El gobernador Carlos Sadir se reunió con el intendente de La Quiaca y representantes de la Cámara de Comercio para coordinar acciones frente a las restricciones de ARCA y gestionar una solución que resguarde las fuentes laborales.
El gobernador Carlos Sadir se reunió con el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, y representantes de la Cámara de Comercio local, encabezados por su presidente, Walter Cadena, para coordinar acciones frente al impacto de la Resolución General 5910/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que establece restricciones al comercio fronterizo.
Durante el encuentro, las autoridades acordaron avanzar en la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para analizar la situación y gestionar ante el Gobierno nacional una solución definitiva. La preocupación se centra en las consecuencias económicas y laborales que las medidas podrían generar en la ciudad fronteriza y en toda la provincia.
Sadir manifestó su preocupación por los alcances de la normativa y destacó que, a partir de las gestiones realizadas por el municipio, se logró una postergación de 120 días para la aplicación de algunas de las restricciones cuestionadas.
“Lo que buscamos en ese tiempo es conformar una mesa de trabajo con organismos del Gobierno provincial, la Municipalidad y la Cámara de Comercio, para abordar esta situación y lograr que nos escuche el Gobierno nacional”, expresó.
Asimismo, señaló que se realizarán gestiones para mantener reuniones con organismos nacionales en busca de una respuesta definitiva. “Es una situación muy compleja y crítica, porque puede significar la pérdida de muchos puestos de trabajo. Es un tema muy grave, no solamente para La Quiaca, sino para toda la provincia de Jujuy”, sostuvo.
Por su parte, el intendente Dante Velázquez advirtió sobre las consecuencias que las disposiciones podrían tener en el comercio minorista y mayorista, así como en las actividades informales vinculadas al intercambio fronterizo. Consideró que las medidas generan malestar y ponen en riesgo un proceso de crecimiento comercial sostenido durante décadas en la ciudad.
En ese sentido, anunció que se avanzará en la conformación de una mesa interinstitucional en La Quiaca, junto con el Gobierno provincial y los representantes del sector, para delinear estrategias y presentar ante las autoridades nacionales los argumentos sobre los efectos económicos y sociales que atribuyen a las resoluciones.
Cuidar el trabajo
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de La Quiaca, Walter Cadena, calificó como severo el impacto inicial de la medida y señaló que su implementación tomó por sorpresa al sector.
Según explicó, la disposición comenzó a ejecutarse de manera inmediata el viernes 8 de octubre, sin que los comerciantes tuvieran conocimiento previo de sus alcances. Además, estimó que unas 3.500 familias dependen directa o indirectamente de la actividad comercial en la ciudad.
Cadena agradeció la recepción del gobernador y su compromiso para impulsar una mesa urgente de trabajo. El objetivo, indicó, es elaborar una presentación ante las autoridades nacionales para solicitar la revisión y dejar sin efecto las restricciones cuestionadas.
Alcances de la postergación
En este contexto, ARCA dispuso postergar por 120 días la aplicación de dos de las restricciones cuestionadas, relacionadas con el traslado de determinados granos y de mercaderías acondicionadas en envases de diez kilogramos o más.
Sin embargo, continúa vigente el límite de 150 dólares diarios por persona establecido para el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo, una de las disposiciones que genera preocupación entre los sectores vinculados al intercambio comercial.
La situación alcanza no solo a comerciantes, sino también a paseros, trabajadores de carga y descarga, transportistas, vendedores ambulantes y otras personas que dependen de manera directa o indirecta de la actividad económica entre La Quiaca y la localidad boliviana de Villazón.
Con la conformación de la mesa de trabajo, las autoridades provinciales, municipales y los representantes comerciales buscarán coordinar gestiones ante la Nación para evaluar alternativas que permitan sostener la actividad económica y preservar las fuentes laborales de la región fronteriza.
