Es verdad que visitar esta ciudad es llenarse de colores vivos, de cuentos de contrabando y de historias de bagayeros. La ropa imitación, las zapatillas y las ofertas en la ciudad boliviana de Bermejo ofrecen una primera foto. Pero a poco de andar, luego de varios cafés y de charlas con acento norteño, se descubre que detrás de la postal de Aguas Blancas se esconde también oscuridad. Una sórdida trama de ejecuciones, muertes, dinero y, por supuesto, droga y armas es el telón de fondo de una de las fronteras más difíciles del norte argentino.
La historia subterránea emerge a la superficie con muertes que aparecen cada tanto en la zona comprendida por Aguas Blanca, Orán, Pichanal y, en menor medida, Salvador Mazza, todas a pocos kilómetros de la ruta 34, una de las arterias vitales por donde se mueve la droga.
El narcotráfico intentó cooptar el poder político del lugar. Para ser concreto, manejar las intendencias y, de esa manera, despejar la cuestión territorial. Ese fue el inicio. De paso, se intentó eliminar todo obstáculo que pudiera ir contra el plan. Un dato lo corrobora con pavor. El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, jefe de los fiscales, denunció en septiembre pasado que hay pruebas de un plan conspirativo desde las cárceles para asesinarlo. Al fiscal lo resguarda la Gendarmería.
“El Plan Güemes, que se inició en diciembre pasado, es una respuesta a esto que investigamos y descubrimos: un sistema para manejar todo el poder de la zona”, dijo.
La historia debe contarse por etapas. El corazón de este esquema que se desarticuló es el poder del dinero narco. Y un nombre es en Salta el eje de decenas de referencias sobre la influencia del narcotráfico: Cristian “El Gringo” Palavecino, un personaje central de Orán que ahora está detenido.
Hubo un intento de asalto al poder político. Hace poco más de un año, en 2.023, y después de una campaña electoral donde hubo un feroz reparto de dinero, surgió ganador de las elecciones a intendente de Aguas Blancas Carlos Alfredo “Conejo” Martínez.
Aquella asunción no fue nada convencional. Un par de días antes de hacerse cargo del poder, dos personas en moto acribillaron al hermano del intendente electo, César “Oreja” Martínez. Fueron alrededor de 16 tiros de pistolas 9 milímetros, 7 impactaron contra el hombre que tenía prisión domiciliaria. Con ese marco de fondo, Aguas Blancas consagró intendente al hermano del asesinado. Un nuevo esquema, con fuertes vínculos con el delito, había llegado al poder.
En septiembre del año pasado, el fiscal García Castiella presentó documentos que daban cuenta de algunas investigaciones previas que afectaban al jefe comunal, además de informar que el propio Martínez interfería en la investigación de la muerte de su hermano. En Salta, la constitución local permite que, con una mayoría especial del Senado, se puede intervenir un municipio. Así fue que el gobierno de Aguas Blancas tuvo ese camino legislativo, por unanimidad.
El cargo recayó entonces en un especialista en intervenciones salteñas: Adrián Zigarán, hoy conocido por la iniciativa de instalar un alambre de 200 metros para poder ordenar la zona de paso ilegal en Aguas Blancas. Poco tiempo después de la intervención, el “Conejo” Martínez era detenido con prisión domiciliaria. Un dato: denunció un domicilio para residir frente a la municipalidad. Calle de por medio, Zigarán de un lado, el detenido del otro.
Pasaron unos días y la situación se tensó. Muchos empleados de la municipalidad, o personas que iban a mantener reuniones, después cruzaban la calle en busca de la palabra del destituido. “Me cansé y entonces pedí que lo cambien de lugar y eso hicieron; ya no está más frente la municipalidad”, dijo Zigarán.
En aquellas elecciones de 2.023, a pocos kilómetros de Aguas Blancas, en Orán, hacía campaña un político llamado José Dimas Ruiz, un hombre también relacionado al delito y a Palavecino. Desde el Ministerio Público se lo empezó investigar por un hecho de 2.022. Entonces, un grupo de al menos ocho personas ingresó a la empresa Abra de Sol, una compañía productora, empacadora y comercializadora de productos frutihortícolas y que es una de las principales comercializadora de tomate. Todos tenían los rostros cubiertos con pasamontañas y llevaban armas largas y cortas. “Maniataron a las víctimas utilizando precintos de plástico, impidiéndoles salir del lugar, les quitaron sus teléfonos celulares y sustrajeron la suma de $13.000.000 y US$160.000”, describió la Unidad Fiscal.
