Con una Comisión, Jujuy revisa la normativa de 77 años hacia reformas que se adecuen a las nuevas exigencias y desafíos en la gestión de obras públicas.
El Gobierno de Jujuy, mediante decreto provincial, creó la Comisión de Revisión y Reforma de la Ley de Obras Públicas N°1864, que tiene el objetivo de actualizar y adecuar la normativa vigente a las necesidades actuales de gestión y desarrollo territorial, y que ya avanza en su objetivo.
Una ley renovada, por más modernización del Estado
La medida se enmarca en un proceso de modernización del Estado, e indica que la nueva comisión – de carácter ad hoc – funcione bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), organismo responsable de organizar, supervisar y garantizar su funcionamiento.
La comisión trabaja ad honorem y su función principal es elaborar un anteproyecto de reforma de la Ley N°1864 y proponer un Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, que será de uso obligatorio en todas las licitaciones públicas, privadas y concursos de precios. En este sentido tendrá la facultad para convocar a colegios profesionales, académicos, especialistas, juristas, intendentes, jefes de despacho y representantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de garantizar un proceso participativo y técnico.
La actual Ley N°1864/48 regula el régimen de obra pública en la provincia y fue sancionada hace 77 años, por lo que la actualización busca optimizar los procedimientos de contratación y responder a los desafíos que enfrenta Jujuy.
Primer encuentro de la Comisión de Revisión y Reforma de la Ley de Obras Públicas
El primer encuentro se dio en el MISPTyV, con distintas autoridades y funcionarios de áreas de su órbita: el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA), entre otras; como también con autoridades de Auditoría General de la Provincia y de Cámaras empresariales del sector de la construcción.
Durante la reunión, se intercambiaron perspectivas sobre los cambios necesarios y los pasos iniciales para avanzar. Según lo establece el decreto, la comisión dispondrá de un plazo máximo de ocho meses desde su conformación para elevar el anteproyecto de reforma y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
