaban entre los restos del fuselaje: dos afuera, una adentro. A simple vista, cada una contenía bloques compactos envueltos en cinta color crema, prolijamente apilados. En los envoltorios se leía una palabra impresa en letras negras: “PRADA”.

El narcotest fue inmediato: clorhidrato de cocaína. Peso total, 136 kilos.

El rastro del auto quemado

Mientras se tomaban muestras y se cercaba el lugar, uno de los gendarmes halló entre los restos del vehículo calcinado una cédula de identificación automotor. A pesar de estar ennegrecida, el nombre aún se podía leer: Julián Darío Mancilla.

Casi al mismo tiempo, en la Comisaría N°31 de Rosario de la Frontera, un joven con el rostro lastimado entraba a denunciar que le habían robado el auto. Dijo que unos tucumanos armados lo habían golpeado y se habían llevado su vehículo.

Era el mismo Mancilla

La fiscal ordenó su inmediata detención. Su historia no cerraba por ningún lado: la patente que decía haber perdido coincidía con la del coche carbonizado junto a la avioneta. En su poder, además, se encontraron lesiones compatibles con un accidente reciente.

Esa noche, la investigación tomó velocidad. Un informe reservado de la Brigada de Drogas Peligrosas de Metán recordaba que, dos días antes, se había denunciado la existencia de una organización narco-criminal en Antilla, integrada por tres hombres. Los nombres coincidían: Mancilla, Gómez y Cuellar. Se movían en un Volkswagen Gol y una camioneta.

Las detenciones: la red se cierra

El día posterior al hallazgo, la policía montó un operativo cerrojo. A las 10:05 de la mañana, en el puesto El Turastro, sobre la ruta 9/34, fue interceptado un vehículo conducido por Jonathan Gómez. Tenía los brazos y las piernas llenos de raspones. Fue detenido.

Horas después, una denuncia anónima condujo a los agentes hasta una vivienda en Antilla. Allí estaba Jorge Cuellar. No opuso resistencia. Se entregó tranquilo, como si supiera que el juego había terminado.

La última pieza llegó al caer la tarde. Una kiosquera de Rosario de la Frontera llamó a la policía: dos hombres con acento extranjero, lastimados y cubiertos de polvo, habían intentado comprar una bebida energizante pagando con dólares. Eran los pilotos.

En sus mochilas llevaban dos GPS, tres teléfonos satelitales, una antena Starlink y cargadores portátiles.Esa tecnología, explicó el fiscal, “da cuenta del nivel de planificación y comunicación permanente que mantenían durante el vuelo”.

El hallazgo en Antilla

Mientras los peritos analizaban los dispositivos electrónicos, un dato de Gómez —quien aceptó declarar como imputado colaborador— llevó a los investigadores hasta un descampado de Antilla.

Allí, a un metro bajo tierra, se encontraron cinco bolsas de alpillera idénticas a las del avión. Dentro, 228 kilos de cocaína prensada, con la misma leyenda “PRADA”.

La suma total ascendió a 364 kilos de clorhidrato de cocaína, valuados en más miles de millones de pesos en el mercado europeo.

El rompecabezas de los hechos

Según la reconstrucción de la fiscalía, los tres salteños esperaban la avioneta en una finca. Para guiar a los pilotos, habían extendido una lona blanca con una cruz roja pintada con aerosol, visible desde el aire.

No se trataba de una pista preparada, sino de un campo desmontado, lo que pudo provocar el error de aterrizaje. La aeronave habría tocado con su ala derecha el auto de Mancilla y explotó. Los pilotos huyeron hacia el norte, abandonando parte de la carga.

“Sabíamos que la droga de la avioneta no era toda por semejante operativo que montaron”, explicó Villalba durante la audiencia. “La encontramos enterrada en Antilla, empaquetada con precisión industrial. Esto no es improvisación: es un esquema organizado que opera a ambos lados de la frontera.”

En la audiencia: los cargos y las tensiones

La fiscalía expuso durante casi una hora. Describió con detalle la ruta aérea desde Bolivia, el uso de tecnología satelital, los roles asignados y la logística terrestre.

Los imputados escuchaban en silencio. Cuando Villalba mencionó el nombre de Mancilla, el joven bajó la cabeza.

La fiscalía los acusó de contrabando y tráfico de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas y por el uso de aeronaves.

Para los pilotos, el agravante es directo. Para los tres salteños, la figura de partícipes necesarios.

El defensor de Mancilla pidió que sea trasladado a un establecimiento penitenciario con atención médica, argumentando que su cliente es insulinodependiente y necesita controles permanentes. También solicitó que no comparta pabellón con los demás acusados.

Luego habló el defensor de Gómez, quien denunció que su defendido había sido presionado para declarar. Gómez pidió la palabra y, con voz baja, lo ratificó.

El silencio se hizo espeso. Villalba, molesto, respondió: “Esto es una falta de respeto. Esa declaración fue voluntaria. Y la prestó ante una fiscal mujer, por pedido suyo. No hay coacción. Inclusive toda la declaración esta grabada”.

Cabe destacar que, Gómez, había accedido a brindar información precisa sobre los lugares de acopio y la red de transporte a cambio de ser considerado imputado colaborador. La fiscalía planeaba homologar ese acuerdo en los próximos días.

Los representantes del Fiscalía destacaron el «grado de peligrosidad» de la organización y solicitaron la prisión preventiva para todos los acusados. Basaron su pedido en el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecimiento de la causa, la pena en expectativa y los compromisos internacionales de Argentina en la lucha contra el narcotráfico. / Santiago Mendieta/lagaceta.com.ar