Un escrito presentado por la fiscalía hace una semana, que pidió su elevación a juicio, dio cuenta de lo que sucedió: “La investigación enfrentó diversas dificultades, no solo por la gravedad del hecho, sino también porque uno de los imputados, quien ocupaba el cargo de gerente comercial de la empresa, el contador José Dimas Ruiz, simuló ser una víctima mientras mantenía contacto con los investigadores para colaborar. Sin embargo, posteriormente proporcionaba información a los autores del hecho para que pudieran eludir la pesquisa.”
“A pesar del evidente entorpecimiento de la investigación —agrega el escrito—, Dimas Ruiz fue beneficiado con arresto domiciliario por el exjuez Claudio Parisi, presuntamente a cambio de una suma de dinero. Este hecho derivó en la imputación del exmagistrado por el delito de cohecho pasivo agravado y fue uno de los motivos que llevaron a su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento.”
Por ese hecho están acusados “el sindicado jefe de sicarios “Gringo” Palavecino, y su joven hijo, Brian Gabriel Palavecino. Además, el exfuncionario municipal y excandidato a intendente José Dimas “Oso” Ruiz”, dice el comunicado del Ministerio Público Fiscal de Salta.
Finalmente, en Orán, Dimas Ruiz no ganó las elecciones. Se impuso Baltasar Lara Gros.
El excandidato irá a juicio y el juez Parisi fue destituido, mientras que otro, Francisco Oyarzú, espera el jury que lo juzgue. A 50 kilómetros, en Aguas Blancas, el “Conejo” Martínez sigue con prisión domiciliaria. Resuenan, entonces, las palabras del Procurador General: “Yo asumí para combatir el crimen organizado; el Plan Güemes fue la respuesta a esto”.
Algunos párrafos arriba, este cronista mencionó a una persona central en toda esta trama: “El Gringo” Palavecino, detenido en Ezeiza desde octubre de 2.023, después de haber estado prófugo desde 2.017. Su hijo, Cristian, está en la cárcel de Orán y su mujer, con prisión domiciliaria.
Palavecino operaba en la zona norte de la frontera y tenía fuertes lazos con el capo narco, Ricardo “Coya” Rojas condenado en 2.020 a la pena de prisión perpetua como coautores del delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego.
“El Gringo” se convirtió en uno de los narcos más temidos de la zona. Operaba desde Orán y, según cuentan quienes lo conocieron en apogeo de su poder, se había mimetizado con el personaje de la serie El Patrón del Mal, que relata la vida del narco colombiano Pablo Escobar. Vestía sombrero de ala ancha, botas texanas y también se hacía llamar “patrón”.
Se movía siempre rodeado de armas y tecnología, como inhibidores de señales de celular, cámaras y una fuerte custodia. De hecho, en el lugar donde solía atender sus “negocios”, estaba rodeado de un anillo de 7 personas (soldaditos, en el diccionario narco), con pasamontañas y armas largas.
En uno de los procedimientos se le secuestró un teléfono. Allí se encontraron videos, que utilizó la fiscalía para acusarlo, con interrogatorios y sesiones de extorsión y hasta tortura.
Fue detenido y alojado en Orán. Desde ese penal contactó a sicarios de otras provincias para matar al procurador García Castiella. El plan fue desbaratado y el Ministerio Público de Salta pidió el traslado a una cárcel de mayor seguridad. Lo alojaron en Ezeiza.
El valor documental de las imágenes se convirtió en comidilla de todas las mesas en Salta. En una de ellas, se puede ver en una sala de interrogatorio a Emanuel Torres Ibba, hijo de un ex gendarme, Miguel Ángel Torres. Padre e hijo fueron noticia esta semana, cuando la justicia de Salta dictó la prisión preventiva para ambos. Se los detuvo por en los primeros días de enero con más de 34 kilos de cocaína y casi uno de éxtasis, acusados de conformar una organización narcocriminal que traficaba drogas desde la ciudad de Orán hacia la provincia de Mendoza.
Palavecino manejaba dos rutas: una de Aguas Blancas a Rosario y, la otra, desde el mismo origen a Mendoza. Esta última, la coordinaba con Torres Ibba.
Años después del secuestro, aquel teléfono iba a deparar una sorpresa. Sentado, en una silla, intimado con armas y con evidente temor, Torres Ibba se comprometía a entregar una casa para pagar una deuda. Del otro lado estaba Palavecino. Las armas y la sangre están presente en el video que tiene la fiscalía y publicó oportunamente NORTE YA.
Así las cosas, en Aguas Blancas se decidió hacer un alambre de 200 metros, de la Estación Terminal al puesto fronterizo. Allí todo es colorido y a tracción humana. Paquetes, gritos, plata y política trimonetaria: pesos, dólares y dinero boliviano. Debajo, todo es negro y cruel, y las aguas no son tan blancas.
Informe: Diego Cabot (La Nación)- Norte Ya
