Los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone trabajan en una sentencia; la salida de la jueza Figueroa, dispuesta por la Corte, destrabó la situación y acelera una definición; se trata del caso de lavado de dinero con los negocios hoteleros
La Cámara de Casación Penal se encamina a revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en la causa Hotesur y Los Sauces, en la que fueron investigados por lavado de dinero de la corrupción en un fallo que se conocería antes del fin de mes en curso, según diversas fuentes de los tribunales consultadas por LA NACION. De esta manera, se abre la posibilidad de que la vicepresidenta afronte un nuevo juicio oral en su contra.
Esa sentencia es analizada por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, ambos de la sala I de la Cámara de Casación. Ana María Figueroa, que era jueza hasta el miércoles pasado en esa misma sala, fue dejada cesante por la Corte al cumplir 75 años y no conseguir un nuevo acuerdo del Senado.
La salida de Figueroa destrabó una situación particular que se daba en la Sala. El 9 de agosto pasado, cuando cumplió 75 años, dejó de firmar sentencias, pero al mismo tiempo se percibía como magistrada. Eso impidió que se terminara de conformar un fallo con tres votos, pues ella se había autoexcluido para votar y no se la podía reemplazar con un juez suplente. Su voto, que no se integró a una sentencia protocolizada y firmada, quedó como un borrador en la caja fuerte. Como Figueroa no es más jueza, no es válido su pronunciamiento. Se suponía que iba a fallar en favor de Cristina Kirchner.
Ahora hay dos jueces en la Sala para votar, que son Barroetaveña y Petrone. Si ambos comparten punto por punto la solución jurídica del caso, pueden firmar ellos dos la sentencia. En cambio, si hay algún disenso, deberían convocar a un tercer juez. Esta sala, este año está integrada también por Carlos Mahiques, que se excusó, porque su hijo Ignacio (exfiscal y ahora camarista) fue quien investigó Hotesur. Fue sorteado en su lugar el juez Javier Carbajo.
No obstante, la intervención de Carbajo no sería necesaria y se podría resolver la causa con el voto de Barroetaveña y Petrone. Esto está previsto en el artículo 30 bis del Código Procesal, que señala que en las causas “intervendrán tres (3) jueces, no obstante, lo cual podrá dictar resolución válida mediante el voto coincidente de dos (2) de ellos”.
El juez Alejandro Slokar fue sorteado para ocupar la vocalía 10, que era la de Figueroa, pero esa vocalía integra la Sala III de Casación, no la I donde está el caso Hotesur.
Los votos de los jueces son secretos y aún no hay una sentencia firmada. Todo lo que se sabe del contenido de los votos son apenas trascendidos judiciales y pueden variar, según avance la deliberación. Pero Barroetaveña y Petrone estarían de acuerdo en revocar el sobreseimiento, reabrir el caso y disponer que se realice un juicio oral y público. Si bien en un momento de este proceso de deliberación hubo disensos en torno a si incluían o no a Florencia Kirchner en el juicio, ahora habría un consenso. “Eran hipótesis, todos son borradores hasta que haya una sentencia y la deliberación es secreta”, dijo una fuente de los tribunales.
El expediente está desde el año pasado en la Sala I de Casación. A fin de año parecía inminente un fallo, pero eso no ocurrió. Este año finalmente la causa tuvo movimiento antes de las vacaciones de invierno cuando pasó de la vocalía de Figueroa, con su voto, a la de Petrone y de allí a la de Barroetaveña, el 28 de junio pasado.
Barroetaveña es el presidente del tribunal. Desde que recibió el caso en junio pasado analizó la posición de Figueroa y contestó algunos puntos, pero esa tarea ahora es inconducente. Por eso en su vocalía se trabaja sobre la redacción de un voto definitivo que deberá cotejarse con la postura de Petrone. Los jueces, de todos modos, están deliberando y conversando sobre alternativas. El fallo se conocería durante el mes en curso.
En esta causa se busca determinar si Cristina Kirchner y sus hijos recibieron dinero de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López como retorno por los negocios que ambos empresarios realizaron merced a sus buenas relaciones con el gobierno de turno. Báez ya fue condenado en la causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner, por ser favorecido con las licitaciones de obra pública con sobreprecios en Santa Cruz. López, en cambio, fue absuelto en el proceso de Oil Combustibles.
Los jueces del tribunal Oral N° 5, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, sobreseyeron sin juicio oral a Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en el caso Hotesur y Los Sauces. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia. Si se revoca la decisión del Tribunal Oral 5 y hay juicio oral, Palliotti podrá estar presente, ya que su recusación fue rechazada. Obligado sigue en el tribunal y el tercer juez es un suplente hasta fin de año, Fernando Canero.
Cómo funcionaba el lavado de dinero
El fiscal de juicio Diego Velasco recurrió esta sentencia con durísimos argumentos e incluyó un cuadro en el que se probaba que el dinero hacía una calesita entre el Estado, Báez y las cuentas de los Kirchner. Se trata de un peritaje contable ignorado por los jueces que sobreseyeron a la vicepresidenta y su familia. El estudio muestra como el mismo día, en 21 ocasiones, el dinero que recibió Lázaro Báez de la obra pública con sobreprecios, terminaba en las cuentas de los Kirchner, luego de pasar por Valle Mitre, la gerenciadora de los hoteles presidenciales.
Entre el 16 de octubre de 2012 y el 5 de junio de 2013 ingresaron a las cuentas de Hotesur y de los Kirchner $6.565.324, aunque los fiscales advirtieron que el dinero lavado es solo un mínimo porcentaje de la operación peritada. Allí se ve la calesita que hizo el dinero que recibió Lázaro Báez por las obras públicas para ingresar desde su empresa, Austral Construcciones, para ser girado luego a Valle Mitre y desde allí depositados en cuentas de Hotesur, en concepto de canon de alquiler. Un rulo que permitía el blanqueo de dinero que llegaba como una especie de retorno y era extraído en efectivo por la familia presidencial, constataron los peritos contadores.
El “reciclaje” de fondos, como lo denomina el fiscal en el auto de elevación a juicio del caso, no fue tenido en cuenta por los jueces Obligado y Grünberg a la hora de sobreseer a Cristina Kirchner.
El fiscal ante la Casación, Mario Villar, recogió esta prueba al sostener la apelación y reclamó anular el sobreseimiento de Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia. Pidió que se realice el juicio oral y público, que abarca además a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Dijo que el único norte que tenían los jueces Obligado y Grümberg al sobreseer a Cristina Kirchner era cerrar la causa.
El fiscal dijo que el sobreseimiento de Cristina Kirchner era un capricho de los jueces y que su sentencia es arbitraria. Indicó que la apelación del fallo “reviste gravedad institucional”, ya que “excede el mero interés de las partes y se proyecta sobre el interés de toda la comunidad”.
Entre los beneficiados por el sobreseimiento se encuentran Báez, sus hijos Martín Báez, Leandro Báez y Lorena Báez, además de Julio Mendoza, Alejandro Ruiz, Martín Jacobs, César Andrés, Edith Gelves y Emilio Carlos Martín, entre otros. También el fallo alcanzó a Cristóbal López y Fabián De Sousa, del Grupo Indalo. /Hernán Cappiello /LA NACION – FOTOS: Los Andes -eldiarioAR.com-
