También apunta a la petrolera de mayoría estatal, Arsat y Enarsa. Dice que son “alter egos” del Estado argentino, cuenta Financial Times, que accedió a presentaciones de los litigantes. Los abogados de la Argentina niegan que puedan hacerlo y no negocian; según un experto argentino eso es un “gran error”
El estudio de abogados inglés Burford, que tiene a su favor un fallo judicial a su favor de USD 16.000 millones de la jueza neoyorquina Loretta Preska en un juicio por la expropiación de YPF encabezada en 2012 por el entonces ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof.
Financial Times, uno de los medios más influyentes del mundo, dice que con el argumento legal del “alter ego”, esto es, que empresas como Aerolíneas e YPF y organismos como el Banco Central y Arsat, y también el Banco Nación, son en realidad prolongaciones del Estado argentino, el acusado en el juicio, y por lo tanto sus activos en el exterior podrían ser sujetos de embargo a favor del litigante, Burford Capital.
La nota, con información de Nueva York y Buenos Aires, dice que Burford se embarcó en un “largo viaje” para hacerle pagar a la Argentina y recuerda que un caso similar, el del fondo buitre Elliott, duró quince años, incluyó la retención por más de dos meses de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana y finalmente se llegó a un arreglo durante el gobierno de Mauricio Macri.
Esta vez, dice el FT, el caso incluye presentaciones legales “estridentes”, en que los abogados del litigantes acusan a los abogados de la Argentina de “procedimientos descarados” para frustrar los esfuerzos de “recupero” de Burford.
“El actual presidente libertario, Javier Milei, está en el extremo ideológico opuesto al de la administración izquierdista de Cristina Fernández de Kirchner”, dice la nota. A su vez, agrega, Milei ha dicho que quiere reprivatizar YPF y otras compañías estatales y ha señalado su voluntad de pago si la apelación en curso no tiene éxito, pero la disputa entre la Argentina y Burford, dice, es más contenciosa que nunca, según revelan los papeles del juicio. Esos papeles, dice, también permiten un vistazo a las “dramáticas movidas” que pueden seguir, con los abogados litigantes buscando permiso judicial para examinar grandes porciones del estado argentino, desde su aerolínea de bandera y su principal banco comercial (esto es, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, ambas con activos en los EEUU).
Según los abogados de Burford, esas empresas están llenas de nombramientos políticos de personal no calificado y son “alter egos de la República”, lo que significa legalmente no solo que son propiedad, sino también que son controladas por el estado argentino e “indistinguibles de él”. Una determinación judicial de ese tipo teóricamente facilitaría a la toma de activos por parte de los acreedores.
El FT señala también que “gente cercana a la administración argentino, que está apelando contra el fallo del año pasado, confían en ganar una apelación, que los acreedores están en una “expedición de pesca” cuyo objetivo es “avergonzar al país” y que no hay “activos sustanciales” de la Argentina en jurisdicción de EEUU.
En su presentación a las cortes, los abogados de la Argentina han negado que los organismos en cuestión sean “alter egos” y que fallos previos de la justicia de EEUU han apoyado el argumento de que son “operacionalmente separados del Estado”.
Los abogados de Burford han pedido a la justicia de EEUU permiso para examinar cuán “estrechamente relacionadas” están algunas compañías con el Estado. Cita allí a la propia YPF (objeto original del juicio), que tiene un valor de mercado de USD 10.700 millones y el Estado argentino es dueño del 51 por ciento. También argumentan que gobiernos previos han usado YPF para designar amigos políticos y para fijar el precio local de los combustibles, lo que evidenciaría que “es un brazo del Estado”, por lo que pidieron que la Justicia le ordene a la República transferirles sus acciones en YPF. La empresa, recuerda la nota, tiene activos petroleros y gasíferos valiosos, incluida la formación Vaca Muerta.
Sin embargo, los activos de YPF más fáciles de alcanzar por parte de los acreedores, dice Sebastián Maril, de Latam Advisors, un experto argentino en el caso, serían sus bonos corporativos, que en algunos casos están garantizados por las exportaciones de petróleo de la compañía. El precio de esos bonos “colapsaría” si YPF fuera considerada “alter ego” del Estado argentino, incluso si los litigantes no pudieran hacerse de ellos.
La intención de los demandantes es forzar a la Argentina a negociar, pero el FT cita que “gente cercana a la Argentina ninguno de esos activos estaría al alcance de los acreedores y que las acciones de YPF son “absolutamente inmunes” a un embargo.
Además dijeron que no ninguna negociación en curso con los litigantes mientras sigue el juicio. En su cuenta en la red social X, Maril posteó hoy que esa postura es un “gran error y costosa decisión. La historia nos lo dice”.
En cuanto al BCRA, los abogados dicen que es usado como “un instrumento del Estado y que el propio Milei prometió repetidamente cerrarlo, lo que vendría a demostrar que también en ese caso el Estado argentino está a cargo de la entidad. “Es lo que escribió en su libro reciente”, dijo el abogado Randy Mastro en una audiencia judicial en mayo pasado. En respuesta, los abogados argentinos dijeron que el control sobre el Banco Central no era tan extensivo. Expertos consultados por el FT notaron al respecto que las reservas de los bancos centrales (de las que el BCRA tiene pocas) disfrutan de una “fuerte inmunidad contra embargos en la mayoría de las jurisdicciones, incluido EEUU”, aunque por otra parte cita la decisión anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, de enviar al exterior, a un lugar no identificado, una parte de las USD 4.700 millones en oro propiedad del BCRA, para “generar retornos”, algo que el exministro Martín Guzmán calificó de “embargar las joyas de la abuela”.
Los otros activos a los que apunta Burford son Aerolíneas Argentinas, que Milei intentó pero no logró el visto bueno del Congreso para privatizarla. La compañía aérea, precisa la nota, controla el 60% del mercado local de vuelos y tiene una flota de 84 aviones, pero la mayoría son por medio de “leasing”. También en este caso, los litigantes señalan que Aerolíneas ha estado llena de “nombramientos políticos, que han sido acusados por falta de experiencia y pobre manejo” del negocio aéreo.
Los otros activos apuntados por Burford son Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones, proveedora de infraestructura de telefonía móvil e internet, Enarsa, enfocada en la importación y distribución de energía y la construcción de infraestructura, y el Banco Nación, el más grande minorista de la Argentina, con sucursales en Nueva York y Miami. Todas esas compañías, concluye el artículo, son objetivos de privatización del gobierno de Milei. /Infobae—Fotos: El Destape—Wilkipedia
