La comisión de Poder Ejecutivo, Legislativo y nuevos Organismos Constitucionales, recibió a Javier de Bedia, titular de la Defensoría del Pueblo y al defensor adjunto Pablo Zurueta, quienes se sumaron a la discusión para aportar varios elementos que ayudarán a enriquecer la redacción del nuevo articulado constitucional y su posterior debate en el plenario.
El ombudsman les recordó a los constituyentes que “hay muchas provincias que ya tienen incorporada en sus Constituciones la Defensoría del Pueblo” y agregó que es una tendencia que ha venido multiplicándose desde la incorporación de la entidad en la Constitución Nacional.
El defensor del Pueblo y su adjunto señalaron que la mayor cantidad de consulta son referidas a las obras sociales y de entidades bancarias, por eso pidieron que en la reglamentación se le otorgue “más atribuciones, algo que vaya más allá de mediar en las relaciones entre administrador y administrado”.
“La gente no sabe lo que hace la Defensoría. Su función original es ser supervisor de las etapas formales de un acto administrativo, pero con el tiempo se fue aggiornando a competencias que estaban más allá de eso”, señaló De Bedia, quien además contó que de 20 mil casos que se reciben al año, más del 90% tienen resolución en un plazo aproximado de tres meses.
“Los defensores nos contaron que funcionan, de manera muy eficiente, como una alternativa a la resolución de conflictos. El ombudsman es una entidad reconocida a nivel internacional y está prescripto en la Constitución Nacional, por eso es necesario que podamos elevar este organismo al rango constitucional”, explicó el titular de la comisión Luciano Rivas.
