La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, comandada por Juan Carlos Pagotto, buscará dictaminar la iniciativa que declara “el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina”. Cabe recordar que el proyecto fue aprobado por Diputados en 2023, dentro de un paquete de leyes que la Cámara baja avaló en medio de una sesión y que no fue acompañado por los entonces legisladores Javier Milei y Victoria Villarruel.
Días después de aquella sesión, el hoy Presidente de la Nación había pedido a la otrora titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que le cambiaran el voto como afirmativo para esa ley y para el de eliminación del trámite de fe de vida a los jubilados y pensionados.
De esta manera, el proyecto en cuestión impone que el 18 de julio “la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos” y que “el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha”.
Asimismo, se “invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar similares medidas”. Vale remarcar que conseguir quórum en la comisión será todo un desafío para Pagotto, cerca del final de una semana que tiene escasa actividad en el Senado y legisladores que se encuentran en sus provincias.
En tanto, durante la reunión también habrá dos iniciativas que impulsa la senadora radical Carolina Losada y que, durante la gestión anterior de Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara alta no fueron tenidas en cuenta o no llegaron al recinto.
La primera ley activaría “prisión de tres (3) a diez (10) años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”. En los fundamentos, Losada explicó que “debido a la falta de convocatorias a Sesiones Ordinarias de la anterior gestión de este Honorable Senado el dictamen conjunto sobre tipificación de ‘compra’ y ‘venta’ de niños acordado con fecha 19/10/22 (S-404/21, S-1232/22 Y PE-106/22. 06-02-2024) caducó por renovación bienal del cuerpo. Se trata de una problemática sumamente grave y aún sigue siendo una gran deuda para nuestra sociedad”.
Por su parte, el segundo proyecto expresa que “el que promoviere, facilitare, incitare, indujere o instigare la corrupción de menores de 18 años con fines delictivos, será reprimido con prisión de 3 a 6 años. La pena será de prisión de 6 a 10 años cuando el niño o adolescente fuera menor de 13 años. Cualquiera fuese la edad del menor, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, o por pago o promesa remuneratoria, como también si el autor fuera ascendiente, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de la educación o guarda”.
La propuesta, firmada también por el radical Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri del PRO, aclara que las penas se agravarán “de un tercio a la mitad en caso de funcionario público o miembro de fuerza de seguridad, como asimismo en caso de que las conductas delictivas llevadas a cabo por el niño, niña o adolescente fueran de los tipos penales descriptos en la ley de estupefacientes Nº 23.737″. /ncn.com.ar
