Con 71 votos afirmativos, la Cámara alta aprobó la nueva Ley de Discapacidad. Se mantienen las pensiones, la actualización de prestaciones, la cobertura de salud y la posibilidad de trabajar sin perder el beneficio bajo determinados límites de ingresos.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 71 votos a favor y ninguno en contra. La norma mantiene las pensiones no contributivas, la actualización de prestaciones por inflación, el nomenclador universal y la compatibilidad con el empleo formal. Ahora resta su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
Una ley para dejar atrás la emergencia en discapacidad
El Senado de la Nación sancionó este jueves la nueva Ley de Discapacidad, que establece un sistema permanente y busca reemplazar el esquema de emergencia vigente, cuya fecha de vencimiento está prevista para el 31 de diciembre. El proyecto consiguió 71 votos afirmativos y ninguno en contra, luego de incorporar en Diputados los principales reclamos de la oposición.

Entre los puntos centrales, la norma garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, el nomenclador universal de prestaciones, un arancel unificado y mecanismos de actualización para evitar que los valores pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.
Qué cambia para las personas con discapacidad
Uno de los aspectos más relevantes es que se mantiene la compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán conservar el beneficio si tienen un empleo formal o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Además, se garantiza la cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud, con acceso a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901. El texto también establece partidas específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y prevé que el Tesoro Nacional cubra eventuales faltantes. El objetivo es que el ingreso de los beneficiarios no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
Auditorías, controles y deudas con prestadores
La nueva legislación incorpora auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y SINTyS. Ante incumplimientos objetivos, podrá disponerse la suspensión preventiva de un beneficio, aunque deberá garantizarse la notificación y el derecho de la persona a presentar su respuesta, con posibilidad de rehabilitación provisoria.
Otro punto clave es la deuda con instituciones y prestadores. Si al momento de la sanción existen pagos pendientes, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días.
Preocupación por la implementación y los fondos
Durante el debate, distintos senadores advirtieron sobre los desafíos que tendrá la aplicación de la ley. Alicia Kirchner cuestionó la capacidad operativa de las oficinas de ANSES para llevar adelante las decisiones y señaló que existen 427 centros en todo el país. Por su parte, Mariana Juri pidió que el Presupuesto 2027 contemple los recursos necesarios para sostener el sistema.
Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió el acuerdo alcanzado y sostuvo que la nueva norma busca establecer reglas permanentes, con recursos y controles. La sanción representa un paso decisivo, aunque todavía resta la reglamentación del Poder Ejecutivo, que conserva la potestad de aplicar vetos parciales o totales. /enteratenoticias.com.ar











































