El Concejal de El Carmen, Adrián Mendieta, cuestionó la iniciativa de seis Intendentes jujeños que buscan incorporar la figura del Viceintendente en las elecciones de 2027. Advirtió sobre el costo económico, la oportunidad política y las consecuencias institucionales de una propuesta que podría responder más a intereses electorales que a las verdaderas necesidades de los municipios.
“En algún momento planteé la posibilidad de incorporar la figura del Viceintendente porque entendía que podía contribuir al funcionamiento institucional de los municipios. Sin embargo, después de analizar su alcance, sus costos y, fundamentalmente, el momento en el que se pretende implementar, considero que hoy no es una prioridad y que podría generar más problemas que soluciones”, expresó Mendieta.
El edil sostuvo que resulta difícil justificar la creación de una nueva estructura política en medio de las dificultades económicas que atraviesan los municipios y las familias jujeñas.
“No estamos hablando solamente del sueldo de un Viceintendente. Estamos hablando de una posible estructura con asesores, secretarios, personal administrativo, oficinas, equipamiento y gastos de funcionamiento. ¿Cuánto les costaría realmente a los vecinos esta decisión? ¿De dónde saldrían los recursos? ¿Qué funciones concretas tendría este nuevo cargo que hoy no puedan cumplir las autoridades existentes?”, cuestionó.
En este sentido, señaló que las críticas expresadas en las redes sociales reflejan una preocupación que merece ser escuchada: la creación de nuevos cargos políticos y su financiamiento en un contexto económico tan complicado.
Mendieta también puso en duda la oportunidad política de la iniciativa, presentada a pocos meses de las elecciones provinciales y en medio de las disputas internas del oficialismo.
“Lo que más me llama la atención es la urgencia. La Constitución Provincial habilitó esta figura en junio de 2023. Pasaron más de tres años y recién ahora, cuando se acercan las elecciones de 2027, aparece un grupo de Intendentes reclamando su implementación. ¿Por qué ahora?”, planteó.
En ese sentido, advirtió sobre una posible motivación vinculada con la futura integración de los Concejos Deliberantes.
“No puedo dejar de preguntarme si detrás de esta iniciativa existe la intención de asegurarse las presidencias de los Concejos Deliberantes ante la posibilidad de perderlas en las próximas elecciones. Porque hay algo que no se está diciendo con suficiente claridad: el Viceintendente pasaría a presidir el Concejo Deliberante, modificando sustancialmente la relación política entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal.”
Para Mendieta, la gobernabilidad no puede confundirse con el control político de los órganos legislativos.
“Los Concejos Deliberantes no están para garantizarle tranquilidad política al Intendente de turno. Están para legislar, representar a los vecinos y controlar al Ejecutivo. Las diferencias políticas forman parte del sistema democrático y crear otro cargo no garantiza que desaparezcan los conflictos institucionales.”
El Concejal también hizo referencia a la situación particular de El Carmen y cuestionó las prioridades planteadas por el Ejecutivo municipal.
“Resulta llamativo que mientras se reconoce que la nueva Ley de Coparticipación Municipal no podrá aprobarse este año, aparezca tanta urgencia para avanzar con la Viceintendencia. Para discutir cómo se distribuyen los recursos que necesitan los municipios podemos esperar, pero para crear un nuevo cargo político parece que no hay tiempo que perder.”
Asimismo, recordó que el artículo 207, inciso 7, de la Constitución Provincial establece que las Cartas Orgánicas y la Ley Orgánica de Municipios podrán prever la elección del Viceintendente.
“La Constitución habilita esta figura, pero no obliga a crearla. Tampoco podemos desconocer que los municipios que cuentan con Carta Orgánica deben respetar sus propios procedimientos institucionales para incorporar una modificación de esta naturaleza.”
Finalmente, Mendieta reclamó que los Intendentes hagan público el anteproyecto y expliquen cuál sería el costo presupuestario de implementar las Viceintendencias.
“No estoy en contra de modernizar las instituciones. Pero no podemos aceptar que bajo el argumento de mejorar la gobernabilidad terminemos creando más estructuras políticas sin saber cuánto cuestan, qué funciones cumplirán y a quiénes beneficiarán realmente.”
Y concluyó:
“La política tiene que revisar sus prioridades. Si el objetivo es mejorar los municipios, empecemos por resolver sus problemas de financiamiento, garantizar los servicios y fortalecer las instituciones que ya tenemos. No convirtamos una reforma constitucional en una herramienta para acomodar dirigentes o conservar espacios de poder.”
