En el juicio oral de la causa Hotesur – Los Sauces se empezó a escuchar la acusación de la Unidad de Información Financiera. Qué roles le atribuyen a Cristina Fernández y a su hijo Máximo Kirchner
El juicio oral de Hotesur y Los Sauces avanzó esta semana con la lectura de los cargos contra los implicados y continuará durante las próximas audiencias con el requerimiento de elevación a juicio formulado por la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo les atribuyó roles bien definidos a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y a sus hijos Máximo y Florencia (luego sobreseída). Según la acusación de la querella, el 88% de la facturación de la inmobiliaria familiar sirvió para lavar dinero de la corrupción en la obra pública.
De acuerdo con el dictamen de la UIF, los integrantes de la familia presidencial participaron activamente en un andamiaje que permitió reciclar dinero proveniente de contratos públicos y beneficios impositivos otorgados a los grupos empresariales Báez e Indalo. Florencia Kirchner no está en el banquillo porque fue sobreseída por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y la decisión quedó firme hace tres años.
La acusación contra la exmandataria la ubicó en la cúspide de la estructura en carácter de jefa de una asociación ilícita que operó entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. Para la UIF, Cristina Kirchner planificó, coordinó y comandó, desde enero de 2009 hasta marzo de 2016, un sistema de lavado de activos por medio de la inmobiliaria Los Sauces con el propósito de darle apariencia legítima a millonarias sumas de dinero que transferían las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Valle Mitre, Álcalis de la Patagonia, Inversora M&S e Idea S.A..
El recorrido delictivo comenzó el 7 de noviembre de 2006, cuando Fernández constituyó la sociedad comercial ante el escribano Jorge Ludueña, junto con su esposo Néstor Kirchner y su hijo Máximo, estableciendo como objeto social las actividades inmobiliarias, hoteleras y turísticas. En esa oportunidad, la exjefa de Estado asumió el cargo de directora suplente.
Para dotar de bienes a la firma y comenzar la rueda de operaciones, la exmandataria realizó “aportes irrevocables” de capital. El 20 de noviembre de 2008 entregó la suma de 317.000 pesos que, adicionada a los fondos que aportó Néstor, totalizó un monto de 2.204.400 pesos. Con ese dinero, Los Sauces adquirió un departamento de 426 metros cuadrados en el edificio Dique del complejo Madero Center, ubicado en Puerto Madero, que posteriormente se alquiló a las empresas Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.
Siguiendo con la reconstrucción de la UIF, cinco días después, el 25 de noviembre de 2008, Fernández cedió a la sociedad un terreno de su propiedad situado en la calle Alvear 391, en la ciudad de Río Gallegos. Al mismo tiempo que se realizaba este traspaso, la constructora Loscalzo y Del Curto, de Lázaro Báez, edificaba allí un complejo de cuatro departamentos que luego alquiló la firma Kank y Costilla, del mismo grupo empresario.
Asimismo, la acusación sostiene que la expresidenta participó en la adquisición de otras propiedades mediante la firma familiar:
Un dúplex en el edificio Juana Manso de Madero Center, con cinco cocheras, alquilado también a Inversora M&S.
Un lote de 18.153 metros cuadrados en El Calafate, comprado a la municipalidad local por 136.149 pesos, un valor muy inferior a la tasación oficial de la época, que ascendía a 445.000 pesos.
Un terreno de 1.250 metros cuadrados contiguo al hotel Los Sauces Casa Patagónica.
El Hotel La Aldea del Chaltén, adquirido por 200.000 pesos, cuando su valor real de mercado era de 2.890.000 pesos, el cual se arrendó sucesivamente a Valle Mitre y a Idea.
Un inmueble en la calle Mascarello 441 de Río Gallegos, que Fernández utilizó como residencia personal sin abonar ningún tipo de alquiler o contraprestación a la sociedad propietaria.
Un terreno de 1.250 metros cuadrados en Río Gallegos que la firma Austral Construcciones transfirió de manera gratuita a Los Sauces bajo la “simulación” de una compraventa por 97.000 dólares.
