De acuerdo con la acusación, los imputados habrían conformado una organización que operó entre 2003 y 2015 dentro del Poder Ejecutivo.
El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este jueves el juicio por la causa Cuadernos y avanzó con la lectura de la acusación vinculada a la presunta cartelización de contratos de obra pública, un tramo que involucra a la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Durante la audiencia, la secretaría dio lectura a la elevación a juicio presentada por la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), en la que se sostiene: «La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, quienes ocuparon el cargo de Presidente de la República Argentina desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2007, y desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente».
Además de la descripción de los delitos atribuidos a los imputados, también se expusieron los concursos entre la figura de asociación ilícita y los distintos planes delictivos. Desde la fiscalía se afirmó que existen elementos suficientes para considerar que los delitos deben ser concursados, es decir, sumados entre sí.
El martes se había completado la exposición de los testimonios de los últimos empresarios imputados que se acogieron al régimen de colaboración y se profundizó el análisis de las pruebas reunidas durante la investigación.
Para esta jornada, el tribunal prevé cerrar el tramo referido a la autoría y participación de los acusados, además de revisar el planteo de la UIF, representada por Mariano Galpern. También se concluirá con la valoración de las pruebas y las calificaciones legales, mientras que el 23 de este mes se abordarán las causas vinculadas a trenes y corredores viales.
En la audiencia anterior se finalizó la lectura de las declaraciones de seis colaboradores considerados clave: Patricio Gerbi, el fallecido Juan Chediack, Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio, Ángelo Antonio Calcaterra y Marcela Edith Sztenberg.
Posteriormente, el tribunal avanzó con el análisis de las evidencias reunidas por el fiscal Carlos Stornelli en su pedido de elevación a juicio presentado en noviembre de 2019 ante el entonces juez Claudio Bonadío.
La revisión de las pruebas se concentró en las imputaciones contra Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el financista Ernesto Clarens, acusados de cohecho pasivo reiterado.
También fueron examinadas las conductas atribuidas a exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, entre ellos Sergio Hernán Passacantando, Nelson Guillermo Periotti y Sandro Férgola, señalados como integrantes de la asociación ilícita.
De acuerdo con la acusación, los imputados habrían conformado una organización que operó entre 2003 y 2015 dentro del Poder Ejecutivo, dedicada a recaudar fondos ilícitos de empresarios de los sectores de la construcción, la energía y el transporte a cambio de beneficios en la adjudicación de contratos públicos.
Stornelli remarcó el papel de Wagner en la coordinación del esquema desde la Cámara Argentina de Empresas Viales, donde, según la acusación, se definían adjudicaciones sin cumplir con los requisitos legales, y el rol de Clarens como receptor y administrador de los pagos.
Entre los empresarios acusados de cohecho activo se mencionan a Miguel Marcelino Aznar, Hugo Alberto Dragonetti, Gabriel Pedro Losi, Héctor Javier Sánchez Caballero y Gerardo Luis Ferreyra, entre otros, quienes habrían efectuado aportes para influir en decisiones oficiales.
Este tramo del proceso, desprendido del expediente principal de la causa Cuadernos, se centra en cuatro ejes: los registros de cobros asentados por el chofer Oscar Centeno, las irregularidades detectadas en contratos ferroviarios y viales y la presunta cartelización de obras civiles.
El juicio comenzó el 6 de noviembre con la lectura de los requerimientos fiscales correspondientes a los distintos tramos de la causa. /Fuente: El Liberal
