Pese a los anuncios de «motosierra» en el comienzo del gobierno de Javier Milei, el esquema estatal de asistencias no sufrió grandes cambios. Las cifras indican que se dieron de baja unos 400 mil planes, pero muchos de ellos por falta de reempadronamiento y un porcentaje menor por irregularidades. El congelamiento en los montos impactó en los sectores más vulnerables y se mantiene vigente el vínculo con las organizaciones sociales.
Javier Milei hizo campaña y aterrizó a la presidencia criticando la gran cantidad de planes sociales bajo los últimos gobiernos. Y anticipó motosierra a fondo. Pero a nueve meses del comienzo de su gestión, el esquema estatal de asistencias quedó con algunas promesas, sin grandes cambios de fondo y con un millón de beneficiarios.
Al 10 de diciembre de 2023, el Estado contabilizaba 1.400.000 planes sociales bajo el nombre Potenciar Trabajo. A fines de febrero, comenzaron las modificaciones: el Ministerio de Capital Humano decidió dividir en dos dicho programa y anunció un método de reempadronamiento, ante la sospecha de irregularidades y para comenzar a quitar la injerencia de los dirigentes de movimientos sociales, los enemigos declarados de la líder de la cartera, Sandra Pettovello, en el manejo de los beneficios.
Así nació Volver al Trabajo, que pasó a depender de la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero, y que busca capacitar a hombres y mujeres para que ingresen al mercado laboral. De acuerdo a números a los que tuvo acceso PERFIL, quedaron en pie 750 mil planes de 78 mil pesos cada uno.
Por otro lado, apareció Acompañamiento Social, que actualmente dispone de 250 mil beneficiarios que cobran 78 mil pesos, y funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Es un proyecto que impacta en personas de más de 50 años y/o madres de cuatro o más hijos menores de 18 años.
Es decir, que a pesar de las palabras de Milei y Pettovello, el grueso de los planes se mantuvo (un millón), se congelaron los montos y solo se recortaron 400 mil. Según un importante referente social de diálogo con autoridades de La Libertad Avanza, el ajuste se dio básicamente por la falta de reempadronamiento de los que disponían de la ayuda estatal y solo se detectaron 27 mil “irregularidades”, como apuntan.
Hay otro dato que manejan las organizaciones sociales: el 70% de los beneficiarios continúan con algún tipo de vínculo con las agrupaciones, ya sea con contraprestaciones en base a trabajos en las unidades productivas que tienen, tareas en comedores, postas sanitarias y refugios de mujeres. Para un cuadro de la Corriente Clasista Combativa, esto se debe a que los movimientos sociales llegan a lugares que el Estado no.
“El Gobierno subestimó a la pobreza, cree que la gente no piensa y que solamente ajustando los planes la gente iba a abandonar a las agrupaciones que pisan los barrios”, grafica. De hecho, en la UTEP hay contacto con la Secretaría de Trabajo para conversar sobre Volver al Trabajo, con análisis de capacitaciones, prácticas formativas, condiciones de las personas que tienen un plan, entre otros temas.
“Hay mucha gente de Techint que llevó Cordero al ministerio y no llega a comprender qué pasa, nosotros le contamos y damos nuestro punto de vista”, precisó un dirigente sobre las charlas que tienen con la dependencia de Capital Humano.
Silvia Saravia, la máxima figura de Libres del Sur, apuntó sobre el tema: “Nuestros compañeros siguen cobrando Acompañamiento Social y Volver al Trabajo. En muchos casos continúan con los emprendimientos productivos y las actividades de promoción y cuidados, aunque el gobierno de Javier Milei haya quitado la contraprestación obligatoria y haya congelado los montos”.
Las tareas de cuidados (en rubros como alimentación, salud, educativas), limpieza del barrio y productivos son los que más se sostienen, con apoyo de la organización y autogestion”, sostuvo Saravia. Ante la consulta de este medio, en el ministerio de Pettovello se negaron a dar su versión sobre qué sucede con los planes. / Juan Pablo Kavanagh /perfil.com