A lo largo del período investigado, la inmobiliaria Los Sauces recibió 6.851.650 pesos de las empresas de Báez, 18.554.725 pesos del grupo Indalo y 561.665 pesos de la gerenciadora Idea. Estas transacciones representaron el 88% de la facturación total de Los Sauces. La expresidenta aprobó los balances anuales de la firma, convalidó las compras de inmuebles, designó a las autoridades del directorio y retiró fondos de la empresa para su beneficio personal, según el organismo.
El rol de Máximo
Al diputado nacional Máximo Kirchner se le atribuyó el carácter de organizador de la asociación ilícita. Según la acusación, el hijo mayor del matrimonio presidencial “diseñó, ejecutó y dirigió” el esquema de reciclaje de fondos de la corrupción, actuando como el principal operador de los negocios privados de la familia.
Desde la fundación de Los Sauces en 2006, Máximo asumió la presidencia del directorio y la representación legal de la firma. El 31 de octubre de 2008, aceptó en nombre de la sociedad los terrenos de las calles Alvear y Moreno en Río Gallegos que aportaron sus padres. En esa transacción, el acusado representó simultáneamente a las tres partes involucradas: a la empresa compradora y a sus progenitores, mediante un poder general amplio de administración.
En su rol de administrador, Máximo intervino directamente en las operaciones inmobiliarias de Madero Center. Firmó un cheque de la cuenta personal de su padre por 899.940 pesos para reservar el departamento del edificio Dique y otro cartular por 1.341.960 pesos para la adquisición del dúplex en el edificio Juana Manso. Posteriormente, aprobó estas compras en las reuniones de directorio y suscribió las escrituras traslativas de dominio ante escribano público.
De igual manera, el legislador gestionó la compra del terreno de El Calafate lindero al hotel familiar, cancelando el precio de 100.000 pesos con un cheque de la cuenta de Néstor Kirchner. También aprobó la adquisición del Hotel La Aldea del Chaltén por 200.000 pesos, firmó el cheque de pago de la cuenta de Los Sauces y formalizó la escritura ante el notario Ricardo Albornoz.
Respecto del terreno de 1.250 metros cuadrados en Río Gallegos, Máximo compareció ante la escribanía junto a Martín Báez, hijo de Lázaro, para “simular” la compraventa por 97.000 dólares, siempre según lo expuesto por la UIF. Quince días después, envió una nota a Austral Construcciones para dejar sin efecto la operación en los papeles de la sociedad, aunque el inmueble continuó registrado a nombre de Los Sauces S.A. en el catastro oficial.
Máximo Kirchner suscribió los contratos de locación simulados con las empresas contratistas y depositó en las cuentas bancarias de la firma los cheques que emitían los grupos Báez e Indalo. Como accionista y presidente, aprobó de forma unánime las decisiones de las asambleas, convalidó las construcciones realizadas por Báez en los terrenos sociales y se benefició con el retiro constante de dinero en efectivo bajo los conceptos de devolución de créditos y honorarios de dirección.
A diferencia de su madre y su hermano, Florencia Kirchner no participó en la constitución original de Los Sauces S.A. en 2006. Era menor de edad en ese momento. Su intervención comenzó tras el fallecimiento de su padre, Néstor Kirchner, en octubre de 2010, momento en el que heredó una porción de las acciones de la compañía.
“De esta forma, cada una de las personas cuya participación ha podido acreditarse en la organización criminal, cumplió un rol trascendental en el desarrollo de los planes criminales a los que aquella se avocó, el que ha podido demostrarse a partir de las pruebas recolectadas en los distintos sumarios de los que se desprende no solo el acuerdo de voluntades de los nombrados, sino también la actuación coordinada de aquellos, que ensamblándose como piezas de un rompecabezas, permitieron diseñar, establecer y mantener durante más de 12 años un esquema de corrupción sin precedentes”, sostuvo la UIF.
Una vez que concluya la lectura de la acusación por el caso Los Sauces, el Tribunal Oral Federal N° 5 dará lugar a que comience la presentación de los cargos por Hotesur. Los acusados recién serán citados presencialmente en Comodoro Py para las declaraciones indagatorias. /Iago Vieyra/infobae.com
