En el marco de la agenda trazada para avanzar hacia la redacción de una Constitución Provincial moderna, la Comisión de Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías recibirá el próximo lunes, a partir de horas 16, a distintos actores sociales y políticos para tratar libre, abierta y democráticamente aspectos vinculados a la propuesta del bloque del Frente Cambia Jujuy para reglamentar el derecho a la manifestación y la protesta, como así también las incorporaciones constitucionales relacionadas con la prohibición de cortes de rutas y calles.
A tal efecto, los bloques Cambia Jujuy, Frente Justicialista y Frente de Izquierda, cursarán libremente las invitaciones que consideren pertinentes, asegurando amplia participación y pluralidad de voces.
Tras recordar que “por amplia y contundente mayoría, los jujeños se pronunciaron democráticamente por la paz social y la convivencia democrática pacífica”, Gastón Morales, presidente de la citada comisión de reforma, sostuvo que “el orden reestablecido en la provincia es un triunfo histórico del pueblo de Jujuy en los últimos ocho años” y apuntó que ello se basa en una premisa fundamental: “que el ejercicio de derechos no atropelle los derechos de los demás”.
Asimismo, planteó la prioridad de “encuadrar el derecho a la protesta y la manifestación dentro de estándares internacionales de equilibrio y balance para asegurar la circulación y el tránsito de las personas”, desde el convencimiento de que “es necesario un coto constitucional que garantice el respeto, la convivencia pacífica, de manera que nunca más volvamos a los tiempos difíciles y oscuros en los que cualquiera podía imponerse por sobre los derechos y el bienestar del resto”.
A su turno, la convencional constituyente Gabriela Burgos señaló que “pusimos este tema sobre la mesa para discutirlo con pluralidad, desde la premisa de que los derechos no son absolutos, sino relativos” y amplió sus conceptos apuntando que “no hay un derecho superior a otro”, motivo por el cual hizo votos por “un pie de igualdad”.
Remarcó que “desde 2015 pusimos la paz, el orden y el derecho de todos como prioridades, sin desconocer el derecho a la protesta en la medida que no se vulnere ni violente el derecho del resto de los ciudadanos” y advirtió finalmente que “el corte de calles y rutas no es un derecho, configura en todo caso un delito”.
