Dos comerciantes pagaban coimas que superaban los 100 mil pesos para poder ingresar indumentaria desde Chile.
Luego que este diario publicara sobre la detención de los diez efectivos de Gendarmería Nacional y de dos comerciantes, acusados de contrabandear indumentaria desde Chile a cambio de coimas que iban desde los 20 mil a 100 mil pesos para los miembros de la fuerza de seguridad federal, la Fiscalía a cargo de la investigación dio a conocer los detalles del modus operandi de los inculpados.
Además, a pedido del fiscal federal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, el juez federal de Garantías N°1 de esta provincia, Eduardo Hansen, hizo lugar el pasado lunes a la imputación penal para los inculpados aprehendidos el pasado sábado en diversos allanamientos.
En una audiencia de formalización de la investigación penal, el magistrado también avaló la legalidad de las detenciones, autorizó una serie de pericias y dictó la prisión preventiva de los dos comerciantes.
Mientras que a los gendarmes implicados les impuso la prohibición de salir del país, el comparendo cada 15 días en una dependencia policial, la promesa de no entorpecer el proceso y la retención de sus documentos de viaje.
El juez dispuso la imputación penal de los comerciantes Luciano Jorge Carabajal y Cristian Ramón Urzagasti por el delito de contrabando de importación agravado por el número de personas involucradas, la intervención de miembros de fuerzas de seguridad y por el valor de la mercadería, en concurso con cohecho activo y en grado de coautores.
En tanto, los gendarmes Osvaldo Alfonso Durán, Gustavo César Aranibar, Yanina Gabriela Báez, Claudio Gabriel Bareiro, Gustavo Celestino Castillo, Ricardo Fernando Gutiérrez, Matías Ezequiel Escalante, Nicolás Alejandro Iznardo, Diego Sebastián Pabloff y José Antonio Pantoja, pertenecientes al Escuadrón 53, fueron imputados por contrabando de importación en concurso con los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho pasivo, en calidad de partícipes necesarios.
Sobre la investigación
Al presentar el caso, el fiscal Zurueta y el auxiliar fiscal Federico Casas aclararon que las detenciones no fueron fortuitas, sino fruto de una investigación iniciada el 22 de mayo pasado.
Explicaron que, en el marco de otra pesquisa con escuchas telefónicas judicializadas, surgió una información que daba cuenta de una modalidad delictiva en los puestos de control del personal de Gendarmería Nacional.
Entre otros datos, resaltaba el nombre del imputado Carabajal, quien se dedicaba al contrabando de indumentaria a granel que se consumaba a través del Paso de Jama y con colaboración de gendarmes.
En función de ello, la fiscalía dispuso tareas de campo e inteligencia a través de las cuales se estableció que efectivamente Carabajal, desde mayo de 2022 había iniciado constantes viajes hacia Chile junto a Urzagasti, tanto en un vehículo como una camioneta, en la que ingresaban a este país gran cantidad de mercadería de todo tipo, aunque en su mayoría se trataba de ropa y calzado.
La misma era comercializada por fardos mediante sus redes sociales. En la cuenta de Facebook de Carabajal, por ejemplo, se consignaba que la ropa era de origen extranjero. Todo esto motivó profundizar las intervenciones telefónicas, tanto sobre Carabajal, Urzagasti y los gendarmes con quienes se comunicaban.
De esta manera, se pudo determinar que el éxito del contrabando era garantizado por los gendarmes acusados, quienes prestaban servicio en el puesto del Paso de Jama. A cambio, y según surge de las escuchas telefónicas y mensajes, los comerciantes imputados acordaban con los efectivos de la fuerza federal el pago de coimas que se efectivizaban mediante transferencias bancarias.
Al respecto, y para reforzar la imputación penal, expusieron algunos de los chats mantenidos entre los imputados, de los que surgía claramente la connivencia que existían.
Los gendarmes incluso les advertían a los comerciantes, cuando no estaban en sus puestos de control, o bien, que había otros gendarmes que querían cobrar 400 mil pesos por vehículos.
Coimas por transferencia
También se detallaron numerosas transferencias bancarias realizadas por parte de los comerciantes Carabajal y Urzagasti, a cada uno de los gendarmes acusados por sumas que iban desde los 20 mil a más de 100 mil pesos.
Dada la gran cantidad de pruebas reunidas, es que se solicitó las detenciones de los acusados y el allanamiento de sus domicilios.
Como resultado de ello, en la casa de los comerciantes se secuestraron varios fardos de mercadería con una valuación provisoria que supera los 18 millones de pesos, suma que fue resaltada por la fiscalía al momento de describir la magnitud de la maniobra delictiva y su grave afectación, en materia impositiva.
Dada la gran cantidad de pruebas reunidas, es que se solicitó las detenciones de los acusados y el allanamiento de sus domicilios.
Como resultado de ello, en la casa de los comerciantes se secuestraron varios fardos de mercadería con una valuación provisoria que supera los 18 millones de pesos, suma que fue resaltada por la fiscalía al momento de describir la magnitud de la maniobra delictiva y su grave afectación, en materia impositiva.
Prisión preventiva
Los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron para Carabajal y Urzagasti la medida más severa, o sea la prisión preventiva en unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal, lo que fundaron en el serio riesgo de fuga, la facilidad para abandonar el país y la capacidad económica que ostentan para ello. Sin minimizar con ello la conducta de los gendarmes, la que también calificaron como grave, consideraron acertada la prisión preventiva de los comerciantes, en razón, de que ninguno tenía trabajo formal registrado y, básicamente, se jactaban de manejar a los gendarmes con dinero.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron para Carabajal y Urzagasti la medida más severa, o sea la prisión preventiva en unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal, lo que fundaron en el serio riesgo de fuga, la facilidad para abandonar el país y la capacidad económica que ostentan para ello. Sin minimizar con ello la conducta de los gendarmes, la que también calificaron como grave, consideraron acertada la prisión preventiva de los comerciantes, en razón, de que ninguno tenía trabajo formal registrado y, básicamente, se jactaban de manejar a los gendarmes con dinero. /El Tribuno de Jujuy
