La Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC impulsaron los operativos en estancias, inmobiliarias, escribanías y la celda del empresario, quien quedó incomunicado tras el secuestro de droga, documentación y vehículos.
El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenó este martes 27 allanamientos en esa capital, El Calafate y Buenos Aires contra el empresario Lázaro Báez y su entorno familiar y societario. Los procedimientos responden a dos causas judiciales que investigan maniobras de lavado de dinero, narcotráfico y el manejo de bienes inmuebles.
Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad registraron propiedades del empresario, inmobiliarias, locales comerciales, escribanías y estancias en Santa Cruz. La requisa alcanzó también la celda donde permanece detenido Lázaro Báez, quien quedó incomunicado por disposición judicial mientras avanzaban las diligencias.
Los operativos contaron con la participación conjunta de efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. Al cierre de los procedimientos, los agentes secuestraron estupefacientes, documentación y diversos vehículos vinculados con los imputados.
Alcance de los allanamientos
Los 27 procedimientos en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires fueron solicitados por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La medida judicial apunta a desarticular la estructura patrimonial y operativa atribuida a Lázaro Báez en ambos expedientes.
Entre los indicios que fundamentaron las órdenes de allanamiento figura la actividad ganadera en Santa Cruz, que continuaría ligada al empresario mediante las estancias Alquinta y La Entrerriana. En paralelo, una de las causas investiga específicamente el tráfico de cocaína en una empresa de transporte vinculada a un lavadero de Río Gallegos.
Con la incomunicación de Lázaro Báez ya efectiva, las actuaciones continúan bajo análisis de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC sobre el material probatorio incautado. (Agencia OPI Santa Cruz)
